Los parlamentarios Medina y Arroyo enviaron una carta a la embajada de Estados Unidos para solicitar colaboración en estrategias que puedan frenar el avance de esta droga en Chile.
Los diputados Karen Medina y Roberto Arroyo, representantes de la región del Biobío, enviaron un oficio a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, solicitando información sobre las medidas adoptadas frente al incremento del narcotráfico y la creciente amenaza de las drogas sintéticas en el país.
En la misma línea, los congresistas solicitaron ayuda internacional de Estados Unidos, considerando su experiencia en el combate de esta droga y el crimen organizado. Además, emplazaron a nuestras autoridades para realizar campañas educativas y de concientización sobre los riesgos de consumir este tipo de sustancias ilícitas.
“La falta de control territorial y el crecimiento del narcotráfico están poniendo en jaque a nuestras comunidades más vulnerables. Es inaceptable que estas bandas estén reemplazando al Estado, afectando no solo la seguridad pública, sino también el desarrollo social de nuestra región”, señaló el diputado Roberto Arroyo, destacando la urgencia de respuestas claras por parte del gobierno.
“Estamos ante un problema de magnitudes devastadoras. La aparición del fentanilo, una droga 50 veces más potente que la heroína, no solo amenaza la salud de nuestros jóvenes, sino que podría instaurar un mercado local si no actuamos a tiempo”, agregó la diputada Karen Medina, quien también cuestionó la efectividad de los esfuerzos actuales del gobierno para combatir este flagelo.
Asimismo, el oficio solicita información sobre las estrategias implementadas para combatir el control territorial de las bandas narcotraficantes, así como los programas preventivos y operativos para frenar el tráfico de drogas sintéticas. Además, se pide detallar los esfuerzos para restringir el acceso a armas de fuego y los resultados de la cooperación internacional en la lucha contra estas sustancias, especialmente el fentanilo, cuyo ingreso al país podría desencadenar una crisis de salud pública.
Con esta acción, los legisladores buscan reforzar el rol fiscalizador del Congreso y presionar por políticas públicas que frenen el avance del narcotráfico y protejan a la ciudadanía de los efectos devastadores de estas sustancias en el país.
