Sr. Director
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En relación con la declaración de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, respecto al aborto, y su afirmación de que en su mayoría se realiza a niñas de 13 años, quisiera proponer una reflexión. Dado que es sabido que gran parte de los embarazos de niñas que recién comienzan su adolescencia, proviene de instancias de abuso al interior de la familia, llama la atención que la ministra no declare, inmediatamente, las medidas que se han tomado desde su Ministerio (o de algún otro) para precisamente evitar que surja o permanezca dicha vulneración en cada caso.
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En vez de ello, vemos que “hacerse cargo” del problema, significa en la práctica eliminar el resultado de la violación. Con esto, no solo se vulnera la dignidad del bebé por nacer, sino gravemente la de la misma niña, que es utilizada como un objeto, y que es sometida nuevamente a una vulneración de su cuerpo con una intervención quirúrgica invasiva, y que muchas veces ni siquiera ella misma ha elegido.
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Desde ahí, la eliminación del embarazo permite la permanencia de espacios de abuso a miles de niñas que sufren silenciosamente. Esperemos que las acciones de los organismos del estado, dedicados a la defensa de las mujeres, se dirijan precisamente a la protección de estas menores en un sentido integral y con más energía que con la que se ha defendido el aborto como la solución a un problema que, en la práctica, se limita a esconder.
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Maite Cereceda Martínez
Directora Instituto de Estudios para la Familia
Universidad San Sebastián