- La Cámara apoyó las conclusiones y recomendaciones propuestas por esta comisión que tuvo su foco en la situación de la macrozona norte. En el texto se valoran los avances en el control migratorio y se llamó a fortalecer a instituciones como la PDI, Carabineros, Aduanas y Ministerio Público.
Por unanimidad, la Sala de la Cámara aprobó el informe de la comisión investigadora (CEI 11) sobre nuevas formas de criminalidad en Chile y sus consecuencias, análisis que tuvo un foco especial en la macrozona norte (MZN).
El texto de conclusiones y recomendaciones lo presentó quien fuera el presidente del grupo parlamentario, diputado Jaime Araya (IND). Allí se valora el fortalecimiento de la presencia del Estado en la frontera mediante el accionar de las FFAA. Esto, conforme lo permite la reforma constitucional que habilitó la puesta en marcha de la normativa sobre infraestructura crítica.
Como propuesta, se sugiere impartir instrucciones precisas, claras y taxativas al Servicio Nacional de Migraciones para materializar las expulsiones administrativas que se encuentran pendientes desde larga data. Igualmente, para acelerar los procesos sobre ingreso irregular por pasos no habilitados que se hayan efectuado desde septiembre 2021 a la fecha.
Del mismo modo, se llama a priorizar el orden de ejecución de las expulsiones decretadas, sobre la base de criterios objetivos. En tal plano, se espera poner el énfasis en la expulsión de aquellos extranjeros que tengan antecedentes penales en su país.
También se piden medidas que faciliten e incentiven la regularización migratoria. Para ello se postula establecer canales de información claros y mejorar el acceso a plataformas administrativas y tecnológicas.
En el informe, del mismo modo, se valora la puesta en marcha del sistema de registro biométrico. Sin embargo, se critica el estado de los complejos fronterizos, los cuales se solita modernizar. La idea es robustecer las acciones de control, optimizar las experiencias de los usuarios y dar garantías de seguridad a la población.
Por otra parte, se plantea elaborar un plan de construcción de nuevos recintos penitenciarios y una intervención enérgica al interior de estos.
Interior, RREE y Ministerio Público
El texto reconoce el trabajo de la Subsecretaría del Interior, en su rol político – técnico, para el combate del crimen organizado. Pero se requiere integrar a las y los parlamentarios en los espacios de toma de decisiones, dada su cercanía a la ciudadanía.
Junto a ello, se propone maximizar esfuerzos para que los procesos de compras públicas puedan ejecutarse de manera acelerada. El objetivo es acceder a recursos logísticos y tecnológicos que permitan enfrentar los nuevos fenómenos de criminalidad.
A la cancillería se le insta a arribar a un acuerdo para reconducciones con Bolivia. Adicionalmente, se le pide lograr que se vuelvan a autorizar los vuelos charter con destino a Venezuela, para facilitar las expulsiones.
El informe releva el trabajo del Ministerio Publico en la detección y combate a las nuevas formas de criminalidad que arribaron a la MZN.
“El ente persecutor se ha ido adelantando al desarrollo del fenómeno criminal que llegó desde el extranjero que, hoy por hoy, se caracteriza por su alto poder de fuego, aumento de la violencia, utilización del homicidio como expresión del control territorial, así como la comisión de delitos extorsivos de alto impacto en las ciudades del norte de Chile”, remarca el texto.
Se estima imperioso que la Fiscalía analice sus dotaciones y medios materiales con que cuenta. Del mismo modo, se espera el diseño de protocolos de seguridad y la creación de una unidad especializada en el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Otras propuestas
El grupo parlamentario constató precariedad en las dotaciones de las policías, en particular en el norte. Junto a ello, se observa la necesidad de entregarles herramientas tecnológicas y recursos necesarios para el desarrollo de su labor de controlar la criminalidad, como equipos de investigación forense, sistemas de análisis de datos y comunicaciones eficientes.
Además, se insta a revisar la extensión de los turnos y las condiciones de descanso del personal de Carabineros y la PDI en fronteras.
Otra propuesta es avanzar hacia una policía especializada fronteriza fortalecida, alojada en las instituciones policiales civiles. “Para esto se deben generar cambios al OS-3 de Carabineros, pasando de un organismo asesor técnico a una institución especializada para los efectos de todos los servicios operativos de fronteras”, se postula.
Y, entre otros planteamientos, se pide garantizar la operatividad de las fuerzas policiales en el territorio; tener mejores políticas de retención del personal; prevenir la corrupción y cooptación de las instituciones; generar una estrategia de cooperación internacional efectiva; mejorar el equipamiento e instalaciones de las fronteras; ampliar las condiciones para el levantamiento del secreto bancario referido al crimen organizado; y fortalecer el rol y el financiamiento del Servicio Nacional de Aduanas.
Llamado a aprobar
En el debate de este informe participaron Renzo Trisotti (UDI), Carolina Tello (PC), Matías Ramírez (PC), Jaime Araya (IND), Sebastián Videla (IND), Yovana Ahumada (IND), Francisco Pulgar (IND), Andrés Jouannet (AMA), Joanna Pérez (DEM) y Luis Malla (PL).
El llamado generalizado fue para aprobar el texto de conclusiones y propuestas, aunque hubo matices en las apreciaciones, en particular en lo referente a las acciones emprendidas por el Estado a la fecha para enfrentar el actual nivel de criminalidad.
Particularmente, desde la derecha, hubo críticas por la baja en las expulsiones y no se dudó en acusar lentitud y retraso en el accionar del Gobierno. En la izquierda, en tanto, se valoró que la actual administración emprendiera importantes inversiones para cerrar históricas brechas en tecnología, infraestructura y control fronterizo.
En todo caso, hubo coincidencia en la necesidad de mejorar las dotaciones de las policías, Aduanas y fiscales. Igualmente, para entregarles mejores instalaciones y herramientas de control y de combate contra el crimen organizado. También en orden a garantizar la seguridad de estos funcionarios y otorgarles condiciones laborales dignas.