El Departamento de Estado de EEUU aplicará una nueva política de restricción de visados dirigida a ‘las personas responsables o cómplices de socavar la democracia en Georgia, así como a sus familiares’, tras la ola de protestas ocurrida en el país caucásico a causa de una ley de agentes extranjeros que es rechazada por una parte de la población.
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«El apoyo de Estados Unidos a la democracia en Georgia es antiguo y fundamental para nuestra relación bilateral», indica un comunicado del Gobierno estadounidense.
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«Cualquier persona que socave los procesos o las instituciones democráticas en Georgia, incluyendo en el periodo previo, durante y después de las elecciones de Georgia de octubre de 2024, puede ser declarada no elegible para visados de EEUU en virtud de esta política e impedida de viajar a EEUU», agrega.
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo que Washington iniciará una revisión integral de la cooperación bilateral con Tiflis, aunque aclaró que mantiene la esperanza de que «los líderes de Georgia reconsideren el proyecto de ley y tomen medidas para avanzar con las aspiraciones democráticas y euroatlánticas de su nación».
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El 7 de marzo de 2023, el Parlamento de Georgia aprobó un proyecto de ley que obligaba a registrarse como «organización que promueve los intereses de una potencia extranjera» a las ONG’s, medios de comunicación y demás entidades que recibieran al menos 20% de sus fondos desde el extranjero. La iniciativa encendió los ánimos en el país y dio origen a protestas multitudinarias, con decenas de heridos y más de un centenar de detenidos. Tres días después, el Parlamento, en segunda lectura, votó en abrumadora mayoría en contra de ese proyecto de ley.
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Sin embargo, el pasado 3 de abril, el partido gobernante Sueño Georgiano volvió a introducir la iniciativa en el Parlamento y, pese a las protestas, el 1 de mayo el Parlamento de Georgia aprobó en segunda lectura un proyecto de ley.
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Pero las manifestaciones continuaron y la presidenta georgiana Salomé Zurabishvili decidió hace unos días vetar la iniciativa tras fuertes manifestaciones.
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¿Quién está a favor y quién en contra?
El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, asegura que la denominada «ley de transparencia» ayudará a garantizar la paz en el país, y afirma que más de un 60% de la población apoya la normativa.
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La polémica normativa obliga a las ONG’s, medios de comunicación y demás entidades que reciban al menos el 20% de sus fondos desde el exterior a inscribirse en el registro del Ministerio de Justicia de Georgia como «organización que promueve los intereses de una potencia extranjera» y declarar sus ingresos anualmente.
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Quienes se oponen a este proyecto lo califican como una supuesta «ley rusa», por la introducción del concepto de «agente extranjero» en la legislación.
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La Unión Europea (UE) advirtió anteriormente a Georgia que la aprobación de dicha ley afectará la integración del país en el bloque comunitario.
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El 2 de mayo, Washington también advirtió a Tiflis que una eventual aprobación de esta ley podría arriesgar su integración euroatlántica.
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