- «No me corresponde decir si hay un mecanismo», dijo Bermúdez, aludiendo la «falta de institucionalidad» que permitió filtrar «virus de la corrupción», cifrando además en 19 las fundaciones auditadas.
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El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, expuso este jueves ante la Comisión Invetigadora por el Caso Convenios los resultados de los informes de fiscalización realizados a las Secretarías Regionales del Ministerio de Vivienda y diversas fundaciones.
En su intervención, la autoridad dio a conocer cuáles fueron las principales falencias detectadas en el marco del traspaso de fondos públicos entre reparticiones del Estado y entidades sin fines del lucro, asegurando que actualmente existe «un cóctel de dificultades para realizar las maniobras de control».
En detalle, son «19 fundaciones las que han sido objeto de los distintos informes de auditoría» respecto de convenios que fueron suscritos entre 2021 y 2023.
«El problema de las transferencias no es una cosa nueva, pero es un problema y debilidad sistémica que tiene el Estado en esta materia. Vemos bien lo que se propone en el proyecto de presupuesto para regular estas transferencias», fue el inicio de su exposición.
Como parte de las «debilidades» detectadas en el actual sistema de traspaso de fondos, el contralor apuntó a la «falta de institucionalidad» y a que las transferencias «no cuentan con una regulación adecuada», lo que permitió que «se haya colado el virus de la corrupción».
Por otro lado, Bermúdez mencionó que se detectó una «discreción al designar los recursos», puesto que la normativa actual permite traspasar fondos vía transferencia directa; y también se evidenció que en los convenios hubo una «excesiva discrecionalidad en la definición de los proyectos que se financian por vía de transferencia».
«Observaciones se repiten en la mayoría de los casos»
De acuerdo con Bermúdez, las observaciones antes mencionadas se «repiten en la mayoría de los casos», las cuales coinciden con el modo de operar de la fundación Democracia Viva en Antofagasta, hecho que destapó el Caso Convenios.
Concretamente, en las Seremis de Vivienda de 15 regiones se detectaron irregularidades en la suscripción de convenios con fundaciones: Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Magallanes.
En primer lugar, la autoridad fue clara en mencionar que «pagar caro no es ilegal», sin embargo, lo relevante es «contar con la documentación adecuada para comprobar el monto del servicio» y la correcta asignación de los fondos públicos.
En ese contexto, los contratos suscritos entre las reparticiones del Estado y las entidades sin fines de lucro repiten, en la mayoría de casos, las irregularidades:
- Falta de procedimiento formal para selección de las entidades que ejecutarán los proyectos del Programa Asentamientos Precarios.
- Asignación directa de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras sin fundamentación.
- Falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto, que fundamentan el monto de la transferencia.
- Ausencia de cauciones para el cumplimiento de los convenios de transferencia.
- Falta de exigencia de los planes de trabajo.
- Personas contratadas por fundaciones que se desempeñan en dependencias del Serviu o de la Seremi respectiva.
- Control de las rendiciones efectuado por la Seremi respectiva a través de planillas Excel.
- Falta de control y monitoreo oportuno de la ejecución de los convenios.
- Falta de comunicación a las entidades privadas de las objeciones formuladas a las rendiciones de cuenta.
- Falta de motivación del acto administrativo que aprueba los convenios de transferencia.
- Falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades convenidas y su falta de experiencia en las iniciativas encomendadas.
- Falta al deber de abstención y eventual vulneración al principio de probidad.
- Separación de iniciativas en distintos convenios (fraccionamiento).
- Persona contratada por la entidad privada que se desempeñaba en dependencias de la Seremi.
- Distintas faltas en los planes de trabajo de las actividades a ejecutar por las entidades privadas.
- Falta de aplicación de cláusulas contractuales previstas (ej. Multas, término anticipado), en la oportunidad debida.
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Al mencionar estos puntos, el representante del máximo ente fiscalizador del país precisó que «las personas contratadas por fundaciones y que trabajan en la Seremi o Serviu solo se dan dos regiones: Antofagasta y O’Higgins, eso es importante y hay que transparentalo».
Pese a lo anterior, Bermúdez señaló «no atreverse» a afirmar que existe un modus operandis específico entre las fundaciones.
«Si hay un modus operandi o no entre las fundaciones, no me atrevería decir algo así», añadió.
Fuente: 24horas.cl