Tras cinco difíciles años de batallar por un juicio desgastante, esta mañana los padres de Rafaela Véliz, la niña que sufrió grave negligencia médica a manos de un ginecólogo de la Clínica Dávila, aceptaron un Acuerdo Reparatorio, abandonando de esta manera la pelea en tribunales, para poder dedicarse al cuidado de su hija, que sufre daño neurológico irreversible y ceguera. «Sabemos que esta medida no mejorará en nada las cosas, pero al menos los liberará del dolor de un juicio oral», expresó la jueza terminada la audiencia.
Luis Veliz, padre de la víctima, enfatizó que llegan con amargura y sentimientos encontrados a esta instancia, ya que las penas contempladas por la Ley de Derechos del Paciente «son insuficientes, casi irrisorias». Relató que de no acogerse a esta salida, lo más probable sería que el médico, Jaime Roa Burgos, fuera sentenciado a una pena muy baja, como firma mensual por 60 días u otra semejante, mientras que su familia se desgasta día tras días, lidiando con el dolor de ver a su hija sufriendo e intentando solventar los gastos de su cuidado.
A juicio de Marisa Navarrete, abogada de la familia, el Acuerdo Reparatorio, «es un incentivo perverso, porque ante la baja o nula penalidad de estos delitos, se empuja a las víctimas a conformarse con una indemnización monetaria, que en ningún caso responde a la gravedad de los hechos. Lo ideal sería que las penas fueran más altas y que además se pudiera pedir indemnización», señaló.
Contra recomendaciones del pediatra y de la familia, el ginecólogo que atendió a Laura, madre de Rafaela Véliz, insistió en realizar un parto natural y utilizar espátulas de Thierry, que dejaron a la recién nacida con un 97% de discapacidad. Este tipo de negligencia médica es considerada violencia ginecobstetricia; esta puede darse durante la gestación, en el parto o posteriormente al mismo y *afecta a 8 de cada 10 mujeres en nuestro país.
La diputada, Claudia Mix, es precursora de la ley que aborda este tipo de violencia hacia las personas gestantes. «Hago un llamado al Senado, al senador Juan Luis Castro, para que la Comisión de Salud avance y lo ponga en tabla. También al Ministerio de Salud, para asegurar los recursos que sean necesarios, no solo para castigar a quienes cometen estas acciones irresponsable, sino también para poder educar a los profesionales de la Salud. Aquí el gran problema es que hay una defensa institucional de esta gente desde el Colegio Médico y la Sociedad Chilena de Ginecología. Todos tenemos que responder por nuestros actos; no veo por qué un médico o una matrona no deban hacerlo», enfatizó.
La Ley Adriana lleva 7 años esperando; su nombre se inspiró en el caso de Adriana Palacios, madre de Trinidad, una niña sana que falleció durante el parto, por negligencia de una matrona. «Mientras no cambiemos la ley, vendrán otros médicos como Jaime Roa Burgos y otras víctimas como mi Rafaela. La ley debe ser ejemplificadora, porque ningún acuerdo puede reparar el daño causado a nuestra hija y a nuestras vidas», afirmó Luis Veliz.
El acuerdo reparatorio consistió en el pago de 100 millones de pesos, pagados en dos cuotas; uno a la fecha de 60 millones y otro por lo restante con fecha 17 de abril. Después de esa fecha el ginecólogo podrá optar al sobreseimiento de su causa, no obstante sigue trabajando en el mismo recinto hospitalario donde ocurrieron los lamentables hechos, según informaron fuentes cercanas a la familia.
Rafaela nació el 1 de noviembre de 2019, cumplió 5 años, pero su estimación de vida es muy baja. La negligencia médica no contempla actualmente penas acorde al daño causado; miles de víctimas están a la espera de un cambio.
