- Los senadores se mostraron preocupados por la incertidumbre que genera un virtual cambio de criterio. Acordaron continuar con audiencias mientras «la justicia entrega mayores certezas que permitan definir cuántos contratos realmente se verán afectados con la sentencia».
A la espera de la presentación y posterior respuesta al recurso de aclaración que presentará la Superintendencia de Salud ante la Corte Suprema por el fallo que obliga a las Isapres devolver excedentes a sus afiliados por la aplicación de la tabla de factores, se encuentran los integrantes de la Comisión de Salud.
Los parlamentarios se reunieron en una nueva sesión para analizar los pasos a seguir en la tramitación de la ley corta de Isapres, pero tras los dichos este fin de semana de la vocera del Poder Judicial, Ángela Vivanco, quien aseguró que sólo los contratos que han sido judicializados podrán ser objeto de devoluciones, el debate se concentró en esta nueva arista.
El presidente de la instancia, el senador Juan Luis Castro explicó que “dado este nuevo antecedentes seguiremos debatiendo y profundizando los alcances del fallo. Nos preocupa lo que vaya a pasar porque siempre se ha dicho que hay un sentido general de aplicación pero hoy se restringe. Seguiremos escuchando actores y esperando luces del Poder Judicial”.
En la misma línea, el senador Francisco Chahuán planteó que “creo que ambas partes deben presentar un recurso de aclaración, hablo del Minsal y de las Isapres. Es la oportunidad para aclarar los nudos críticos de una vez y despejar la incertidumbre que crece cada día más”.
Para el senador Sergio Gahona, “es grave que uno conozca los alcances del fallo por una declaración de prensa y no por una aclaración judicial. No queda claro si las palabras de Vivanco son a título personal, del Poder Judicial o de la Tercera Sala de la Corte. Hablamos de algo grave: la cuantía de los recursos”.
El senador Javier Macaya hizo un llamado a la Comisión a “ir más allá de la contingencia, mirar el mediano y largo plazo porque claro que el fallo es malo. Creo que tras la aclaración que pide la Superintendencia seguirán las interpretaciones, contiendas de competencias. Nuestra mirada debe estar en la solidaridad del sistema”.
“Es insólito que un fallo que conocimos en noviembre de 2022, cambie hoy, junio de 2023 y a través de una entrevista. ¡Hace mucho tiempo venimos hablando de esto y recién ahora se hace una precisión tan importante! Creo que no podemos seguir trabajando en esta dinámica y ojo con las expectativas de los afiliados”, manifestó la senadora Ximena Órdenes.
A su vez, el senador Juan Ignacio Latorre reforzó la idea de precisar bien quiénes serán las personas que efectivamente recibirán devolución. “En marzo de 2023, la ministra Vivanco dice que el alcance es general y ahora dice que no. Quisiera saber qué pasó. Por eso es importante conocer qué dirá al respuesta del recurso de aclaración”.
En la sesión estuvieron como invitados la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el superintendente de Salud, Víctor Torres; y el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, con el objetivo de analizar el monto, que tanto el Ejecutivo como las aseguradoras, han calculado que debe devolverse.
En ese entendido, Simón aclaró que la propuesta del sector se basa en el estudio realizado por la Universidad Andrés Bello presentado en la sesión del martes 30 de la Comisión de Salud.
“Lo central debe ser equilibrar el sistema pensando en la cobertura para los afiliados. No existe un único mecanismo para ejecutar el fallo como se señaló la semana pasada. ¿Qué se debe hacer? Se deben sustituir las tablas antiguas, no se debe implicar alza de las tarifas y deben revisarse las diferencias de valor en sentido retroactivo y prospectivo”, sintetizó.
Agregó que “creemos que debe aplicarse el fallo, a los contratos con tabla de factores vigentes, pero los plazos abren alternativas: pueden considerarse los contratos vigentes desde abril 2020, desde abril 2021 o desde abril 2022. Las condicionantes son que esto no implique gasto fiscal, que la cotización legal quede vigente y nadie quede bajo ésta, y que no dé lugar a discriminaciones arbitrarias”.
Sobre los dichos de la magistrado, Simón aclaró que la asociación no presentará recursos de aclaración porque “le corresponde a las Isapres que son las partes incumbentes”.
En tanto, el superintendente Torres planteó que los contratos que estarían afectos a devoluciones y rebajas alcanzarían a 725 mil si se considera la aplicación de la tabla de factores única de este organismo y la eliminación del cobro para los menores de 2 años.
La autoridad explicó que “en los escritos de la Corte en respuesta a la aclaración solicitada por el Ejecutivo en enero pasado, y cuando se solicitó la prórroga del cumplimiento del fallo, hace unas semanas, siempre se dejó en claro que el fallo tenia efecto general (…) No podemos darnos por notificados de que hay un criterio distinto, si no es por la vía formal y no a través de medios de comunicación. Ingresaremos un nuevo recurso de aclaración”.
En la sesión del pasado martes 30 de mayo, el ex superintendente de Salud, Héctor Sánchez explicó que el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello realizó un estudio para ver cuál será el impacto del fallo de la Corte Suprema en las Isapres y sus afiliados. Así admitió que “no hay una sola interpretación del fallo, no hay una sola metodología de cálculo de excedentes, de hecho los realizados por la SS son restrictivos y su cuantía es imposible de ejecutar”.
“Creemos que esta es una oportunidad única para los parlamentarios para concretar una política pública, crear una nueva tabla de factores más plana, tal vez con tres tramos de edad. De hecho la sentencia dice que la SS no debe dictar la tabla sino una ley”, hizo ver solicitando que “se expliquen los cálculos que ha hecho el Ejecutivo y que seguro tienen las Isapres, para luego conformar una comisión técnica que defina la fórmula”.
Desde lo técnico, el académico enumeró una serie de criterios posibles de utilizar con distinto grado de ponderación que arrojan seis escenarios. “Estos no son los únicos parámetros pero sí son algunos que creemos que sí se deben considerar”, dijo enumerando “los beneficiarios excluidos de los excedentes, la estimación por contrato, la compensación entre e intra contratos, devolución periodo/utilidad, y el precio base actualizado, entre otras variables”.