El proceso judicial contra el expresidente argentino Alberto Fernández, quien es acusado de violencia de género, avanza de manera acelerada y en solo diez días se cambió la carátula de la causa para agravar los delitos que se le imputan. Ya declaró la ex primera dama, Fabiola Yáñez, y se definieron los primeros seis testigos y se solicitaron decenas de medidas de pruebas.
La crisis que sella la debacle política del exmandatario comenzó el pasado 4 de agosto, cuando el diario Clarín reveló que, en el marco de una investigación por presunta corrupción, se habían encontrado chats en los que Yáñez le contaba a la secretaria presidencial, María Cantero, que Fernández la golpeaba. Para demostrarlo, incluyó fotografías que después se filtraron y le dieron la vuelta al mundo.
El escándalo fue inmediato. Dos días después, la ex primera dama denunció penalmente a Fernández por «lesiones leves», un cargo que tiene una pena máxima de un año de prisión.
Pero luego decidió ampliar las imputaciones y el fiscal Ramiro González acordó que se investigaría al expresidente por los delitos de «lesiones leves y graves, doblemente agravadas y amenazas coactivas». Si Fernández es encontrado culpable, podría ser condenado hasta a diez años de cárcel.
El fiscal también citó a los primeros testigos. Se trata de Miriam Yáñez Verdugo, la madre de Fabiola Yáñez, quien actualmente vive con ella en España; Daniel Rodríguez, exintendente de la residencia presidencial de Olivos, en donde sucedieron las presuntas agresiones; y Sofía Pacchi, una amiga de la ex primera dama y exempleada de la Secretaría General de la Presidencia, que supuestamente era acosada sexualmente por Fernández.
La lista se completa con la secretaria del expresidente, María Cantero, puesto que Yáñez le contó sobre la violencia que padecía; el extitular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Walter Saavedra, quien la habría atendido cuando fue golpeada; y la periodista Alicia Barros, amiga de la ex primera dama.
¿Complicidad?
Las declaraciones de los testigos serán claves para el devenir de la causa, ya que, si se demuestra que la secretaria del presidente, el médico y el intendente de Olivos sabían que Fernández golpeaba a Yáñez y no hicieron nada, podrían ser imputados por encubrimiento y/o participación.
Además, el caso tiene otra derivación que complica a la exministra de la Mujer, Ayelén Mazzina, ya que la ex primera dama asegura que le contó sobre la violencia que padecía pero nunca la ayudó, lo que la exfuncionaria ha negado.
Si la Justicia demuestra que, efectivamente, Mazzina no auxilió a Yáñez, será imputada por incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública.
En una velocidad inusitada para este tipo de casos, el fiscal también ya solicitó el resguardo de medidas de prueba como las grabaciones de seguridad de la residencia presidencial y las constancias de atención médica que ahí recibió Yáñez.
También pidió el historial clínico de la ex primera dama en las instituciones en las que se atendió por su adicción al alcohol, lo que ella misma ha achacado a las situaciones de violencia que padecía.
Un elemento clave para la investigación será el resultado del peritaje del teléfono personal de Fernández.
Ocaso político
El martes pasado, una semana después de haber interpuesto la denuncia, Yáñez declaró a través de una videoconferencia desde el Consulado argentino en Madrid, España, donde reside junto a su hijo Francisco, fruto de su relación con el mandatario.
Acompañada por su abogada, Mariana Gallego, la ex primera dama brindó testimonio durante cuatro horas y amplió detalles de los supuestos maltratos que recibió de parte de Fernández, que incluían golpes que le generaron lesiones, cachetadas constantes, amenazas y hostigamientos.
El expresidente, en tanto, solo ha ofrecido dos entrevistas en las que ha negado los cargos. Pero los chats entre su secretaria y la ex primera dama, que se han filtrado completos a la prensa, complican su situación judicial.
En el plano político, a sus 65 años, Fernández se quedó solo. La condena social en su contra es unánime e incluye a la gran parte de los dirigentes de su partido, entre ellos su exvicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, fue obligado a renunciar como presidente del Partido Justicialista.
Antes, la oposición exigió suspender la pensión de privilegio que Fernández recibe y retirarle la custodia oficial; la Universidad de Buenos Aires anunció que ya no daría clases en la Facultad de Derecho porque no se habían inscrito alumnos suficientes en su materia. Y la Universidad de La Rioja, con la que supuestamente trabajaba, negó cualquier vínculo laboral con el exmandatario.
Son las secuelas de uno de los mayores escándalos políticos en la historia de Argentina, y que puede culminar con la imagen inédita de un presidente sentado en el banquillo de los acusados en un juicio por violencia de género.
