En esta temprana etapa del año parece oportuno comentar aspectos de la gestión del gobierno de Apruebo Dignidad-Socialismo Democrático respecto de un tema, se ha señalado con insistencia, sensible como es la política de seguridad pública y su impacto en los derechos humanos.
Una primera idea que surge es que, desde una mirada global, parece que esta administración está atrapada en su condición de gestor del poder del estado. Recordando una lejana idea, transitar de ser “órgano de lucha” a transformarse en “órgano de poder”, simplemente le ha pasado la cuenta.
Probablemente aquello podría explicar la falta de coraje para exponer lo que, para un segmento de la coalición, hasta marzo de 2022, reivindicó como parte de su ideario: la necesidad de reformas políticas con perspectiva de respeto de los derechos humanos. La experiencia de estos meses está siendo decepcionante.
Y no es que se esperara mucho más que esta gestión se encuadrara en el programa por la que fue electa, es decir, un marco que hablaba, en ámbitos de DDHH de refundación de Carabineros, del resguardo del derecho a la manifestación, de la liberación de los presos de la revuelta, del acompañamiento a las víctimas de la represión de los agentes del estado, enmarcado en el principio de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.
Pero la realidad ha sido esquiva con aquellas mínimas expectativas. Por cierto que el proceso se ha vuelto complejo, en especial después del adverso resultado de septiembre de 2022, y un triunfo contradictorio, el del plebiscito de diciembre de 2023, sumado a que la coalición no cuenta con mayoría parlamentaria, una crisis económica que afecta especialmente a los sectores populares golpeados por la inflación y la cesantía, y una efectiva campaña de los grandes medios de comunicación que ha arrinconado las visiones de sentido común en torno a los fenómenos delincuenciales. Todos ingredientes sazonados con el resurgimiento de las expresiones reaccionarias de la derecha filofascista, lo que aumenta la incertidumbre respecto al futuro. Contexto que, en todo caso, no justifica abandonar aquellos elementos de avanzada que fueron ofrecidos en el programa, considerando, además, que siempre existe la posibilidad de desplegar iniciativas que repongan la convocatoria social.
Respecto de estos factores, hace imprescindible que desde el mundo de los derechos humanos, alertemos respecto de las contradicciones de las políticas públicas que se impulsan como respuesta en particular al fenómeno de la delincuencia, abordándolos con criterios de realidad, pues ya está demostrado que cuando se construye una norma “antidelincuencia” se dota al estado, más temprano que tarde, de herramientas para la persecución de la disidencia política.
Del amplio rango de expresiones de esta agenda por la seguridad pública, hay algunas categorías que requieren una aproximación específica, de modo de enunciar aquellos aspectos, se han identificado tres dimensiones que permiten entender esta deriva reaccionaria y conservadora del estado y a la vez sirve de evaluación del desempeño en esta materia de parte del gobierno:
a) Punitivismo Penal.
Para la profesora Claudia Cesaroni, en su libro “Contra el punitivismo” (Argentina, 2021) podemos desprender una definición: “La deriva punitivista… puede aplicarse a una idea política, una conducta moral, una elección personal: todo puede ser considerado delito y todo puede intentar evitarse mediante la imposición de algún tipo de pena. Esa manera de abordar las diversas conflictividades es lo que llamamos punitivismo…”.
Desde la década del 2000 Chile navega por las aguas de la criminalización de lo que las élites denominan conductas antisociales. El debate sobre qué es lo incorrecto, incivilizado, barbárico y decadente en la sociedad ha permitido ir ampliando el catálogo de conductas sancionadas penalmente, o en otros casos, y/o ampliar los sujetos susceptibles de los mismos, especificando grupos sociales como la niñez, la juventud, los estudiantes, formas de representación popular como el movimiento de los sin casa, las comunidades indígenas, el mundo sindical, hoy mismo el principal sujeto de sospecha es el “inmigrante ilegal”.
A modo ejemplar, hoy la actividad parlamentaria está centrada en lo que se ha llamado como “fast track” legislativo, un paquete de 31 proyectos de ley que se han sumado a una media docena que se arrastran desde el año recién terminado (ley “Gatillo fácil”). De aquel grupo de proyectos se han aprobado 21 entre los que se cuentan materias tan singulares como la penalización del porte de combustible sin una “justificación” (Ley n° 21.620); la norma que penaliza las “tomas” (Ley n° 21.633); o modificaciones de la prisión preventiva (pendiente su promulgación);
b) Campaña comunicacional de construcción de opinión pública
Para la concreción de la primera gran “reforma” de la Reforma Procesal Penal de 2008, se requirió toda una campaña de sensibilización que permitió doblegar y controlar el programa del gobierno de la Concertación. Con bajas expectativas sobre aquella gestión neoliberal del periodo, igualmente se logró correr el cerco y lo que ya parecía una tenue estructura de garantías liberales, se pudo torcer para privilegiar la persecución de la delincuencia, en la que tuvo un estelarísimo papel los medios de comunicación que en cada noticiero o programa misceláneo mostraban el descontrol y desborde de la delincuencia.
El mecanismo que se utilizó en aquel momento ha servido como modelo permanente en estos 15 años, que en cada periodo ha permitido doblar las agendas reformistas, o conquistar gobiernos. En esta coyuntura ha sido el gran aliado de las élites al instalar no solo el tema de la seguridad al centro del debate, sino que arrinconar cualquier esfuerzo reformista.
En un estudio del académico Pablo Isla de 2021 “Mediatización de la política y politización de los medios. Las posibles implicancias del docurreality de denuncia en la televisión chilena” aborda el aspecto de la editorialización de la delincuencia en los medios: “¿en qué medida los medios logran determinar el contenido de lo que elaboran para un destinatario unilateralmente definido? Parecería más lógico concluir que la audiencia no preexiste a los medios, sino que constituye un resultado de una tentativa mediática. De este modo la audiencia correspondería a un perfil de personas a las que se espera llegar y que se describe en términos demográficos y socioeconómicos, es decir, que es más bien un resultado que un presupuesto”.
Al parecer aquí está la clave del dispositivo mediático, el mensaje es precedido por el perfilamiento que realizan los medios al editorializar un contenido -una noticia o tema expuesto-, con toda la carga que implica la propiedad, concentración y compromisos ideológicos de los controladores de los medios, probablemente potenciado por los contenidos que circulan por redes sociales y por el acceso masivo de la televigilancia doméstica, o el uso de smartphone, todo acto de delincuencia o incivilidad es susceptible de ser registrado, con este flujo de imágenes dirigido se construye una realidad. De hecho, las cifras de los delitos más habituales en general bajan, lo que si hay es un agravamiento de aquellos hechos más violentos, que por supuesto requieren atención de las autoridades, con las herramientas que el Estado posee, y que no son pocas, pero el permanente paroxismo de comentaristas y políticos hábiles en señalar esta coyuntura como la más terrible y descontrolada de la historia, produce, finalmente, una sensación subjetiva de 90,6% de inseguridad, según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2023. Se consolida una verdad en la que si el liderazgo no es claro y firme, simplemente se dejará arrastrar, aún más, a la vorágine reaccionaria del garrote a todo evento;
c) Los estados de excepción y el uso de normativas especiales
Ha sido una de las demandas más exigida por la derecha y los comentaristas en medios de comunicación, una pretendida medida excepcional que permitiría, casi por el solo hecho de ser decretada, controlar situaciones de orden y seguridad, especialmente las que se relacionan con crimen organizado, las formas más violentas de la delincuencia.
Por supuesto que su efectividad y eficacia en especial del decreto de estado de excepción, el que un territorio quede bajo la supervisión de un oficial de las fuerzas armadas en periodos de paz, a esta altura de la historia, es un delirio de la derecha y sus satélites centristas, cuando los antecedentes que se manejan en general señalan que no logra el “objetivo” central de su invocación.
La utilización de instrumentos jurídico-políticos especiales es una tentación para contener la crítica de la derecha y las élites. Legislaciones como la “antiterrorista”, “Seguridad Interior de Estado” o el mismo decreto de excepción son la forma en que el Estado limita derechos y convierte una disputa social en una “guerra”.
Estos aspectos, creemos, constituyen el marco general en que se arrincona y a su vez, se circunscribe el accionar del gobierno, y en cada uno de estos el desempeño resulta deficiente, pues las causas del problema son multifactoriales, tienen anclajes en el sistema económico social y en lo inmediato, responder solo centrados en el endurecimiento de penas y mayores controles policiales lo único que logra es legar una de las legislaciones más represivas.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Hugo Catalán Flores – Miembro de La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo CODEPU, organización no gubernamental de Derechos Humanos.
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