Durante décadas, Chile disfrutó de una posición envidiable en Sudamérica gracias a su distancia relativamente lejana de la violencia que el crimen organizado había sembrado en sus vecinos del continente.
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Sin embargo, amenazas de bomba contra juzgados, el aumento de delitos como el secuestro y los problemas para mantener el orden dentro de las cárceles, han generado señales de alarma que sugieren que el estatus de Chile como uno de los países “seguros” de América Latina está llegando a su fin.
El Presidente Gabriel Boric reconoció que el país enfrenta un “problema grave” durante una conferencia de prensa, y anunció la construcción de una nueva prisión de alta seguridad que sirva para la reclusión del crimen organizado después de que se produjeran 16 homicidios en 48 horas en el mes de julio.
En el recientemente publicado libro “Un virus entre sombras”, Pablo Zeballos, consultor en crimen organizado y exoficial de inteligencia de la fuerza policial de Carabineros de Chile, analiza cómo la pérdida de fe en las instituciones del país, la influencia de las organizaciones criminales transnacionales, las debilidades del sistema penitenciario y otros factores están provocando un deterioro de la seguridad de Chile.
InSight Crime conversó con Zeballos para analizar los cambios que está experimentando el panorama criminal del país.
InSight Crime (IC): El libro se enfoca en los cambios en la criminalidad en Chile. ¿Cuáles son? y ¿qué ha causado esos cambios?
Pablo Zeballos (PZ): Yo creo que el motor del cambio ha sido la importancia de los narcotraficantes dentro de las cárceles. Hace 20 o 30 años eran sujetos que estaban muy abajo en la escala carcelaria porque se creía que contaminaban las poblaciones.
Pero con las amplias ganancias del narcotráfico, estos actores empiezan a ganar importancia en mundo carcelario y eso después se replica afuera. A partir de esta importancia las fronteras entre ser ladrón y ser narcotraficante empiezan a desdibujarse, y se amplía la percepción de que estos dos delitos pueden ser complementarios.
Creo que también está cambiando el crimen en Chile. Estamos pasando de estructuras que tienen vínculos territoriales, a estructuras que tienen vínculos funcionales. Es decir, que ya no importa de dónde provengas, sino cuál es tu especialidad para aportar a la empresa criminal organizada.
IC: El libro dibuja una conexión entre el estallido social qué comenzó en 2019 en respuesta a quejas económicas, y los cambios en las dinámicas criminales en Chile. ¿Cómo se explica eso?
PZ: Desde antes del estallido social, Chile venía experimentando una cadena de eventos que iban deslegitimizando las instituciones, entre ellas las instituciones policiales y militares, especialmente por casos de corrupción. Sumado a eso, la política como mecanismo de conducción de las demandas sociales tampoco funcionaba por un alto nivel de desprestigio social. Entonces, cuando viene el estallido social, gran parte de la violencia que vimos reflejada en las calles significó la retracción de la policía en los barrios. O sea, el desprestigio policial por las violaciones de derechos humanos, significó que la policía que tenían que estar en custodia de los barrios, se alejó de ellos porque había mucho rechazo social a su presencia.
Esto después se sumó con dinámicas de saqueo y robo que estaban más asociadas a estructuras criminales que a un impulso real de la población por hacerlo. Luego viene la pandemia, que genera una retracción mucho más fuerte del Estado. Obviamente no solamente en Chile, sino en gran parte de la región, y eso fue aprovechado muy inteligentemente por estructuras del crimen organizado, específicamente del narcotráfico y de otros mercados ilícitos que ocuparon esos espacios que el Estado fue cediendo.
IC: ¿Qué impactos han tenido la llegada y el crecimiento de los grupos transnacionales en Chile?
PZ: El ingreso de estos grupos a Chile vino con dinámicas que el criminal chileno no estaba tan acostumbrado a utilizar.
Por ejemplo, el colectivo criminal venezolano el Tren de Aragua ha popularizado el control territorial, pero a través del control de ese territorio ha diversificado sus actividades criminales.
Normalmente en Chile una organización que controlaba el territorio lo hacía para manejar lógicas de narcomenudeo, pero el Tren de Aragua ha demostrado que en un mismo territorio puede diversificar múltiples actividades criminales como la extorsión, como la explotación sexual, o los préstamos informales.
Esto le ha demostrado al criminal chileno que a través de la dominación del territorio puede desarrollar múltiples mercados ilícitos interconectados y además generar lógicas de lavado de activos de forma local que son más difíciles de detectar. Esto ha venido acompañado de una violencia desmedida e irracional que desafía constantemente la presencia del Estado. Los criminales chilenos también van a tener que adaptarse a esto.
IC: En cuanto al control dentro de las cárceles, que es la responsabilidad de la Gendarmería, ¿hay algo específico que las autoridades deban hacer que no hayan probado ya?
PZ: Creo que la Gendarmería tiene que trabajar en modificar rápidamente su sistema de clasificación criminal para poder segmentar mejor a los criminales. Nosotros tenemos un sistema de clasificación que está hecho con parámetros que son probablemente obsoletos ante la nueva criminalidad. Sobre todo porque no considera factores como la criminalidad proveniente del exterior y estas dinámicas de asociatividad criminal tan presentes en países como Centroamérica o incluso en Venezuela y Colombia.
Es necesario clasificar mejor a los criminales que ingresan al sistema penitenciario y de esa forma segmentar los que están asociados a estructuras criminales, de la población penal que no esté asociada a esas estructuras. Lo que hay que evitar en Chile, el gran desafío es que las cárceles se conviertan en un centro de reclutamiento de criminales para generar una mega estructura chilena o híbrida, o sea, chilena y extranjera.
