Los cultivos de hoja de coca en Colombia crecieron 13% durante el año pasado, de 204.000 hectáreas en 2021 a 230.000 en 2022, según el Informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), presentado este 11 de septiembre en Bogotá.
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El mayor incremento se concentró en los departamentos fronterizos de Putumayo, Norte de Santander y Nariño, con el 65% de toda la coca del país.
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En Norte de Santander, donde se ubica la región del Catatumbo —el mayor enclave de cultivos de la hoja ancestral—, fueron contabilizadas cerca de 28.000 hectáreas sembradas de coca.
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Tibú, en el Catatumbo, concentró 22.000 hectáreas. Le siguen Tumaco (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo).
#Colombia 🇨🇴 | En #Bogotá presentamos junto al @MinjusticiaCo los resultados del 🆕 Monitoreo de Territorios con Presencia de #CultivosDeCoca en #Colombia 🇨🇴 para 2022.
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— UNODC Región Andina y Cono Sur (@UNODCROCOL) September 11, 2023
Las zonas con mayor cantidad de cultivos ilícitos son también las que registran mayor presencia de grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.
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«El 49% de la coca se localiza en zonas de manejo especial: 19% en tierras de comunidades negras, 15% en reservas forestales, 10% en resguardos indígenas y 5% en parques nacionales naturales», observa el informe.
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Paralelamente, se identificó un alza de 24% en la producción de clorhidrato de cocaína, lo que significa hasta 1.738 toneladas del estupefaciente.
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Según la representante regional de UNODC para la región andina y el Cono Sur, Candice Welsch, «los grupos ilegales prefieren generar dinero en lugar de mantener el control territorial», lo que «contribuye a que las zonas estratégicas, donde los cultivos de coca se ubican, sean donde se facilita la producción y tráfico, como las fronteras terrestres y marítimas de Nariño, Catatumbo y Putumayo».
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Las nuevas cifras sobre cultivos ilegales de hoja de coca en el país sudamericano se conocen poco después de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, que se realizó del 7 al 9 de septiembre en la ciudad de Cali. Al finalizar el encuentro, los Gobiernos de México y Colombia acordaron combatir el tráfico y el consumo de drogas desde las causas y dejar atrás las medidas coercitivas y el paradigma de la «guerra contra las drogas» impulsado desde Estados Unidos.
Sobre los nuevos lineamientos para acabar con las mafias asociadas al narcotráfico, Candice Welsch aseguró que, desde la UNODC, «vemos con optimismo que la política de drogas del Gobierno de Colombia, socializada hace dos días, contó con una construcción mucho más participativa, que acerca las perspectivas del Gobierno y la comunidad».
La nueva estrategia, diseñada para los siguientes 10 años, busca reducir 40% la producción de cocaína durante los tres años que restan a la administración actual. Asismimo, busca apoyar a 50.000 de las cerca de 115.000 familias que viven del cultivo de coca, con el objetivo de conducirlas a las economías legales.
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Desde su llegada a la presidencia, en agosto de 2022, Gustavo Petro ha insistido en la necesidad de cambiar el paradigma de la guerra contra las drogas. Entre sus propuestas, el jefe de Estado colombiano ha pedido dejar de criminalizar a los cultivadores y enfocarse en las organizaciones criminales.
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Colombia y México «somos las mayores víctimas de esta política [antinarcóticos]. Eso es lo que ha provocado la política oficial de guerra contra las drogas en nuestra América Latina, un genocidio», subrayó Gustavo Petro el 9 de septiembre.
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«Tenemos esa experiencia de 50 años, una experiencia sanguinaria y feroz, y se empieza a repetir desde hace algunas décadas en otros países como México. Por eso, quizás el hecho de que sean Colombia y México los citantes de esta reunión tiene un sentido, un valor en el planeta Tierra, en la humanidad».