Fue el 7 de diciembre de 2022 cuando, a unas horas de tratar de disolverlo, el entonces presidente Pedro Castillo fue depuesto por el Congreso del Perú, lo que desató una crisis política que un mes después mantiene a los ciudadanos en las calles.
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¿En qué va el proceso de las protestas contra la sucesora de Castillo en el ejecutivo, Dina Boluarte?
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Luego de una especie de tregua por el fin de año, el miércoles 4 de enero los peruanos iniciaron una protesta general con los objetivos centrales de que Boluarte renuncie al cargo y se responsabilice de las personas asesinadas en actos represivos durante las movilizaciones de las últimas semanas, además de disolver el actual congreso y convocar a una asamblea constituyente.
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El problema de la Constitución
La actual carta magna que rige al país latinoamericano fue emitida en 1993 durante el Gobierno del neoliberal de Alberto Fujimori, quien generó distintas crisis políticas a lo largo de su mandato y terminó refugiado en Japón, país del que también tiene nacionalidad además de la peruana.
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En paralelo al estallido social de 2019 en Chile, que también demandó la elaboración de una nueva Constitución para echar abajo la instaurada por el dictador Augusto Pinochet, los peruanos han convertido el llamado a un proceso constituyente en uno de los principales móviles de las protestas contra Boluarte y la actual situación política.
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«La crisis en Perú no está cerrada (…), abrió una caja de Pandora», estimó el periodista Marco Teruggi en su análisis de la situación.
Ayacucho vuelve a movilizarse. Acá ocurrió la masacre en diciembre dónde 10 personas fueron asesinadas por fuerzas militares y policiales. Piden cierre del Congreso, renuncia de Boluarte, Constituyente. Varios estados se movilizaron hoy. La crisis en Perú no está cerrada. pic.twitter.com/bQaOOieXo4
— Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) January 4, 2023
Las protestas masivas de 2023
Tras semanas de enfrentamientos entre la ciudadanía y cuerpos de seguridad como la Policía Nacional y las fuerzas armadas, el 2023 inició con una oleada de nuevas protestas con las que los peruanos buscan poner fin a una crisis prolongada en el poder ejecutivo del país suramericano.
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Esto porque la destitución de Castillo es apenas una de varias presidencias accidentadas en el Perú, donde los mandatarios han sido acusados de actos de corrupción, ligaduras con el caso Odebrecht, o han tenido que concurrir al puesto de manera interina, como en el caso de Martín Vizcarra.
#ReporteCrisisPolítica y protesta social de @Defensoria_Peru. A las 5:00 p. m. del 6/1/2023 registramos 14 personas heridas en #Puno (10 civiles y 4 policías). Se reportan 56 puntos de bloqueos en vías nacionales. Conoce más.👉🏾 https://t.co/NrgqkbjBM2 pic.twitter.com/PigQkvCxST
— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) January 7, 2023
Los primeros saldos del año
La Defensoría del Pueblo de Perú, en su reporte diario de la situación, informó el 6 de enero el registro de 10 civiles heridos y cuatro policías lesionados en la ciudad de Puno. Además, identificó 56 bloqueos de manifestantes en distintas vías nacionales de todo el territorio peruano.
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A nivel provincial, también describió bloqueos en 29 provincias, es decir, afectaciones en el 14,8% de las vías en provincia.
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Total de víctimas mortales
Hasta el momento y desde el inicio de la crisis política, 22 personas han perdido la vida en enfrentamientos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, además de que otras seis han fallecido por accidentes de tránsito o hechos ligados a los bloqueos.
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El organismo también describió 394 personas civiles lesionadas, de las cuales 374 ya han sido dadas de alta y 20 se mantienen en hospitalización, mientras que se enumeran 290 uniformados heridos, según cifras de la Policía Nacional del Perú (PNP).
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Detenciones y acoso a la prensa
Durante las jornadas de protesta de 2023, concretamente el 6 de enero generó un saldo de 224 personas intervenidas por control de identidad, que fueron conducidas al Escuadrón Verde de la PNP, informó la Defensoría.
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«Tras algunas horas, las personas retenidas pudieron retirarse de la dependencia policial. Otras tres personas fueron detenidas y trasladadas a la Comisaría de Cotabambas porque personal policial las identificó como quienes tiraron piedras», describió el organismo.
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Además, la Defensoría también reportó que el mismo 6 de enero en la provincia de Bellavista, departamento de San Martín, al menos dos periodistas sufrieron un atentado, aparentemente en represalia por su labor informativa.
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Las consecuencias para Boluarte
A mediados de diciembre, el Gobierno de Ayacucho responsabilizó directamente a la presidenta Boluarte por el fallecimiento y lesiones de peruanos durante las manifestaciones contra su gestión.
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Tres semanas después, el 6 de enero, la Fiscalía de la Nación informó que realiza diligencias previas para determinar la responsabilidad de la mandataria ante denuncias por las víctimas mortales.
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«Las denuncias tienen como objeto investigar las muertes ocurridas durante las manifestaciones realizadas en diciembre de 2022», explicó la dependencia judicial peruana.
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Además de Boluarte, las indagatorias contemplan al titular del Ministerio de Defensa, Alberto Otárola, y el extitular del Ministerio del Interior César Cervantes.
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