Columna de J. Patrice McSherry | Trump y Bolsonaro: La agenda de la extrema derecha antidemocrática

Como muchos saben, Donald Trump, expresidente de los EE.UU, está bajo varias  investigaciones en dicho país. Siempre negó el resultado de las elecciones de 2020 y la victoria del Demócrata Joe Biden (que fue clara). Impulsó una implacable campaña repitiendo que la elección había sido “robada” y presionó a docenas de funcionarios para cambiar el voto. El 6 de enero 2021, el día de la certificación del voto en el Congreso, Trump dio una charla inflamatoria a sus seguidores extremistas cerca del Capitolio y los animó a tomar acciones. Miles de trumpistas marcharon al Capitolio y luego lo asaltaron.

El Comité 6 de enero de la Cámara de Diputados del Congreso, que estudió por 18 meses la violenta invasión al Capitolio, recién recomendó al Fiscal General que presente cargos criminales contra Trump. Estos incluyen: fomento de una insurrección, conspiración contra el gobierno con su intento de subvertir el resultado de las elecciones de 2020 e interrumpir la transición pacífica del poder. El ataque dejó cinco muertos, si no más, y generó casi 1.000 casos penales.

El asalto al Capitolio duró más de seis horas y no fue improvisado. El 19 de diciembre de 2020, Trump envió un tuit exhortando a sus seguidores a ir a Washington para protestar contra la certificación de votos electorales por parte del Congreso. “Será desenfrenado” [“It will be wild”], escribió Trump. Las investigaciones sugieren que grupos paramilitares de la extrema derecha organizaron sus planes de acción con anticipación. Un miembro clave de Oath Keepers—un grupo paramilitar y extremista–dijo a sus asociados que había coordinado alianzas con Proud Boys y otros grupos paramilitares antes del 6 de enero y que tenían un plan para ocupar edificios clave del Congreso. Oath Keepers incluía exsoldados y expolicías. NBC News descubrió miles de mensajes en redes sociales pro-Trump que discutían los planes para viajar a Washington y entrar violentamente al Capitolio, incluido un mapa del edificio. Había intercambios sobre cómo crear una estampida que abrumaría a la policía. Horas antes de los disturbios, los usuarios comenzaron a publicar listas de funcionarios gubernamentales que esperaban «rastrear». El Comité evidencia “planificación concertada y actividad premeditada”, dijo el diputado e integrante del Comité, Jamie Raskin (Demócrata de Maryland).

Las evidencias muestran que algunos golpistas indicaron que tenían contactos con Trump (parece que indirectos). En una reunión grabada en secreto días después del 6 de enero de 2021, el líder de Oath Keepers supuestamente intentó emitir una advertencia al entonces presidente Trump, instándolo a invocar la Ley de Insurrección y advirtiendo que habrá “combate aquí en suelo estadounidense”. Muchos de los asaltantes creían en teorías de conspiración impulsadas por la campaña de Trump y su «dieta constante» de programas derechistas en la televisión y redes sociales.

Los alborotadores rompieron las barricadas policiales y luego la multitud ingresó al edificio del Capitolio; algunos destruyeron ventanas, escritorios y puertas. Los legisladores en el Capitolio—reunidos para certificar la elección de Biden, un protocolo formal—tenían que esconderse para escapar de la turba de asaltantes. Una foto bien conocida muestra a un asaltante llevando la bandera de la Confederación, que representa los Estados que se separaron de EE.UU. en 1860, provocando la Guerra Civil. La Confederación simboliza para mucha gente la promoción de la esclavitud y supremacía blanca. Uno de los golpistas, que tenía un arma cuando entró al Capitolio, gritó amenazas contra Nancy Pelosi, la jefa de la Cámara de Diputados (por ello, recibió una sentencia de 7 años de prisión).

Trump había insistido ante su vicepresidente, Mike Pence, que bloqueara el proceso de la certificación y estableciera un nuevo proceso, con electores falsos pro-Trump. Pence se negó a hacerlo y Trump reprendió a su socio, con mucha hostilidad, especialmente el día del 6 de enero, públicamente. El Comité detalló esto en sus informes, y dijo que este ataque verbal contra Pence fue solo una parte de un «sofisticado plan de siete partes» del entonces presidente Trump y sus aliados para anular ilegalmente las elecciones de 2020. Fue el último esfuerzo desesperado por lograr su meta de descartar los resultados electorales.

Después de los comentarios anti-Pence de Trump el 6 de enero los asaltantes estaban enfurecidos y buscaban a Pence en el Capitolio, amenazando con colgarlo. En el exterior se erigió una horca. Un informante confidencial de los Proud Boys le dijo al FBI que los Proud Boys habrían matado a Mike Pence y a Nancy Pelosi si hubieran tenido la oportunidad. Trump, según el Comité, supuestamente dijo entonces, “Tal vez nuestros seguidores tengan la idea correcta. Mike Pence se lo merece”.

El Comité acusa que Trump ha violado cuatro estatutos penales federales: incitar, asistir o ayudar a la insurrección; interrumpir un procedimiento oficial; conspiración para defraudar a EE.UU.; y conspiración para hacer una declaración falsa al gobierno federal. También declara que Trump podría haber cometido una conspiración sediciosa. Es la primera vez en la historia de EE.UU. que el Congreso ha hecho una acusación así. Una de los dos Republicanos en el Comité, Liz Cheney, dijo: “Ningún hombre que se comporte de esa manera, en ese momento, puede volver a ocupar un puesto de autoridad en nuestra nación. No es apto para ningún cargo”.

Integrantes de los Proud Boys y Oath Keepers, entre otros, recibieron sentencias entre algunos meses y varios años por delitos graves, incluida la conspiración sediciosa. Cientos de personas que entraron pero no participaron en ninguna destrucción o violencia enfrentan delitos menores, como piquetes en el Capitolio y alteración del orden público, que requieren hasta seis meses tras las rejas. Además, un informe del gobierno concluyó que los lideres de la policía del Capitolio no se prepararon adecuadamente” a pesar de las advertencias explícitas de que los extremistas pro-Trump representaban una amenaza para las fuerzas del orden y los civiles. La policía usaba equipos de protección defectuosos y los líderes ordenaron a su Unidad de Disturbios Civiles que se abstuviera de usar sus herramientas de control de multitudes más poderosas, como granadas de aturdimiento, para sofocar el ataque. Algunos policías fueron culpados legalmente por facilitar la entrada de los asaltantes.

El Comité envió sus recomendaciones al Departamento de la Justicia, donde el fiscal nacional ya estaba investigando a Trump. Este fiscal tiene la decisión final sobre su posible enjuiciamiento criminal.

No se puede separar todo esto de la insurrección reciente en Brasil. Jair Bolsonaro era y es un socio y fanático de Trump y tiene sus redes transnacionales y derechistas (incluidos a Kast y los Republicanos de Chile). La sublevación en Brasilia siguió bastante la guía de Trump. Primero, fue casi exactamente dos años después de 6 de enero (el 8 de enero de 2023). Segundo, masas de personas pro-Bolsonaro invadieron las tres sedes del poder del Estado, la ejecutiva, la legislatura, y la judicial. Dejaron destrucción en todas partes y llamaron a las fuerzas armadas a que intervinieran. Tercero, los seguidores parecen estar muy influenciados por teorías conspiratorias y medios sociales derechistas. Finalmente, según el analista argentino Atilio Borón, “Aseguró que hubo un intento por parte del segundo grupo [el Ejército] de evitar que se despejaran los campamentos [de bolsonaristas] en las horas previas al intento de Golpe. El rol de las Fuerzas Armadas es claro. Hay un sector muy importante que fue ganado por la causa de Bolsonaro. Este es un dato duro, real. Los militares veían con buenos ojos las milicias o la reivindicación de la dictadura militar”. Esto es muy peligroso para toda América Latina.

Lula y las instituciones constitucionales de Brasil tomaron acciones decisivas inmediatamente. El Poder Judicial emitió un orden judicial congelando las cuentas bancarias de Bolsonaro (que se encuentra en Florida) y otros aliados bolsonaristas. El Supremo Tribunal Federal ordenó la prisión de su exministro de Justicia, Anderson Torres, actual secretario de Seguridad Pública de Brasilia. Torres sería uno de los responsables por la omisión o complicidad que manifestó la Policía Militar. La congresista Erika Hilton, del Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Lula, solicitó la extradición de Bolsonaro.

Estos acontecimientos son una mala señal para América Latina y el mundo. La derecha extrema está a la ofensiva y esto significa graves retrocesos políticos y sociales para las poblaciones del mundo. Ahora, después de la crisis en Perú y el rechazo de la nueva Constitución en Chile, ha aparecido esta crisis en Brasil. Es un momento en que todas las personas que creemos en justicia social tenemos que organizarnos y luchar para preservar y hacer avanzar los derechos que fueron tan difíciles de conquistar.