Este año en Chile se conmemora 50 años de la mayor masacre sufrida por el pueblo de Chile, miles de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados, presos políticos, exiliados y exonerados, todo acreditado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Comisión Rettig, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech, las leyes sobre exonerados políticos, retorno y reinserción de los exiliados políticos, además de miles de demandas judiciales procesos penales instruidos por el Poder Judicial chileno y tribunales de Argentina, España, Italia, Francia, Suiza, EEUU, entre otros países.
El golpe de Estado fue un crimen contra la paz, seguido de un genocidio nacional, dirigido en contra de partidos y organizaciones populares, militancia de la Unidad Popular, de la Izquierda, del pueblo que apoyo al gobierno del presidente Salvador Allende.
Miles de testimonios, informes, documentos y procesos criminales, dan cuenta de la participación del gobierno norteamericano, y de la burguesía de ese país, en las acciones para desestabilizar a la izquierda chilena. Fueron los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford, bajo la siniestra acción de Henry Kissinger, que, en alianza con oligarquía chilena, liderados, por Agustín Edwards Eastman, Ricardo Claro Valdés, el clan Larraín, el clan Matte, entre otros, y la oficialidad de la FFAA y Carabineros, principalmente de la Armada de Chile consumaron el golpe.
Al mismo tiempo, que ahora nos aprestamos a conmemorar 50 años del mayor genocidio contra el pueblo de Chile, la derecha sediciosa, la que provocó esa tragedia popular, la misma, que mediante el almirante Jorge José Montt causó el golpe de Estado contra Balmaceda, la misma derecha facciosa de las matanzas de la Escuela Santa María y la oficina salitrera La Coruña, la misma del golpismo parlamentario y legalizado por la llamada “Ley Maldita”, hoy se apresta a retomar el poder total, ya tienen el poder económico, mediático y militar, les falta el gobierno. Y para consolidar todo su avance tienen ahora entre sus manos el proceso constituyente que les permitirá profundizar la actual Constitución, retrotrayéndola a sus orígenes dictatoriales, de la constitución de Jaime Guzmán, incluso descartando las reformas constitucionales hechas en la llamada transición democrática, por Aylwin y Lagos.
El actual proceso constitucional no es un proceso constituyente, es solo una reforma constitucional mandatada por el Congreso Nacional a ciertos órganos creados ex profeso para la ocasión: Comisión Experta, Consejo Constitucional y Comité Técnico de Admisibilidad, y en algunas oportunidades la Corte Suprema, que coartan la soberanía popular.
Es un proceso constitucional que burla la decisión popular del 25 de octubre de 2020, que señaló con claridad que no quería una comisión mixta que elaborara la nueva Constitución, pues bien, lo que hoy tenemos es justamente eso, una comisión mixta: la Comisión Experta y el Consejo Constitucional, que por mandato constitucional están trabajando unidas, sobre un texto elaborado previamente por personas que nadie eligió y todo a espalda de la participación popular.
Este inaudito proceso constitucional quedó en manos del fascismo, de la ultraderecha, digámoslo directamente, quedó en manos de los golpistas y sediciosos.
El proceso constitucional en curso pretende inaugurar una nueva era neoliberal de la mano de una derecha ultraconservadora y reaccionaria. Se pretende poner fin al ciclo que buscaba el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en Chile.
Cuando se instaló el debate constitucional anterior, surgido el 18 de octubre de 2019, se hizo con la convicción que respondían a las demandas de nuestro pueblo. Nos empujaba el propósito de escribir un texto que dejara atrás los perfiles principales del modelo neoliberal y nos permitiera como país avanzar hacia otra forma de convivir y desarrollarnos. El debate tuvo como objetivó la superación de un régimen de elites, y que surgiera un régimen democrático.
Abogábamos por un orden justo, por una Nueva Constitución que debiera corregir la asimetría de poder y capacidad de negociación entre los distintos miembros y clases de la sociedad; donde el reconocimiento de los pueblos originarios como naciones preexistentes al Estado de Chile y, como tales, poseedoras de derechos colectivos, autodeterminación interna y autonomía territorial, pudiera dar paso a un Estado que reconociera esa diversidad.
Reclamábamos la necesidad de un nuevo régimen político que dejará atrás el presidencialismo autoritario y centralista, y que impulsara una distribución del poder en la ciudadanía y a descentralizar la toma de decisiones. Apelábamos a recrear y refundar el Estado, pues afirmábamos con toda certeza que la principal función del Estado es mejorar el nivel y calidad de vida de la población conforme a los dictados de la justicia social, la dignidad y los derechos humanos: un Estado descentralizado y regional.
Defendíamos un nuevo sentido de la democracia que complementara la democracia representativa, por una democracia participativa que promoviera y permitiera el mayor poder de decisión posible de los ciudadanos.
Reivindicábamos, sobre todo, una Constitución de protección de los derechos fundamentales de las personas, lo que por lejos es la mayor demanda en el tiempo presente de nuestra sociedad.
Exigíamos dejar atrás el tiempo del neoliberalismo, que nos despojó de derechos y conquistas sociales acumuladas en años de lucha por el movimiento obrero y popular, por las capas medias y los movimientos sociales; Impulsábamos una salud, educación, y servicios básicos y una jubilación orientadas a mejor las necesidades de la población, para dejar atrás los negocios de las necesidades básicas.
En consecuencia, buscábamos una constitución que pusiera fin a este modelo económico que precariza la vida, en una práctica de abuso constante y diera paso a uno que hiciera posible la sustentabilidad de la vida de las personas y la naturaleza.
Nada se consiguió. El neoliberalismo sigue reinando descaradamente. La oligarquía nada aprendió del “Estallido Social”, por el contrario, arremetieron con más fuerza y descaro en contra de la población, para recuperar todo lo que creían habían perdido producto de la “violencia popular callejera”.
En el ciclo que viene, Chile vivirá la batalla de ideas más importantes de las últimas décadas, por el lado de la oligarquía nacional pretenderá aprobar un texto constitucional que marcará una profundización y consolidación de las instituciones neoliberales, tendrán “una oportunidad de oro” para sacarse la “piedra del zapato” de la permanente critica al plebiscito de 1980, que dio aprobada la constitución de Jaime Guzmán, por haberse desarrollado en dictadura tuvo como objetivo revitalizar la cultura de seguridad nacional que asegure sus privilegios mal habidos y conseguidos a través de una dictadura sanguinaria. Ahora, en diciembre de este año la derecha y las élites de este país buscarán de nuevo apropiarse del futuro y mantener sus privilegios, tratarán de convencernos que lo vivido hasta ahora es lo mejor que nos puede pasar como sociedad.
La nueva propuesta constitucional, diseñado por Javier Macaya, de la UDI, de Chile Vamos, y enmendada por los consejeros del Partido Republicano, de Kast, no perfilará un nuevo Chile, no construirá una nueva democracia. No avivará el encuentro entre chilenos y chilenas. No podremos reconocernos en lo que somos: hombres, mujeres, diversidades, pueblos originarios, el país y sus regiones, todas y todos legitimados como parte de la sociedad en sus derechos fundamentales.
En una actitud opuesta. Las mayorías nacionales estarán en contra de mantener instituciones corrompidas que solo aseguran el abuso y el saqueo de nuestros recursos naturales. Nosotros insistiremos en construir un modo de convivir y de pensar, un tipo de desarrollo que garantice bienestar a todos los que habitamos estas fronteras.
Se abre un tiempo de resistencia para el pueblo de Chile, en que los males sociales no serán superados en términos inmediatos, se abre la lucha contra la corrupción de una institucionalidad que actúan en el secretismo y la impunidad; en que el abandono de los pobres y excluidos, de los niños y ancianos, se considera natural; de responsables políticos que se escudan en sus prerrogativas para legislar a espaldas de la gente y sobreviven con un poquito de democracia.
La salida de millones a las calles fue por un futuro mejor, distinto al presente, por tanto, votar “EN CONTRA” es la decisión de no volver atrás. La propuesta constitucional que se pretende imponer no será el cierre de un pasado repudiado, sino todo lo contrario su continuidad. El texto constitucional que votaremos “EN CONTRA”, busca consolidar la sociedad neoliberal de la UDI, y republicanos, RN, será la base de un pacto social de la oligarquía chilena, para reprimir los intereses de las organizaciones sindicales y sociales; la de los colectivos y los territorios para impedir nuevas estructuras comunales y regionales; atacar a los partidos populares y progresistas; para frenar el progreso, basados en la justicia social y en la plena voluntad de ciudadanos y ciudadanas expresadas democráticamente, para doblegar la soberanía nacional y generar el saqueo a destajo de nuestro recursos naturales.
Todo eso que repudiamos será la nueva propuesta de Constitución Política, es por ello que anunciamos y hacemos un llamado al pueblo de Chile a que iniciemos el camino a una
Asamblea Constituyente que surja del debate popular y la más amplia participación ciudadana, y que este 17 de diciembre de 2023 votemos “EN CONTRA”.
El proceso constitucional fue producto de un fuerte y mayoritario movimiento de protesta social, su plena implementación sigue dependiendo de la organización, movilización y participación de las mayorías nacionales. El poder debe volver a su legítimo soberano, el pueblo de Chile, y a ese caminar están todos y todas invitadas. Iniciamos nuevamente el camino.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Patricio Altamirano Arancibia – Sociólogo. Doctor en Procesos sociales y Políticos en América Latina. Candidato a Doctor en Ciencias políticas.
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