El despido de la periodista Paulina de Allende-Salazar, de Mega, pone al centro la precariedad laboral que padecen las/os periodistas y atenta en contra del ejercicio periodístico, lesionando nuestro derecho a ser informados.
Mega, canal de televisión de propiedad del Holding Bethia, dueño de varios medios de comunicación, de empresas del retail y viñas, entre otras empresas, fundamentó privarla del derecho al trabajo, por transgredir “abiertamente la línea editorial y las orientaciones programáticas de nuestro medio de comunicación”.
Ensayemos algunas preguntas para comprender el despido de la periodista ¿Por qué se refirió a Carabineros? ¿Por qué los poderes fácticos ordenan cancelar cualquier disonancia con el discurso hegemónico sobre la agenda de seguridad? ¿Por qué a través de la periodista quieren proyectar el castigo que vendrá a cualquier desobediencia lingüística? ¿Por qué el periodismo debe ceñirse al discurso y el lenguaje que impone el poder económico y político? Probablemente, la respuesta es multifactorial; lo cierto es que los atropellos a las y los periodistas son legales y reiterados.
El desempeño profesional del periodista lo pone en riesgo de recibir presiones privadas, de manera directa o a través del empleador, entiéndase llamados a jefaturas pidiendo reprimendas o despido; hostigamientos públicos, léase puntos de prensa demandando la renuncia de un periodista, como fue el caso de los parlamentarios de Chile Vamos cuando exigieron la salida de Pascual Pichún Collonao y/o azuzando a través de redes sociales, como fue el acoso a Vicente Gutiérrez Berner, asesor del Ministerio de Obras Públicas, quien tendría un parentesco informal con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.
La persecución a la periodista de Allende Salazar fue tan certera como efectiva. El general de Carabineros Álex Chaván dijo: “Si aquí se encuentra la periodista Paulina de Allende, quien fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como ‘paco’, esa periodista no puede estar acá. No vamos a dar ninguna declaración mientras esa periodista esté acá. Luego vuelvo y vamos a dar las declaraciones con el fiscal”.
Su declaración supera lo permisible y la actitud “comprensiva” hacia el uniformado de parte de los medios televisivos presentes fue, a lo menos, indiferente. No hubo capacidad de entender que esa imposición era un atentado al acceso a la información de interés público y un menoscabo a la profesión de todas y todos.
No es tolerable que un empleado público se niegue a entregar información sobre un tema que conmueve a un país entero, no es admisible que hable a nombre del fiscal (otro empleado público), no es aceptable que un oficial de Carabineros atente en contra de nuestro derecho a informarnos e intimide el ejercicio periodístico.
Hoy, al igual que ayer, se hace urgente que el proyecto de ley que protege la labor de periodistas y trabajadoras/es de la comunicación se tramite con celeridad en el parlamento y que dicho proyecto considere la seguridad del ejercicio periodístico en relación con su quehacer reporteril y otorgue garantías laborales para que el propietario de un medio no pueda despedir a un/a profesional aduciendo que no representa su modo antojadizo de concebir la línea editorial.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Dino Pancani Corvalán es profesor del Instituto de la Comunicación e Imagen, de la Universidad de Chile. Ex director de la Escuela de Periodismo de la U. de Chile.
