Aunque el país tiene normativas constructivas para reducir los efectos de los sismos, existe un factor de riesgo latente: la autoconstrucción informal ante la falta de vivienda. ¿Cómo afectaría un terremoto tan demoledor como el de 2010 a ciudades que han crecido irregularmente desde entonces?.
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Por Alexis Polo González
Periodista – Corresponsal de Sputnik en Chile
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Los movimientos telúricos en Chile son habituales, debido a que el país se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona de más alta sismicidad en la tierra.
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Según los datos entregados por el Centro Sismológico Nacional, solo este 9 de agosto, el país suramericano ha registrado alrededor de una decena de sismos de magnitud 2,5 a 3,8. Ninguno de ellos se compara al terremoto 27F, considerado el segundo más fuerte en la historia del país y el octavo registrado por la humanidad.
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En la madrugada del 27 de febrero de 2010 se registró un terremoto de magnitud de 8,8. El epicentro del sismo se ubicó en el mar chileno, frente a la costa de la entonces región del Biobío (actual región de Ñuble), a una profundidad de 30,1 kilómetros.
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Murieron 525 personas y 23 aún están desaparecidas, producto del posterior tsunami que afectó las costas del sur de Chile. Más de 200.000 familias perdieron sus hogares.
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Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN)
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A pesar de que 500.000 viviendas quedaron con daños severos, la mayoría de las edificaciones no cedieron ante el evento telúrico.
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La ingeniera civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Paulina González, explicó a Sputnik que, con el conocimiento que se tiene sobre ingeniería sísmica actualmente, se espera que las viviendas y las edificaciones resistan un terremoto de gran magnitud. «Podrían tener daño estructural, pero no colapso».
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«Las normas sísmicas actuales para la construcción en Chile son dos principalmente: la NCH 433 y la NCH 2369. Estas normas permiten que las edificaciones habitacionales e industriales puedan resistir eventos sísmicos», agregó la especialista en ingeniería estructural.
González explicó que, por ley, las viviendas deberían utilizar la norma NCH 433, que establece las disposiciones necesarias para que las edificaciones resistan sin daño un sismo de baja intensidad.
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«Puede que tengan un daño estructural, pero no colapso, en caso de que el terremoto tenga una intensidad excepcionalmente severa».
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Por otra parte, la norma NCH 2369 para construcciones industriales tiene «altas restricciones para las deformaciones, para que las edificaciones puedan resistir y seguir funcionando después de un terremoto».
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Por otra parte, la norma NCH 2369 para construcciones industriales tiene «altas restricciones para las deformaciones, para que las edificaciones puedan resistir y seguir funcionando después de un terremoto».
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A pesar de las regulaciones para evitar una catástrofe en caso de un movimiento telúrico de proporciones, no todas las edificaciones cumplen con lo establecido por ley. Esto se debe principalmente a la pobreza y el aumento de asentamientos irregulares en el país.
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El 14 de marzo, la Fundación Techo-Chile lanzó su Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023. Entre los datos entregados, señalan que en el país existen 1.290 campamentos —conjunto de hogares que habitan en posesión irregular de un terreno—, lo que se traduce en 113.887 hogares viviendo en ellos. Casi 200 campamentos más que el catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de octubre de 2022.
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Un riesgo latente
En conversación con Sputnik, la arquitecta de la Universidad de Chile y jefa del Departamento de Desarrollo Urbano de la municipalidad de Ñuñoa, en la capital chilena, Alejandra Aguilera Roco, explicó que la gran cantidad de campamentos que existen genera un riesgo para los habitantes, ya que esas edificaciones, muchas veces construidas con materiales livianos, no son capaces de resistir un evento sísmico.
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«Este es un fenómeno que ha ido creciendo en el último tiempo. Los campamentos, la edificación espontánea, la autoconstrucción y ampliaciones sin regular. Es muy difícil controlar o planificar eso», denunció Aguilera.
«Cuando hablamos de crecimiento espontáneo es más complejo porque falta regulación. No tenemos la capacidad de fiscalizar. Y fiscalizar también se hace complejo porque ¿qué es lo que se logra con ello, cuáles son las soluciones que das de vivienda a toda esa gente?», agregó la arquitecta.
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Hoy Chile enfrenta el mayor déficit de vivienda de los últimos 30 años. Las cifras conocidas indican que hay más de 641.000 familias sin casa en el país. Muchas de estas familias viven en casas de familiares con ampliaciones no reguladas y que no cumplen la normativa de edificación. El Ejecutivo lanzó a mediados de 2022 su Plan de Emergencia Habitacional 2022-2025. La meta del Gobierno es entregar 260.000 viviendas durante su periodo. Cifra que está lejos de solucionar el problema de los sin casa.
«Estamos muy alejados de tener una solución real. Las áreas de riesgo están superidentificadas en la ciudad, pero también con el cambio climático han ido modificándose. La expansión urbana, la desertificación de la ciudad, la construcción en áreas de altura, en quebradas. Los cauces de ríos. Todo eso va a sumar en el caso de una catástrofe», puntualizó la arquitecta.
«Necesitamos planificación»
Para el arquitecto Melvin Vidal Araneda, jefe de edificación de la Municipalidad de Ñuñoa (al noroeste de Santiago), el país tiene un camino muy avanzado respecto a la resistencia estructural de sus construcciones, lo que hace que «Chile tenga un buen estándar en la materia».
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No obstante, Vidal señaló que hay un deber en la planificación urbana. «La metrópoli implica especificidades diferentes y hay que especializarse definitivamente, sobre todo cuando estamos hablando de áreas de riesgo y de resguardo», afirmó.
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El arquitecto puntualizó que Santiago, donde habitan más de siete millones de personas según el censo de 2017, ha vivido en las últimas décadas un intenso desarrollo inmobiliario que ha afectado el tejido urbano.
«Tenemos que controlar el crecimiento irregular o desmedido de una ciudad. Para eso necesitamos planificación y creo que en ese punto nosotros tenemos todavía ámbito en el cual avanzar», consideró Vidal.
Un punto importante sobre la construcción de edificaciones tiene que ver con el lugar donde se emplaza el proyecto. González explicó que todas las normativas de diseño sísmico tienen en cuenta el tipo de suelo sobre el cual se va a edificar. «No se puede hablar de un suelo nacional. Hay distintos tipos de suelo en todo el país», aclaró la ingeniera.
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En esa línea, Vidal comentó que los humedales «históricamente han sido devastados en la metrópolis de Santiago. Hay sectores que en algún momento fueron humedales y que hoy son vertederos de basura y escombros. Entonces, por una parte, está la depredación de los terrenos con fines inmobiliarios, pero también pueden ser autopistas, carreteras, todo lo que implica el crecimiento de la ciudad».
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Con todos los datos expuestos surge la pregunta si el país suramericano está preparado para resistir un terremoto con las mismas características que las del 2010, pero con ciudades que crecieron exponencial e irregularmente.
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«La seguridad estructural tiene estos extremos, el de toda la normativa resistente por la cual se rigen las edificaciones en altura y que sí puedan resistir un sismo de esas magnitudes. Por otro lado, tienes las viviendas que pudieran caerse por efectos del mismo sismo, ya sea por deslizamiento de tierra o salidas de mar. Grandes grupos de casas podrían desaparecer con todo el drama humano que eso implica», respondió el arquitecto.
«Sabemos que tenemos que escondernos debajo de una mesa en caso de un terremoto y no salir corriendo, pero no tenemos claro que no deberíamos construir justo en un lugar donde efectivamente se puede salir el mar, o se puede deslizar esa roca inmensa que está ahí en el cerro», finalizó Vidal.