- El informe de comisión investigadora aprobado por la Sala de la Cámara propone que los equipos dedicados a investigar el robo de madera sean reforzados con profesionales, recursos y equipamiento adecuado; igualmente los enfocados a la fiscalización de estas materias.
Una débil capacidad del Estado para abordar el fenómeno de robo de madera es una de las observaciones planteadas en el informe de la comisión investigadora (CEI 9) de la Cámara que se abocó a analizar esta temática y que, hoy, aprobó la Sala de la Corporación.
Recordar que la instancia investigativa se creó tras aprobarse la solicitud realizada por 64 diputados/as, el 5 de julio de 2022.
El documento sostiene que el robo de madera involucra una serie de etapas. Así, se sugiere que su control no sólo se efectúe en la prevención del delito o en la persecución en flagrancia. Debe permitir a las policías, al Ministerio Público, a la justicia y al Estado comprender el modelo criminal. Para ello, se acota, se aspira a una mayor especialización de las citadas instituciones.
Por otra parte, se afirma que, de acuerdo a los testimonios recabados, “no es posible concluir, bajo ninguna circunstancia, que exista un vínculo entre la causa mapuche o las demandas territoriales de pueblos indígenas con la organización delictual que posibilita el desarrollo y comercio del crimen organizado en torno a la sustracción de madera”.
Conclusiones y recomendaciones
Para una labor más eficaz, se propone que los equipos dedicados a investigar el robo de madera se refuercen con profesionales como ingenieros forestales, contadores, expertos tributarios, geógrafos, etc. En tal plano, se aspira a que el Estado entregue a estas instituciones un presupuesto acorde a la exigencia.
En el caso de la PDI, se recomienda dotarla con recursos que permitan reforzar el trabajo policial. Como ejemplo se menciona el facilitar el transporte aéreo autónomo e inmediato de los equipos interdisciplinarios a las zonas que sean requeridas. Además, que desarrollen tiempos de reacción reducidos.
Tratándose de Carabineros, se plantea que cuenten con información de inteligencia. Asimismo, con equipamiento y tecnología necesarios para conocer los horarios y rutas de transporte del material robado, junto con el origen y destino de la carga.
También se recomienda que la institución implemente un sistema de rotación de los efectivos policiales. Misma sugerencia se hace para el Ministerio Público. Se estima que la permanencia prologada puede facilitar prácticas de corrupción, sin perjuicio de la coacción o amenaza de que puedan ser víctimas.
Igualmente, se observa la necesidad de más fiscales para la zona afectada por el robo de madera y que sean especializados.
Apoyo logístico y tecnológico
La comisión propone entregar a los distintos organismos estatales involucrados el equipamiento tecnológico que les permita una adecuada fiscalización en terreno. De igual modo, mantener un cruce de información, entre sí y con las empresas del rubro, para establecer “sellos de buena madera” y uniformar su trazabilidad.
Otra demanda es que el SII y la Conaf cuenten con equipos especializados y exclusivos, o con dedicación exclusiva, para fiscalizar en terreno la corta ilegal y los aserraderos clandestinos. Se estima que hay 32 de estos últimos ubicados entre las comunas de Cañete y Los Sauces, en un radio de 90 kilómetros. Nunca fueron objeto de fiscalización, se acusa en el informe.
Paralelamente, se llama a que los planes de manejo de la Conaf se expresen en volumen de madera más que en hectáreas. Junto a esto, debería existir una mayor coordinación con el SII.
Otras propuestas y debate
Por otra parte, se propone que el SII y Aduanas ejecuten un plan de fiscalización enfocado en el lavado de activos. Del mismo modo, en perseguir la denominada “ruta del dinero”. Todo ello, acompañado de una debida coordinación con las policías, por eventuales enfrentamiento con bandas criminales.
Entre las recomendaciones se indica la necesidad de un marco legal más robusto, acorde con la ley que sanciona la sustracción de madera. La finalidad es evitar que las bandas emigren hacia otros rubros para seguir lucrando (robo de animales, vehículos, etc.).
También se sugiere fortalecer la contrainteligencia y la probidad en la institucionalidad pública. De igual modo, que se impulse una modificación legal que permita a la Dirección General del Crédito Prendario vender o rematar de forma rápida los camiones y la maquinaria decomisada. Los recursos obtenidos puedan destinarse a los organismos encargados de perseguir el crimen organizado de robo de madera.
En el debate expusieron Jorge Rathgeb (RN), Ericka Ñanco (RD), Flor Weisse (UDI) y Miguel Ángel Calisto (IND). En sus intervenciones resaltaron la seriedad con la que se realizó la investigación, así como el respeto a las diferentes opiniones expresadas.
Algunos resaltaron que los resultados de la indagatoria y de algunas de sus conclusiones quedaron desfasadas con la realidad actual. Ello, porque ya existen leyes y acciones destinadas a enfrentar este delito que, por otra parte, ha bajado en su comisión.
En todo caso, se alertó que mientras su incidencia bajó, aumentó la comisión de otros delitos, como el abigeato o el robo de insumos de la agricultura.
Igualmente, se pidió incrementar la fiscalización que realiza la Conaf y la policial.