Con una extensa y estremecedora sesión culminó la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, para indagar abusos y negligencias al interior de la Policía de Investigaciones de Chile.
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Por Cristina Mistretta Littin
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Ante la reiterada negativa de la institución policial a responder los oficios y entregar la información requerida. Se acordó solicitar una audiencia con el Presidente Gabriel Boric, para conseguir el compromiso del Estado de responder a los cientos de denuncias de acoso laboral, abusos sexuales, suicidios, homicidios, narcotráfico y negligencias, que han salido a la luz.
La comisión citará a declarar este miércoles 21 a la ministra de Interior, Carolina Tohá; al director del Alto Mando de la PDI, Sergio Muñoz; al director del Servicio Médico Legal, al Jefe de Sanidad de la PDI, al Director Ejecutivo de Amnistía Internacional, al Jefe Regional de la Policía de Ñuble, al Jefe Regional de Delitos Contra las Personas, al Jefe Regional de la Policía Metropolitana, peritos forenses y otros expertos.
Víctimas de abusos y familiares de oficiales fallecidos, expusieron sus casos uno tras otro, a partir de las 8.30 de la mañana, en lo que resultó ser una emotiva jornada. Exigen verdad, justicia y reparación; solicitan la remoción del Alto Mando de la Institución, la actualización de protocolos, mayor formación ética, reabrir casos, condenar a los culpables, entre otros aspectos.
La Comisión manifestó su molestia al representante de la PDI, a quien emplazó a dar respuesta a los 23 oficios enviados sin respuesta y presionó para entregar la hoja de vida y los antecedentes requeridos a las víctimas o en defecto a sus familiares. «Es una falta de respeto que sólo hayan contestado un oficio de los 23 enviados por esta Comisión. No queremos que todo este trabajo quede en nada. Tenemos serias aprehensiones de las consecuencias que puedan tener las víctimas que se han atrevido a denunciar. La desvinculación de la comisaria Tania Jara es una pésima señal. Queremos tener el compromiso de la Institución de que estas personas no sufrirán represalias por decir una verdad, que ya no pueden ocultar», expresó la diputada Claudia Mix. A lo que la diputada Marisela Santibañez agregó «Si esto termina y no pasa nada, significa que la Policía tiene más poder que el presidente», criticó.
Hoy expusieron Ricardo Boop, caso de tortura; Catalina Navarro, por violencia de género; Cristian Canales (activo) por amenazas y amedrentamiento; Ariel Albornoz, tortura y apremios ilegítimos; Fernando Ulloa, denuncia de tráfico de influencias de autoridades y encubrimiento de narcotráfico durante el gobierno de Sebastián Piñera. Además, declararon los familiares y representantes de funcionarios fallecidos; el abogado Juan Carlos Clatet a nombre de dos casos de suicidio con reserva de identidad; la madre de Francisco Gutiérrez acusó ocultamiento de antecedentes y pruebas falsas en el supuesto suicidio de su hijo «le entregué a mi hijo a la Institución y me lo devolvieron muerto y su caso tapado de puras mentiras», dijo. Así mismo, también declaró la madre de Sebastián Ley, cuya caso se intentó tapar cambiando el sitio y circunstancias del deceso; acusa que su hijo fue inducido al suicidio por sus compañeros de lsbores.
El padre de Agustín Plaza señaló que nunca apareció la bala que mató a su hijo y señaló como cómplice al Servicio Médico Legal «La PDI se manda sola», reclamó. El hermano de Luis Morales, fallecido en extrañas circunstancias en Temucuicui solicitó un nuevo Código de Ética para la Institución, que a su juicio «se persive con un alto grado de degradación».
Finalmente testificaron el representante de Claudio Orellana, muerto por el disparo de un compañero, cuyo caso también presentó un falso peritaje que hablaba de apuñalamiento y el hermano de Valeria Vivanco. Las pruebas falsas presentadas por su muerte encarcelaron a inocentes y aún se desconoce a los verdaderos culpables «Nos entregaron a mi hermana envuelta como un paquete de regalo, con cinta ahesiva en los pies, ni siquiera nos permitieron abrazarla», relató.
La diputada Mix solicitó a los medios y las autoridades no utilizar políticamente el sufrimiento de los afectados. «Muchos de estos casos son muy mediáticos, pero el objetivo debe ser hacernos cargo de la verdad, evitar que esto siga ocurriendo y hacer los cambios que se requieren en las policías».
