El Gobierno argentino aseguró que cuenta con los números necesarios para aprobar el proyecto de ley ómnibus, una iniciativa de 385 artículos que delega facultades del Poder Legislativo en el presidente, Javier Milei, en el marco de una declaración de emergencia que afecta siete áreas.
«Acaba de iniciarse la sesión en la Cámara de Diputados, en virtud de lo que entendemos será la media sanción de la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», asumió este miércoles [el 31 de enero] el portavoz presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
Mientras el plenario de la Cámara Baja discute en una sesión especial el proyecto de ley, el portavoz presidencial justificó el operativo de seguridad que se desplegó en torno al palacio legislativo, con un vallado de seguridad alrededor del edificio y la presencia de la Policía Federal y la de la ciudad de Buenos Aires.
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«Lo único que se hizo fue tratar de evitar cualquier tipo de desorden que pueda ocurrir», señaló Adorni.
Durante su intervención, el portavoz presidencial defendió una de las prioridades del Gobierno, el déficit cero, el cual «no es negociable y es la madre de todas las batallas», definió.
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«Gastar más de lo que tenemos nos deriva indefectiblemente en una crisis inflacionaria o de deuda», argumentó.
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Organizaciones sociales y de derechos humanos, junto a partidos de izquierda y otros movimientos culturales, estudiantiles, sindicales y asambleas barriales, se movilizan durante la jornada frente al parlamento para protestar contra el proyecto de ley ómnibus.
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El debate del texto, que en sus 385 artículos plantea una reforma del Estado y abre la puerta a privatizaciones de empresas públicas, se podría extender por hasta 40 horas.
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El borrador de la norma, uno de los pilares del Gobierno, le otorga al presidente facultades legislativas a partir de una declaración de emergencia que rige por un año, prorrogable por otro, y que al final abarca siete áreas: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.
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El oficialismo contaría con el apoyo de dos tercios de la cámara para lograr la media sanción del texto en general, aunque los bloques de la oposición dialogantes con el Ejecutivo podrían dividirse a la hora de votar cada artículo.
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Estado de situación
El partido gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), cuenta con el respaldo de sus 38 diputados y siete legisladores aliados, a los que se suman otros 37 del Pro, partido fundado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), 34 de la Unión Cívica Radical (UCR) y los de otros bloques de la oposición de menor peso, como Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.
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Pese a que el borrador de la norma completa recibió hace una semana el dictamen positivo de un plenario de comisiones de Diputados, el Ejecutivo decidió retirar el 26 de enero el capítulo fiscal del proyecto, tras constatar reticencias por parte de gobernadores y legisladores de ciertos bloques de la oposición dialogantes.
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En relación a las privatizaciones que posibilita el proyecto, el oficialismo aceptó excluir a YPF, una sociedad mixta en la que el Estado controla el 51% de las acciones, y que figuraba entre las 41 empresas públicas que eran susceptibles de pasar a ser controladas por el sector privado.
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El Ejecutivo también se resignó a que otras empresas públicas, como Banco Nación, Nucleoeléctrica y la empresa de telecomunicaciones Arsat, solo puedan ser privatizadas de manera parcial, de manera que la compañía siga bajo el control del Estado.
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El Gobierno de Milei sí mantiene bajo el espectro privatizador otras empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas, la empresa de agua AySA, Correo Argentino, Trenes Argentinos, la agencia de noticias Télam y la Televisión Pública, lo que genera resistencias entre algunos diputados y gobernadores.
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La votación del proyecto tendrá lugar este 1 de febrero, por lo que la sesión de esta jornada será suspendida en algún momento a través del denominado «cuarto intermedio», una interrupción del plenario habida cuenta de la duración del debate.