El país sudamericano vive el mayor déficit de vivienda desde el retorno de la democracia, con más de 641.000 familias sin hogar. Mientras el Ejecutivo lanzó su Plan de Emergencia Habitacional, movimientos de pobladores señalan que es insuficiente para contener la crisis que golpea con fuerza a los sectores más vulnerables de la población.
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Por Alexis Polo Gonzáles
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«Eran dos piezas de tres por tres metros cuadrados. Ahí vivíamos mi mamá, su pareja, mi hermano, mi hermana pequeña y yo. Eso también va condicionando tu vida. Ahí viví dramas terribles, enfermedades mentales, un montón de cosas que produce el hacinamiento», contó Lisette Zuñiga, quien vivió en esa condición hasta que cumplió 18 años.
Zuñiga es dirigenta del Movimiento de Pobladores en Lucha, organización que nació hace más de 20 años y que reivindica el derecho a la vivienda digna y el buen vivir. Abandonó la casa donde vivía con su madre para partir a estudiar al extranjero. Hoy arrienda una casa en la comuna de Peñalolén, al suroriente de la capital, en donde vive con su esposo y su hija.
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«Cuando llegamos a Chile vivíamos en una pieza también muy pequeña, sin condiciones dignas. Luego conseguimos este arriendo por el cual se paga más de un sueldo mínimo, que es lo que yo gano, un sueldo mínimo [450 dólares, aproximadamente]. Entonces toca hacer un esfuerzo gigante para poder costear el arriendo. Es trabajar para pagar arriendo, el sueldo completo se va en eso», agregó.
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© Sputnik / Alexis Polo González
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Hoy Chile enfrenta el mayor déficit de vivienda de los últimos 30 años. Las cifras conocidas indican que hay más de 641.000 familias sin casa en el país. Además, existen 1.091 campamentos —conjunto de hogares que habitan en posesión irregular de un terreno—, lo que se traduce en 71.961 hogares.
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Para abordar este déficit, el Ejecutivo de Gabriel Boric lanzó el pasado 25 de julio su campaña Plan de Emergencia Habitacional (PEH) 2022-2025. La meta es entregar 260.000 viviendas durante el periodo de Gobierno.
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La estrategia del Ejecutivo consta de un trabajo coordinado entre el Estado y los privados. «Hacemos frente a la crisis habitacional de nuestro país con trabajo y colaboración», señaló Boric.
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¿Por qué se produce esta crisis?
La trabajadora social Victoria Salazar, integrante de la Fundación Rukawe, institución sin fines de lucro orientada hacia el fortalecimiento del desarrollo del buen vivir y buena habitar comunitario, explicó que son múltiples los factores que han llevado a esta crisis habitacional.
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«El aumento de la migración» es uno de ellos, señaló Salazar, «pero no es lo central. Hay otros factores más que influyen, como los bajos ingresos, el alto costo de los arriendos, el alto costo de la compra de una vivienda, el alto costo de los créditos hipotecarios».
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La trabajadora social explicó que la especulación inmobiliaria es uno de los factores claves en la crisis habitacional por su incidencia en los costos. En los últimos 20 años el precio de la vivienda en la Región Metropolitana ha subido en un 157%, aproximadamente.
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El 44% del déficit habitacional se registra en la Región Metropolitana, la más poblada del país. Por ello, desde el Ejecutivo buscan la construcción de 81.155 viviendas para paliar la crisis.
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Vivir de allegados: una realidad cada vez más cotidiana
En Chile hay 198.000 familias que viven allegadas. Es decir, conviven en un mismo domicilio con otro núcleo familiar, con relación de parentesco o sin ella. De ese número, la mayoría vive en Santiago, que concentra cerca de un tercio de la población del país.
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Salazar explicó que el número de allegados creció producto de la pandemia y la crisis económica. Asimismo, contó que los comités de vivienda pasan varios años en la búsqueda de una solución.
«Durante muchos años el Estado ha señalado que no puede construir viviendas porque no hay terreno. Y en el imaginario social existe eso de que no hay terrenos para construir. Las Fuerzas Armadas tienen más de 1,6 millones de hectáreas de terrenos que podrían servir para viviendas. Esas hectáreas se las venden a los bancos, inmobiliarias, para hacer centros comerciales», agregó.
Zuñiga contó que dentro de los comités de vivienda donde tienen participación, hay personas que viven un hacinamiento inhumano. «En un departamento muy pequeño viven tres o cuatro familias. Para nosotros es una situación terrible».
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La dirigente contó que la lucha por una vivienda digna tarda tanto tiempo, que cuando una madre lucha por su casa junto a sus pequeños hijos, al momento de obtenerla, estos ya crecieron tanto que llegan a ese nuevo hogar como allegados.
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Zuñiga cuestionó el rol de las inmobiliarias en la construcción de viviendas sociales. «Ahora se está construyendo un proyecto, Viña Cousiño (Peñalolén), que supuestamente se aprobaron 1.000 viviendas. Es un proyecto de integración. De ese total 30% son viviendas sociales y nosotros tenemos compañeros que ganaron el subsidio, que van a vivir ahí y que con mucha emoción nosotras estábamos contentas porque por lo menos algunas compañeras se van a quedar ahí».
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«La semana pasada tuvieron una reunión donde les dijeron que los estacionamientos cuestan ocho millones de pesos [9.000 dólares]. Entonces uno dice que son cosas inmorales, o sea, es como una humillación permanente a la gente», agregó.
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La normativa chilena señala que por cada dos viviendas sociales, tiene que haber un estacionamiento.
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El plan del Gobierno no es suficiente
Zúñiga participa en un consejo de vivienda en el cual hay más de 4.000 familias y ninguna de ellas tendrá solución habitacional con el plan del Gobierno. La dirigente criticó el actuar del Ejecutivo, que según su opinión ha intentado desarmar las organizaciones de vivienda al pasarlos por alto y trabajar directamente con el municipio.
«¿Dónde queda nuestra participación, nuestra experiencia? Nosotros también tenemos algo que aportar, venimos de la lucha, conocemos el territorio, conocemos los terrenos. Nos parece que la política del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es muy errónea. Estamos absolutamente decepcionados», finalizó la líder.
Para la trabajadora social y parte de la Fundación Rukawe, Victoria Salazar, la política habitacional desplegada por el Ejecutivo «no es suficiente. El problema está en la estructura, le entregan a las personas el deber y la responsabilidad de lograr su vivienda y donde el Estado realmente no está haciendo bien el trabajo».
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