Gobierno de Gabriel Boric inició el despliegue militar en las fronteras con Bolivia y Perú, en el norte del país, con el objetivo de disminuir y controlar el flujo migratorio irregular en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
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«No está prohibido entrar a Chile, lo que está prohibido es hacerlo por pasos irregulares», explicó la ministra del interior, Carolina Tohá, al arribar el 27 de febrero a Colchane, en la región de Tarapacá.
La labor de las Fuerzas Armadas, impulsada por el gobierno y aprobada en el Congreso, durará 90 días en los que militares estarán habilitados para hacer controles de identidad, registrar equipajes y detener individuos.
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Tohá indicó que con la medida esperan que empiece a bajar la circulación irregular por las fronteras.
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«Ojalá eso sea el resultado de esto, que tenga un efecto disuasivo, que de consecuencia las personas se dirijan a las fronteras que están habilitadas y si alguien quiere entrar a nuestro país, lo haga por donde lo deben hacer», agregó.
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Respecto al uso de armas de fuego por parte de efectivos militares en caso de que sea necesario, la ministra afirmó que el gobierno lo respalda solo en contextos que así lo ameriten.
«Por supuesto, para eso tenemos una Constitución, un decreto con fuerza de ley que avala y pone reglas muy claras a las Fuerzas Armadas para el empleo de la fuerza. Obviamente, la fuerza se tiene que usar de manera discreta (…), pero hay situaciones que es evidente que hay que usarla, por ejemplo si hay amenaza a la vida de los efectivos militares o terceras personas, si eso llega a suceder ciertamente las Fuerzas Armadas van a tener el apoyo del gobierno de Chile», subrayó.
El decreto de ley emitido por el gobierno argumenta que existe alza de los flujos migratorios en el país, que ha provocado «la llegada masiva de población a través de pasos no habilitados».
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Según dijo el presidente Gabril Boric al presentar la medida en 2021, el despliegue de las Fuerzas Armadas no solo va «a ayudar a combatir el narcotráfico y el crimen organizado, sino que también los delitos de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes que efectúan bandas criminales que no respetan ni la vida ni los derechos ni la dignidad de los migrantes».
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En los últimos años se vienen registrando en Colchane y en otras ciudades fronterizas del norte de Chile una serie de olas migratorias con extranjeros que utilizan pasos no habilitados para ingresar al país, principalmente desde Bolivia.