La Defensoría de Arica Y Parinacota logró una resolución inédita en la región, permitiendo que un interno gravemente enfermo, postrado tras un accidente cerebrovascular, cumpla el resto de su condena en su hogar bajo arresto domiciliario y cuidados médicos especializados.
Un hito en materia de derechos humanos y justicia fue alcanzado en Arica, donde el equipo de Defensa Penitenciaria de la región consiguió que un interno condenado a 10 años y un día por tráfico de drogas, gravemente enfermo y dependientes de cuidados intensivos, sea trasladado a su domicilio para cumplir su pena. La resolución, basada en tratados internacionales de derechos humanos y el Código Procesal Penal, resaltó la importancia de garantizar un trato digno a las personas privadas de libertad en condiciones de salud críticas.
Se trata de un hombre condenado a 10 años y un día por tráfico ilícito de estupefacientes, quien sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó en una situación crítica, requiriendo cuidados intensivos desde julio de 2024. A raíz de su condición, que incluye parálisis parcial, alimentación por sonda, traqueotomía y una dependencia absoluta para sus necesidades básicas, la Defensoría presentó un recurso amparado en el artículo 95 del Código Procesal Penal y las normativas internacionales de derechos humanos, en especial las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos (Reglas Mandela).
Gracias a la intervención de la trabajadora social de la Defensa Penitenciaria, Jemima Naranjo, se elaboró un informe exhaustivo que reflejó el delicado estado de salud de la persona y la deficiencia de las instalaciones carcelarias para garantizar los cuidados que requieren. Asimismo, se acreditó la red de apoyo familiar que permitirá que el interno reciba cuidados en un ambiente adecuado a sus necesidades en su hogar.
El abogado defensor, Oscar Toro Montes de Oca, destacó la importancia de esta resolución, que pone en el centro la dignidad humana, asegurando que el cumplimiento de la condena se lleve a cabo de manera respetuosa de los derechos fundamentales. «Este es un avance significativo en la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, sobre todo en casos donde la salud se ve comprometida de forma irreversible», señaló el defensor penitenciario.
El jefe de Estudios de la Defensoría Regional, Cristián Martín Castro, también destacó la trascendencia de esta medida humanitaria y su impacto en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad. «Este caso no solo refleja la complejidad del sistema penitenciario, sino también la importancia de actuar con sensibilidad y rapidez cuando están en juego derechos fundamentales como la vida y la dignidad. Lo que hemos logrado es un claro ejemplo de cómo el derecho debe adaptarse a las circunstancias humanas para asegurar que ninguna persona sea sometida a condiciones que vulneren su integridad”, señaló.
La resolución, emitida por el Magistrado Rodrigo Urrutia Molina, indicó que, en un plazo de cinco días después de la audiencia, el interno deberá ser trasladado a su domicilio, donde continuará cumpliendo su pena bajo arresto domiciliario con la supervisión de Gendarmería y bajo condiciones de hospitalización domiciliaria. El Magistrado también dispuso audiencias periódicas para monitorear el estado de salud del interno y asegurar el cumplimiento de la medida en conformidad con las normativas internacionales.
Se han autorizado salidas periódicas para controles y consultas médicas, y el cumplimiento de la medida será supervisado mediante audiencias cada 4 meses, con la participación de la defensa penitenciaria y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se sumó a la presentación de la Defensoría, y ambos destacaron que este caso sienta un precedente importante en la región, donde se demostró la importancia de aplicar normativas internacionales para garantizar que el trato a las personas privadas. de libertad respecto de su dignidad, evitando cualquier forma de trato cruel o inhumano.
Este caso no solo resalta el compromiso de la Defensoría Penal Pública con la protección de los derechos de sus representados, sino también la relevancia de la colaboración entre instituciones como el INDH y Gendarmería de Chile, quienes juegan un papel fundamental en la protección de los derechos humanos en el contexto penitenciario.
