Tribunal de Garantía de Arica declaró Ilegal detención de ciudadanos bolivianos acusados de contrabando

  • La decisión responde a la falta de fundamentos adecuados por parte del Ministerio Público respecto al contenido de la carga transportada en 13 camiones desde Chile hacia Bolivia.

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El pasado viernes el Tribunal de Garantía de Arica dictaminó la ilegalidad en la detención de 16 ciudadanos bolivianos, quienes habían sido retenidos en un operativo conjunto llevado a cabo por el Ejército y Carabineros de Chile. El incidente ocurrió en el sector fronterizo próximo al retén Chilcaya, en el límite de la comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota.

Los individuos fueron arrestados bajo sospecha de participación en un delito de contrabando, relacionado con un intento de transporte de mercancías mediante 13 camiones desde Chile hacia Bolivia. Sin embargo, durante la audiencia de control de detención, el Tribunal determinó que el Ministerio Público no pudo fundamentar adecuadamente el contenido de la carga transportada, requisito esencial para sustentar la acusación de contrabando.

El Tribunal de Garantía también destacó la falta de prontitud injustificada por parte del Servicio Nacional de Aduanas en la denuncia de los hechos, lo cual limitó las atribuciones del Ministerio Público para proceder con la detención de los ciudadanos bolivianos.

Cristian Martín, jefe de la unidad de estudios de la Defensoría Penal Pública de Arica y Parinacota, quien lideró la defensa de los 16 detenidos, expresó su conformidad con la decisión del Tribunal. Martín señaló que la resolución valida los argumentos presentados por la defensa, confirmando que la investigación del Ministerio Público carecía de elementos suficientes para justificar la detención y la imputación de un delito de contrabando a sus defendidos.

Además, Martín enfatizó que esta situación debería ser un llamado de atención sobre la legalidad de los procedimientos de detención llevados a cabo por el Ministerio Público y las fuerzas policiales, subrayando la importancia de respetar los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en procesos judiciales, cuestión que en este caso no ocurrió.

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