SANTIAGO – En el Décimo Juzgado de Garantía de Santiago tuvo lugar la audiencia de sobreseimiento definitivo por el asesinato de Aníbal Villarroel Rojas, ocurrido el 18 de octubre del 2020 en el marco de la conmemoración del primer aniversario del estallido social.
La defensas tanto del teniente que realizó el disparo, Joaquín Muñoz Vásquez, como la de quien era por entonces general Director de carabineros, Mario Rozas Córdova solicitaron el sobreseimiento definitivo de la causa, es decir que se cerrara la causa sin declarar culpables.
“El tribunal, señaló Victoria Herrera, abogada de CODEPU , negó la solicitud de sobreseimiento estimando que no concurría ni la legitima defensa ni el actuar necesario dado que el funcionario policial no es una persona común y corriente en el uso de armamento. Es un agente que tiene preparación dada por el estado de Chile”.
Los hechos: el 18 de octubre de 2020, a eso de las 22:30 de la noche, Aníbal Villarroel junto a un amigo se dirigieron a la población La Victoria en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en donde varias personas se encontraban reunidas para conmemorar el primer aniversario del estallido. Cuando ambos se encontraban en la intersección de Avenida Departamental con calle Eugenio Matte y, sin mediar provocación alguna, funcionarios de carabineros que se encontraban en el lugar, procedieron a abrir fuego en contra de la población civil, impactando aquellos disparos en la persona de Aníbal Villarroel, causándole la muerte.
Gabriel Ramos, abogado de CODEPU sostiene que existe una responsabilidad de mando ineludible, “pues las autoridades jefes tienen responsabilidad por los hechos de los subordinados cuando se encuentran en posición de impedir los crímenes y no lo han hecho y por el contrario, parecieran favorecer por el medio organización en el que se desenvuelven y el comportamiento de las autoridades al momento de su ocurrencia”. Una clara alusión a las palabras del entonces director Mario Rozas, quien sostuvo que “tienen todo el apoyo y respaldo de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer”.
Con esta resolución se continúa con la investigación y se avanza hacia la preparación del juicio oral, en el cual los abogados de CODEPU pretendemos lograr una penalidad acorde a un delito de lesa humanidad”, afirma la abogada Victoria Herrera.