«Pese a la sentencia absolutoria que dictó el Tribunal Oral en Lo Penal de Rancagua a favor de Nicolás Bustamante, el fiscal Jorge Mena Ocares presentó un recurso de nulidad, insistiendo en su intención de encarcelar a un paciente que contaba con prescripción médica.
Esto a pesar de que, después de tres años de un duro proceso, Nicolás Bustamante, usuario de cannabis medicinal, fue absuelto este mes de febrero por el TOP de Rancagua, luego de que resolviera por mayoría que su conducta se encuentra amparada por la causal de justificación que contempla el actual inciso segundo del artículo 8 de la Ley N° 20.000, incorporado por la Ley N°21.575 (conocida como Ley Antinarco, promulgada el 23 de mayo del 2023), en cuanto “el cultivo de especies vegetales del género cannabis se entenderá justificado cuando está destinado a la atención de un tratamiento médico.”
Los argumentos que esgrime el Ministerio Público resultan insólitos, y revelan una falta de voluntad absoluta para reconocer la vigencia de la nueva norma y sus alcances. El fiscal Mena, persecutor de la causa, señala que quienes cultivan cannabis enmarcados en un tratamiento médico solo están facultados para cultivar sus plantas de cannabis, pero no así para cosecharlas ni guardarlas, requisitos básicos para su posterior uso medicinal. Esta interpretación resulta absurda, y está absolutamente reñida con la historia de la ley y la intención de los legisladores que participamos en la tramitación de la nueva norma, que buscaba evitar la persecución que sufren los pacientes que cultivan cannabis con supervisión médica.
Además, el Fiscal insiste en no querer comprender, a pesar del despliegue de testigos y expertos, que no todo el material cosechado sirve para ser usado, sino solo las flores o cogollos. Ramas, tallos, hojas, no sirven, y las plantas recién cosechadas tienen el 60% de su peso en agua. Se equivoca el ministerio público al señalar que tres plantas son demasiado e insistir en perseguir a Nicolás por delitos que el tribunal ya desestimó tras escuchar a testigos y expertos y pesquisar todas las pruebas que se presentaron durante la investigación.
Resulta incomprensible la inmensa energía, los cuantiosos recursos públicos derrochados en perseguir pacientes e insistir en su condena, desviando esfuerzos que debiesen estar concentrados en la persecución del crimen organizado que hoy asola nuestros territorios.
Confiamos plenamente en el gran trabajo que realiza la Defensoría Penal Pública, la que defenderá este fallo en la Corte.
En mi calidad de presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, manifiesto mi profunda preocupación por el daño causado a la salud física, mental y emocional de personas enfermas y de sus familias, con esta insensata persecución. El Estado de Chile debe dejar de perseguir ciudadanos inocentes. No Más Presos Por Plantar», comunicó la Diputada Gazmuri.