El miércoles pasado di cuenta de un problema que aqueja a los vecinos de un sector de La Florida. La matriz de aguas servidas colapsó y la mierda corre por las calles y por entre los juegos de los niños en una plaza.
Expresé que el acalde debe sentarse con Aguas Andinas para contrarrestar la información que el Municipio posee con la que dice poseer la empresa, que al parecer serían contradictorias, y junto al equipo jurídico municipal defender los intereses de los vecinos, pues ese debiera ser el principal objetivo de la contratación de abogados en la Municipalidad.
Señalé que en la dictadura se hicieron muchas privatizaciones y esa es la razón por la cual cuesta tanto llegar a entendimientos con este tipo de empresas frente a un problema territorial. Cuando mencioné aquello, Rodolfo Cárter me dijo que tenía que estudiar historia, puesto que EMOS se había vendido con Frei y no en la dictadura, burlándose de las dificultades que crearon las privatizaciones: “hay que hacer una corrección concejala Abedrapo, porque incluso para hacer observaciones hay que estudiar un poco de historia. Aguas Andinas era conocida como EMOS y EMOS fue vendida en 1994, a capitales españoles, durante el gobierno de Eduardo Frei. No fue vendida en la dictadura y la derecha fascista y todo lo que ustedes siempre levantan con la bandera roja y el puño en alto (…) quiero creer, usted jamás actuaría con mala voluntad, eso sería una maledicencia de mi parte (…) nosotros podemos hablar como un cliente más, porque eso es lo que somos, somos clientes de aguas andinas, como un cliente grande, pero somos un cliente más. Entonces cuando usted hace estas alocuciones… salvo que usted crea que Frei era un dictador, tal vez lo era.” Luego de esto Cárter habló sobre el problema de la fijación de precios, cuestión que nada tiene que ver con el asunto planteado.
El peligro de la arrogancia es equivocarse y quedar en ridículo. La venta de EMOS no se realizó en 1994 sino en 1999, luego de que se aprobara un proyecto de ley presentado por Frei en 1997, resistido por los sindicatos de trabajadores de las sanitarias y muy discutido a nivel nacional. Pero el proceso de privatización no comenzó con la materialización de la venta, sino mucho antes.
Luego de promulgada la Constitución de 1980, se establece en 1981 el Código de Aguas, el cual, si bien establece al agua como un bien natural de uso público, concibe “derechos de aprovechamiento” sobre la función de interés público.[1] Pero antes, ya en 1977, transcurrido apenas cuatro años del golpe cívico-militar, la Junta golpista formó el Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS), que posibilitó la formación de empresas estatales autónomas, sin fiscalización externa, pues SENDOS era a su vez el organismo fiscalizador, debilitando la estructura del servicio.[2]
En 1988, la dictadura establece las reglas de operación de las empresas sanitarias, a través del DFL 382. Esta “Ley General de Servicios Sanitarios” permite otorgar concesiones de servicios sanitarios, y posibilita que SENDOS pase a ser una Sociedad Anónima. Al año siguiente, a través de la Ley 18.777, ESVAL y EMOS se convierten también en empresas S.A.[3]
En 1990, Aylwin cumple con el compromiso de crear la Superintendencia de Servicios Sanitarios, como organismo técnico, normativo y fiscalizador, separando las funciones de fiscalización de las de provisión, pero mantuvo la característica de sociedades anónimas a las sanitarias, estableciendo algunas empresas concesionarias de propiedad privada para ciertas localidades. Así por ejemplo, se otorga la concesión por 30 años de un área costera del litoral sur de Esval.
Esta estructura posibilita al próximo presidente del país, Eduardo Frei, proceder a la venta de las sanitarias como estrategia para aumentar las inversiones, en el contexto de la crisis asiática, siguiendo las recomendaciones neoliberales del FMI. Tras un año de discusión, en 1998 se dicta la Ley 19.549, que estableció un 35% de la propiedad de las sanitarias para el Estado, en desmedro frente a la participación privada. Al año siguiente las acciones de EMOS fueron adquiridas por capitales españoles y tres años después cambiaba su nombre a Aguas Andinas.
En el gobierno de Ricardo Lagos se suprimió la exigencia al Estado de conservar un porcentaje mínimo y, además, se crea la figura de “transferencia del derecho de explotación de las concesiones sanitarias”, licitando el derecho de explotación hasta por 30 años a una misma empresa. Con esta reforma se termina de concesionar a privados en el resto del país.
El 2011 Piñera vende la participación del Estado a las sociedades anónimas: un 24% de Esval, 38% de Essbio y 30% de Aguas Andinas, manteniendo el Estado sólo un 5% de participación en estas empresas a nivel nacional.
Así fue como Chile dejó de ganar 153 millones de dólares por la venta de acciones de Aguas Andinas. Para Lagos esta “fue una operación ideológica que no tiene ninguna justificación económica. Esos 1.600 millones que recolectaron estaban más que cubiertos en los fondos que venían del cobre y que fueron extra. Por lo tanto, no había un problema de falta de recursos financieros para justificar esta medida”,[4] pero, sin embargo, es oportuno recordar que su propio mandato ayudó a forjar ese camino privatizador de las aguas. Más que hablar de una operación ideológica, es necesario recalcar que aquí estamos frente a una apropiación de un recurso esencial, para el enriquecimiento de familias que basan su poder en el acaparamiento de los bienes que otrora fueron del país, y que incluso son imprescindibles para la sobrevivencia. Explicar este mal negocio, que significa pérdidas incalculables para el Estado por una tozudez ideológica, invisibiliza la intención de robarle a todos los chilenos.
Luego de la venta de estas acciones, se instaló en el directorio de Aguas Andinas: Gonzalo Rojas, Gerente General del Grupo Bethia, Rodrigo Manubens en nombre del Grupo Luksic y Luis Hernán Paul representando a las AFP, en tanto CORFO salió del directorio.
Entre 1973 y 1990 se privatizaron 725 empresas pertenecientes a CORFO. Debido a la descapitalización del sector privado, la CORFO entregó gran cantidad de créditos, sin exigir patrimonio, declarándose la mayoría de las empresas sin solvencia para realizar devolución[5]. Esto significó una pérdida incalculable para el erario público.
A 50 años del golpe de Estado debiéramos tener claro que esta es una de las tristes herencias de la dictadura, profundizada por los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos, que no sólo no hicieron nada para revertirla, sino que promovieron y promulgaron leyes que facilitaron la inversión privada en empresas públicas hasta su completa privatización, que, en el caso de las sanitarias, Piñera se encargó de consolidar.
Aguas Andinas hoy es una compañía monopólica que se presenta a sí misma como la empresa de servicios ambientales más grande de Chile.[6] Lo que no nos cuentan es que las utilidades que se generan la convierten en un negocio muy rentable que se va a pocos bolsillos, en vez de aprovechar este beneficio para el desarrollo estratégico del país y asegurar que el agua llegue a cada localidad, al mismo tiempo que el tratamiento de las aguas servidas se realice oportunamente en condiciones seguras.
El agua es un bien natural que en casi todo el mundo no tiene dueños, porque los beneficiarios de ella somos todos, incluidos humanos, animales, insectos, plantas y microorganismos. Todos quienes conformamos el ecosistema de este planeta hermoso, o casi todos, para ser más exactos, puesto que Chile es la excepción a la regla, y en esta larga faja de tierra acceder libremente a ella es un privilegio.
El mes de la memoria es también el mes de la patria. Coincidentemente también en el territorio puede observarse cómo la defraudación que se ha hecho del Estado tiene penosas consecuencias, cuando vemos que no hay respuestas satisfactorias ante un problema sanitario, por parte de una empresa que fue privatizada. Los argumentos de libremercado de políticas económicas neoliberales han sido una burda excusa para justificar la apropiación indebida de los bienes de todos los compatriotas ¡Que recupere Chile su economía! Que los recursos vuelvan al Estado para ser usados con visión estratégica de desarrollo, para que podemos gritar con fuerza ¡Viva Chile!
[1] Código de Aguas: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=5605
[2] Historia del sector sanitario en Chile, SISS. http://www.siss.gob.cl/586/w3-article-3681.html
[3] Senado de La República de Chile. “Historia de la regulación de los servicios Sanitarios.” file:///C:/Users/matia/Downloads/archivo.pdf
[4] https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/10/27/los-153-millones-de-dolares-que-dejo-de-ganar-el-estado-por-la-venta-de-acciones-de-aguas-andinas/
[5] Alicia Cariazzo. “Las privatizaciones en Chile 73-90.” Le Monde Diplomatique, https://www.lemondediplomatique.cl/las-privatizaciones-en-el-chile-73-90-por-alicia-gariazzo.html
[6] Empresa Aguas Andinas. https://www.aguasandinas.cl/web/aguasandinas/conocenos
LA OPINIÓN DE LA AUTORA NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Marcela Abedrapo Iglesias – Concejala de La Florida. Licenciada en Historia y Doctorante en Estudios Transdisciplinares Latinoamericanos. Fue dirigente secundaria en el Liceo 1, y universitaria en la Universidad de Chile y UAHC. Militó en las JJCC desde los 15 años y hoy es miembro del Partido Comunista.
.
