SANTIAGO – La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, aseguró que el Poder Judicial comparte la preocupación por el aumento de hechos delictuales en el país y llamó a acelerar el trabajo en mesas especiales para abordar esta problemática.
“Compartimos la preocupación y el Poder Judicial ya ha hablado bastante sobre el tema de la preocupación por la seguridad pública y la preocupación por que las mesas que están funcionando avancen y se hagan si es necesarios los ajustes legales que nosotros no podemos proponer, pero si podemos colaborar en ello”, dijo.
En su habitual vocería semanal, la ministra Vivanco lamentó el fallecimiento de un funcionario de la PDI en las últimas horas.
“Es muy amargo que haya una persona que teniendo una función como lo es la de policía de investigaciones termine muerta, no sabemos si fue un crimen por encargo o no lo es, pero termine muerta en el desempeño de sus funciones y todo lo que podemos esperar es que los procesos que tienen que ver con los temas de seguridad se aceleren”, estableció la ministra Vivanco.
La autoridad judicial valoró las reflexiones hechas por la ministra del Interior y agregó: “Ya es importante que la ministra del Interior haga una reflexión del tema de la criminalidad y que se haya reforzado el presupuesto para seguridad, pero en esa línea tenemos que seguir avanzando para tratar de contener cuánto antes esta ola de criminalidad que afecta a todos los chilenos”.
La ministra Vivanco fue consultada sobre el fallo de la Corte Suprema sobre alza de tablas de factores de isapres y las demoras que han existido en la implementación. Respondió que se otorgó un plazo de seis meses para que las isapres y la superintendencia realicen un trabajo de adecuación de los efectos de las sentencias, pero que ese plazo en ningún caso puede implicar cambios que perjudiquen a los afiliados.
“Como ya se ha comentado, el plazo de seis meses que se dio en nuestro fallo tuvo que ver con la posibilidad que se abrieran estas mesas, estas conversaciones e intercambios entre la superintendencia y las isapres porque es un proceso fino, no es un proceso sencillo o que se pueda hacer en dos minutos, ya que implica una serie de adecuaciones (…) como es una malla como las celdas de las abejas donde hay infinita cantidad de situaciones respecto de cada isapre, afiliado, etcétera se dio este plazo extenso para que esto se pudiera ajustas y que en definitiva pudiera haber un buen diálogo entre la superintendencia y las isapres a efectos de cumplir con nuestro fallo”, aseguró la magistrada.
En el punto ahondó: “Eso, de ninguna manera puede ser leído como una autorización para que ninguna institución que está involucrada en esta situación deje de cumplir con los deberes que les están impuestos, no olvidemos que las isapres si bien son entidades privadas están prestando un servicio público. En consecuencia, tienen que seguir prestando todos aquellos beneficios en los que están comprometidos entre tanto se hacen estos ajustes y estas revisiones. El fallo nuestro no es un título para dejar de cumplir esas funciones y con esos deberes y tampoco para hacer pesar los gastos en los afiliados a tiempo ilimitado, porque las personas no tienen recursos y están pagando mensualmente una institución de salud privada justamente para que estos seguros operen y no puede pasar que yo pagando una isapre tenga que financiar operaciones costosas y quedar en un interín, que no se sabe cuánto dura respecto de los reembolsos. Esa es una situación que nos preocupa y la cual no se asocia a nuestro fallo, sino que el fallo se asocia a los ajustes correspondientes, pero no para establecer plazos ilimitados para la devolución de beneficios y gastos”.
Respecto del nuevo proceso constituyente, la ministra Vivanco reiteró la disposición de la Corte Suprema a participar oportunamente de la discusión y entregar su experiencia de 200 años de historia.
“Nosotros relevamos este proceso. Este proceso es de la mayor importancia porque todos los chilenos esperamos contar con una Constitución que refleje nuestros anhelos, nuestros principios, el gran pacto social y que sea una Constitución actualizada y que goce de legitimidad para efectos que todos nos sintamos en la Constitución y no fuera de la Constitución. El proceso ha sido largo, ya ha habido una primera experiencia que no fue satisfactoria, pero nosotros esperamos que la segunda experiencia así lo sea. Hemos crecido y hemos madurado lo que es un proceso constitucional”, sostuvo.
La ministra Vivanco añadió: “En ese proceso antiguo el Poder Judicial procuró colaborar y aportar, pero desgraciadamente no tuvimos muchas instancias para hacerlo, tanto desde el punto de vista de la disposición que pudiéramos participar, como también un tema que jugó mucho en contra fueron los tiempos. Se estaba trabajando tan a contratiempo que no se podía detener ni los convencionales, ni la Convención en podernos recibir de alguna manera sopesar los antecedentes que teníamos que entregar. El día que vino a vernos el ministro de Justicia le manifestamos nuestro deseo, interés y compromiso en poder participar en este proceso, en poder aportar en el capítulo mismo sobre Poder Judicial, como también aquellos aspectos que tienen que ver temas jurisdiccionales como es el caso de las acciones cautelares.En otras palabras recoger la experiencia de la Corte Suprema, que está cumpliendo 200 años de historia y experiencia y desde ese punto de vista poder colaborar”.
Finalmente la portavoz del máximo tribunal fue consulta respecto de un imputado por homicidio en Punta Arenas y que cometió el delito estando en libertad condicional. Respaldando una declaración pública del tribunal de alzada, argumentó que se debe mejorar el sistema de cumplimiento de fallos y otorgamiento de beneficios penitenciarios.
“Comparto plenamente y lo ha dijo también la Corte Suprema la idea de la Corte de Apelaciones (de Punta Arenas) que hay que modificar y perfeccionar el sistema de cumplimiento de las sentencias. Lo ha dicho la Corte Suprema, lo ha dicho en esta oportunidad la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y no hacemos más que reiterar esa idea.
El sistema merece un perfeccionamiento. Establecer, por ejemplo, tribunales de cumplimiento y poder tener las capacidades, competencias y facultades para poder vigilar mejor que pasa con las personas que están haciendo uso de beneficios”.
Consultada sobre por qué se otorgó el beneficio al imputado que registraba otros antecedentes penales explicó: “El informe de Gendarmería fue un informe no definitorio, ni en un sentido, ni en otro, se dijo algunos elementos positivos y en otros negativos y eso generó un fallo dividido, que finalmente le dio la libertad condicional a esta persona con las objeciones del caso por lo cual ahí se evidencia que cuando los informes de Gendarmería son no contundentes, no definitorios eso complica bastante porque puede haber una serie de interpretaciones sobre el otorgamiento del beneficio, tal como sucedió en este caso”.