En esta columna quiero destacar a una abogada comprometida, Pamela Pereira, que, me parece, merece más reconocimiento que al que ha recibido. Defensora de los derechos humanos en los oscuros tiempos de la dictadura, representante de las víctimas de Paine e incansable luchadora contra la impunidad por violaciones atroces, Pamela Pereira investigó casos emblemáticos como lo de Carlos Prats y Sofia Cuthbert, asesinados por la Operación Cóndor en Buenos Aires en 1974 (antes de la institucionalización formal de la Operación Cóndor), y la desaparición/asesinato de su propio padre, Andrés Pereira.
Ella colaboró con La Vicaría de la Solidaridad y La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) en Chile. Fue una de las fundadoras de La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam) y la dirigió durante tres períodos. Asistió a la familia Allende, notablemente la senadora Isabel Allende, en 2011, en la investigación sobre la muerte del presidente Salvador Allende y la exhumación de su cuerpo (http://www.isabelallendebussi.cl/abogada-pamela-pereira-espera-confiada-la-exhumacion/). Participó en la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos entre 1999 y 2000 para resolver casos de violaciones de derechos humanos y exigir que las FF.AA. reconocieren dicha represión. Integró la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública de Chile y el directorio del Instituto de Derechos Humanos. Brindó cursos como Profesora de Derecho Penal en la Universidad de Chile.
Pamela Pereira fue siempre una persona valiente, directa, firme, que hizo perspicaces declaraciones en defensa de los DD.HH. En un discurso en la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos en agosto de 1999, analizó: “El modelo se nos impuso [la dictadura] a sangre y fuego, y eso explica el porqué el gobierno de las FF.AA. llevó adelante políticas represivas de carácter institucional, sistemáticas y masivas que claramente tuvieron por objeto exterminar, hacer pedazos toda estructura real o potencial de los partidos políticos de izquierda, de los sindicatos, organizaciones estudiantiles y sociales”.
La jurista comentó en 2002 sobre el caso de Prats en la Argentina. Prats y su esposa fueron asesinados con explosión de bomba, que destrozó su auto en una calle de Buenos Aires, muy semejante al asesinato de Orlando Letelier en Washington D.C. dos años más tarde, en 1976. El siniestro agente de la DINA y la Operación Cóndor, Michael Townley, admitió su responsabilidad en ambos casos. Sobre el caso, Pamela Pereira dijo: “El Ejército chileno nunca ha explicitado una voluntad de esclarecer, investigar y sancionar a los responsables en estos hechos. Hay una deuda pendiente del Ejército con el general Prats. En alguna medida lo han reparado desde el punto de vista de su dignidad e integridad personal al reconocerle los honores militares con la misa en la Escuela Militar, pero eso no es suficiente. Fue un paso que la familia valora, pero insuficiente”, indicó. “Ellos deben tomar una opción y creo que hoy no tienen otra que ponerse de parte de la víctima y no de los victimarios. Eso se traduce en que definitivamente dejen de prestar colaboración a la defensa y a los intereses de quienes están procesados ya por el crimen de su ex comandante en jefe. Me conformo con que tome la actitud correcta desde el punto de vista ético institucional, cooperar con la familia de la víctima y no con los victimarios”. La sentencia dictada el 30 de junio de 2008 por el juez de primera instancia, Alejandro Solís, fue ratificado por La Corte de Apelaciones de Santiago en 2009. Manuel Contreras – entre otros—fue condenado por este crimen. Contreras recibió una doble cadena perpetua como autor del delito de homicidio calificado, una sentencia ratificada por la Corte Suprema en 2010.
En 2013, el triste aniversario 40 del golpe militar, Contreras—ya procesado o condenado por múltiples secuestros, desapariciones y asesinatos– y su abogado ofrecieron supuestamente nueva información sobre los crímenes de la dictadura, a cambio de beneficios. Pereira exclamó que la propuesta fue “macabra”. Esta presunta información fue “un chantaje a la opinión pública, a los sentimientos de las familias y al país entero” dijo Pamela Pereira. “Personas como Contreras tienen múltiples condenas dictadas, por lo que estas declaraciones no tienen ningún valor”. En 2013 ella dijo a CNN que el Ejército podría esclarecer los casos de violación de los DD.HH.: “No tengo duda que la información las Fuerzas Armadas la tienen toda”, insistió.
Pamela Pereira estuvo preocupada de que el tema de los DD.HH. a veces no fuera muy conveniente para los políticos. Dijo al periodista Pablo Basadre, en una entrevista de El Mostrador en 2008, que los gobiernos de la Concertación siempre han pensado en la idea de un «punto final» para cerrar el tema de los derechos humanos. Ella, que era integrante del Partido Socialista, parte de la Concertación, explicó que “los DD.HH. son temas valóricos. Y con la misma tranquilidad que converso con usted, lo puedo hacer con un ex presidente. Como lo hice en muchas oportunidades que fue necesario cuando me di cuenta que se estaba intentado poner punto final al tema de los derechos humanos en nuestro país…Ha habido varios intentos de punto final. Ese es el gran pecado de la Concertación. A mí me ha tocado ser protagonista de tirar al suelo esas leyes».
El padre de Pamela Pereira fue desaparecido en 1973. Para citar un artículo de Elizabeth Lira y Hugo Rojas (https://www.redalyc.org/journal/459/45973873013/html/): “Andrés Pereira Salsberg fue detenido el 16 de octubre de 1973, a los 54 años, en la localidad de Paine, a 45 kms. al sur de Santiago. Después del golpe de estado, un contingente de la Escuela de Infantería de San Bernardo allanó los asentamientos de la reforma agraria y detuvo a un número no precisado de campesinos. También detuvo a dirigentes políticos locales, entre los que estaba Pereira, dirigente del Partido Radical y presidente local de la Unidad Popular. Sus familiares interpusieron recursos de amparo para conocer su paradero, los que fueron rechazados. Pereira se convirtió en un detenido desaparecido.” Solo en 2022 la Corte Suprema finalizó las sentencias condenatorias contra los que ejecutaron a Pereira y otras 37 personas secuestradas en Paine. Como dicen los autores, Pamela Pereira trabajaba incansablemente para resolver el caso, en coordinación con muchos abogados más.
Con el paso de los años Pamela Pereira está delicada de salud y su importante rol se ha venido olvidado. Esta profesional comprometida con los DD.HH.—como tantos otros chilenos y chilenas heroicas en Chile—merece ser recordada por la historia: por sus convicciones y sus acciones para defender los DD.HH. y fortalecer las instituciones y los valores democráticos.
LA OPINIÓN DE LA AUTORA NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
J. Patrice McSherry – Es doctora de ciencias políticas y profesora emérita de Long Island University. Autora de múltiples artículos y libros y colaboradora del Instituto de Estudios Avanzados, Usach.
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