- Presidente de la Comisión por la Paz y Entendimiento señaló que una de las enmiendas presentadas por la derecha al texto de nueva constitución deja sin respaldo a la recién creada comisión para resolver los problemas de restitución de tierras en la macrozona. «Buscan pasar máquina y están borrando con el codo lo que escribieron con la mano».
Asegurando que «la derecha ha puesto en una compleja situación» a la comisión por la Paz y el Entendimiento, al ingresar -paralelamente- el pasado 17 de julio una enmienda al texto constitucional para crear una nueva comisión en esta materia, el senador DC Francisco Huenchumilla, señaló que «están borrando con el codo lo que escribieron con la mano».
El senador explicó al respecto que «el 21 de junio, todos los partidos políticos de Chile firmaron un compromiso junto al presidente de la República, dando su respaldo al establecimiento de la Comisión de Paz y Entendimiento para que se avocara a buscar una salida al centenario conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche», otorgando de esta forma, según agregó, «plena legitimidad y apoyo transversal de todo el arco político, incluidos todos los partidos de la derecha.»
Huenchumilla agregó que «sin embargo y paralelamente, este 17 de julio la derecha presentó una indicación en el Consejo Constitucional, para crear otra Comisión sobre el mismo tema. En efecto, los consejeros Germán Becker (RN), Pilar Cuevas (RN), Lorena Gallardo (Independiente-RN), Gloria Hutt (Evópoli) e Ivonne Mangelsdorf (RN) ingresaron una enmienda transitoria al texto constitucional en discusión Nº14, para crear una Comisión de Reparación y Buena Convivencia».
Se trata de una disposición transitoria nueva, que a juicio del senador dejará en una compleja y preocupante situación a la Comisión por la Paz ya constituida. «La derecha debe una explicación, ya que después de comprometerse el 21 de junio, aparece el 17 de julio borrando con el codo lo que firmó con la mano. Quizás ya perdieron su fe en la primera Comisión, y quiera cambiarla por otra con fundamento constitucional, a su pinta, y bajo su control; y la otra es que quieran irse a la segura, porque si la primera no logra convencerla, podrá sacar su carta bajo la manga, instalada en la nueva Carta Fundamental.»
Frente a lo anterior, precisó que «lo que parecen no dimensionar es que la primera Comisión es fruto de un acuerdo político, y por ende, tiene un fundamento de legitimidad; la segunda –presentada por ellos en el Consejo Constitucional– es unilateral, sin acuerdo, y pasando la máquina que dicho sector tiene en esta última instancia y en el Senado, instancia en que –según la indicación presentada– se deberá nombrar por mayoría a 4 de los 6 integrantes de esta comisión alternativa».
Entre los riesgos que surgen, el senador DC señaló que «siendo ésta una norma de Derecho Público, la misma rige in actum. Entonces, suponiendo que ambas –la indicación y la Nueva Constitución– fueran aprobadas cada una en su momento, desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial, y salvo que hubiere una norma particular que dijere lo contrario, ello supondría que la primera Comisión del 21 de junio quedaría legalmente sin competencia sobre las tierras –materia central en todo intento de solución del conflicto– y carente de legitimidad política.»
Por otra parte, agregó que la aprobación de la enmienda presentada por la derecha significa la derogación de la Ley Indígena y el término de la Conadi, porque, en definitiva, el corazón de la Ley 19.253 –que son las tierras– sería ahora de competencia de esta Comisión creada por la derecha.