Luego de que el presidente de Chile indultase a 13 personas el 30 de diciembre, la oposición presentó un requerimiento para intentar invalidar los indultos ante el Tribunal Constitucional (TC), que fue admitido este 26 de enero. Ahora Boric tendrá 10 días para pronunciarse sobre el tema y la magistratura resuelva por último.
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Por Alexis Polo González
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El 26 de enero el Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento de los senadores opositores de Chile Vamos —coalición de partidos de derecha— para declarar inconstitucionales los indultos otorgados por Boric a seis condenados por delitos durante el estallido social y el de Jorge Mateluna, exintegrante del grupo armado de izquierda Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que en 2013 fue condenado a 16 años de presidio, acusado de asaltar un banco.
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El presidente Boric y el contralor general de la República, Jorge Bermúdez Soto, tienen un plazo de 10 días para pronunciarse «sobre el asunto sometido a la decisión del Tribunal. Con ello, posteriormente, esta magistratura resolverá sobre el fondo», sostuvo José Francisco Leyton, relator del TC.
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Lorenzo Morales, abogado de la ONG Defensoría Popular, explicó que si bien el requerimiento fue declarado admisible «no debería acogerse de fondo».
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Para Raquel Correa, integrante de la colectividad Iniciativa por la Libertad de los Presos Políticos, ha habido un «uso político de esta medida».
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Correa explicó que los sectores de derecha están «buscando desviar la atención mediática», por graves hechos de corrupción y desfalco de dinero que han sacudido distintos municipios de Santiago en los periodos donde la oposición lideraba dichas comunas.
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«Entendemos que toda postulación [a los indultos] debe cumplir requisitos preestablecidos en la misma Constitución del 80, y que Gobiernos anteriores utilizaron, como [el expresidente] Sebastián Piñera, que llegó incluso a indultar a criminales de lesa humanidad», agregó.
«Es un recurso inédito, nuevo, pero no debería revocarse. Los que sí debieron ser revocados fueron los otorgados por Sebastián Piñera, ya que iban en contra de los tratados internacionales», agregó Morales.
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Durante el 2020, el expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) indultó a 10 condenados por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990). El exmandatario tuvo que defender ante la Justicia su decisión tras el requerimiento ingresado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
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Una herramienta constitucional cuestionada
Tras presentar el requerimiento en el TC, la senadora Ximena Rincón, del Partido Demócrata (centroderecha), explicó que el tema de los indultos tenía que resolverse por vía jurisdiccional. «El ministro de Justicia ratificó esa tesis y señala que eso no está en el ámbito del Gobierno y debe resolverse así», explicó.
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Y agregó: «El único ámbito donde podíamos requerir la actuación jurisdiccional era este y creemos que bastaría que el presidente se allanara al requerimiento y con eso se podían revisar los antecedentes y con eso podría ver si desiste de dar curso a estos indultos».
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Lorenzo Morales explicó que el requerimiento ingresado por la oposición apunta a que los recursos de indulto atentan contra la igualdad ante la ley y la juridicidad. «Ellos están equivocados, puesto que los indultos están amparados por la igualdad ante la ley, por la juridicidad, en función del artículo 32 de la Constitución», dijo.
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El abogado explicó que lo que se está dando actualmente es un conflicto entre una facultad del presidente y lo que piensan ciertos parlamentarios. Señaló que la potestad de otorgar indultos no solo viene de la Constitución del 80, sino desde la carta magna de 1833.
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«Los que dicen que hay una falta de igualdad ante la ley erran, porque la igualdad ante la ley tiene ciertas cuestiones que se van articulando con respecto a los tratados internacionales y acá, por lo menos, los indultos en términos administrativos están del están fundados», agregó.
Para Raquel Correa resulta grave que la oposición intente desconocer la validez de este «mecanismo y atribución del Ejecutivo al cual pueden postular todas las personas cumpliendo los requisitos que la propia ley establece».
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Finalmente, la integrante de la Iniciativa por la Libertad de los Presos de la Revuelta señaló que la estrategia de la oposición es «burda, ya que busca además a través del discurso criminalizar y deslegitimar las masivas movilizaciones del estallido social y sus demandas, todas aún pendientes».