La profesora María Teresa Muñoz, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, ha investigado durante años los efectos de los plaguicidas en la salud, especialmente en niños y trabajadores agrícolas, materia sobre la que recientemente expuso en la Cámara de Diputados. Su estudio en la Región del Maule revela niveles alarmantes de plaguicidas como el clorpirifós, relacionados con problemas mentales y de salud reproductiva. Muñoz y la profesora Gabriela Lankin, abogan por regulaciones más estrictas sobre plaguicidas y prácticas agrícolas sustentables para proteger la salud pública y el medioambiente.
La exposición a plaguicidas y sus efectos adversos sobre la salud es un tema que ha cobrado creciente importancia en la investigación científica. La profesora María Teresa Muñoz, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, ha dedicado su carrera a estudiar este problema, enfocándose en la población ocupacional e infantil.
Durante una reciente presentación ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Muñoz expuso los alarmantes resultados de su investigación sobre exposición a plaguicidas en la Región del Maule, realizada en conjunto con un grupo de investigadores de la Universidad Católica del Maule. A pesar de las prohibiciones recientes, se siguen encontrando niveles elevados de estos químicos en la población, vinculados a trastornos de salud mental, cognitivos y reproductivos.
«El uso de pesticidas como el clorpirifós afecta los mecanismos de los neurotransmisores, provocando síntomas depresivos y aumentando el riesgo de suicidio«, explica Muñoz. Además, estudios en América Latina, incluyendo a Chile, han encontrado asociaciones entre la exposición a plaguicidas y efectos neuroconductuales, genotoxicidad, cáncer y problemas reproductivos.
La profesora Muñoz lidera a la fecha un equipo interuniversitario que ha realizado diversas investigaciones sobre esta materia desde 2012. Entre otros aspectos, su trabajo revela que en la Región del Maule los pesticidas están presentes en el aire y en los alimentos, representando un grave peligro para los niños de 1 a 6 años. «La evidencia obtenida muestra la necesidad de restringir el uso de plaguicidas como el metamidofos, metomilo y clorpirifós en la agricultura chilena», afirma.
La perspectiva agronómica
La profesora Gabriela Lankin, del Departamento de Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, complementa esta visión desde su experiencia en agronomía y destaca la importancia de una regulación estricta y el monitoreo en torno al uso de estas sustancias químicas o biológicas tóxicas. «La venta de plaguicidas debería estar mediada por expertos y restringida a personas capacitadas, similar a cómo se venden medicamentos peligrosos bajo receta«, sugiere Lankin.
La académica también subraya el impacto ambiental de los plaguicidas. «Los ecosistemas naturales tienen mecanismos de autorregulación. La intervención humana desequilibra estos sistemas, aumentando la dependencia de los plaguicidas», explica. En esta línea, Lankin promueve el uso de prácticas agrícolas sostenibles como la agroecología y el control biológico para reducir la dependencia de químicos tóxicos.
Propuestas y desafíos
Ambas expertas coinciden en la necesidad de una regulación más estricta y un monitoreo más riguroso para proteger la salud pública y el medioambiente. «Es crucial implementar un monitoreo ambiental de plaguicidas y un biomonitoreo en poblaciones expuestas», enfatiza Muñoz. Además, se requiere mayor inversión en la fiscalización por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la educación de los agricultores sobre prácticas más seguras.
Los plaguicidas cuya autorización ha caducado pueden seguir usándose hasta agotar existencias o hasta diciembre de 2024. “Desde el 31 de diciembre de 2024, el clorpirifós estará completamente prohibido en Chile», indica Lankin. Ambos plaguicidas, junto con otros como el metamidofos y el metomilo, ya han visto prohibiciones previas en fabricación e importación, pero aún se permite su uso. Estas regulaciones graduales realzan la necesidad de una acción más rápida y efectiva.
«A pesar de la prohibición de ciertos plaguicidas peligrosos, como el azinfos metil y el paraquat, su uso continúa debido a permisos renovados. Es fundamental aplicar el principio precautorio y promover intervenciones basadas en el conocimiento local para buscar soluciones efectivas frente a los problemas ambientales», sentencia la profesora Muñoz al respecto.
En este sentido, las académicas, destacan la urgente necesidad de revisar y fortalecer las políticas sobre el uso de plaguicidas en Chile. Con una regulación adecuada y un enfoque orientado a prácticas sostenibles, es posible minimizar los riesgos para la salud y el medioambiente, protegiendo así a las generaciones futuras.
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