Un tribunal de la provincia argentina de Río Negro (sur) sentenció a cinco agentes de la Prefectura Naval a penas de entre cuatro y cinco años de prisión por el homicidio agravado del mapuche Rafael Nahuel, asesinado hace seis años durante un desalojo en el que intervino el Grupo Albatros del cuerpo policial.
«El Tribunal Oral en lo Criminal de General Roca condenó a cinco prefectos por homicidio agravado con exceso en la legítima defensa, a penas de entre cuatro y cinco años de prisión», confirmó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en las redes sociales.
El agente Sergio Guillermo Cavia recibió cinco años de prisión, y sus compañeros Francisco Javier Pinto, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García fueron condenados a cuatro años y seis meses por homicidio agravado por el uso de armas de fuego en exceso de la legítima defensa.
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El tribunal también inhabilitó al primer prefecto a cumplir funciones por ocho años, y a los demás, por siete. La Secretaría de Derechos Humanos, que intervino en el juicio como parte querellante, había pedido cadena perpetua para los acusados. El juicio, que comenzó el 14 de agosto y duró tres meses y medio, se desarrolló a lo largo de 20 audiencias por las que pasaron 63 testigos.
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El asesinato de Nahuel, un joven de 22 años de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, tuvo lugar el 25 de noviembre de 2017 dentro de un territorio considerado ancestral por su comunidad en el Parque Nacional Nahuel Huapi, a unos 30 kilómetros de la ciudad patagónica de Bariloche.
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Durante la incursión en ese predio, los agentes dispararon al menos 151 balas y una de ellas alcanzó a Nahuel mientras escapaba. El proyectil, que ingresó por la cadera izquierda, alcanzó varios órganos vitales del joven hasta quedar alojado debajo de la axila derecha.
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El homicidio del joven mapuche fue justificado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, excandidata presidencial en las elecciones generales de octubre, que durante su gestión criminalizó las protestas sociales.
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Quien puede llegar a ocupar el mismo cargo en el próximo Gobierno que presidirá Javier Milei a partir del 10 de diciembre consideró que el homicidio de Nahuel se produjo en el marco de un enfrentamiento, y que por lo tanto se trató de una acción «legal» frente a otra «ilegal, violenta e inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz».
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Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 29 de diciembre.