La Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, por iniciativa de la diputada Carolina Marzán, ofició al Ministerio, Seremi, Subsecretaría y Superintendencia de Educación, para solicitar una fiscalización y la toma de medidas correctivas por las agresivas publicaciones realizadas en redes sociales por un profesor del Liceo Mainheim de Quilpué, en contra de los niños autistas y sus padres y madres.
Al respecto, la parlamentaria planteó que este docente, que ya está individualizado, “ha realizado declaraciones públicas que han causado gran consternación y repudio dentro de la comunidad educativa y más allá. Sus expresiones, denigrando a estudiantes y sus familias con términos altamente ofensivos y discriminatorios, representan una violación grave a los principios éticos de su profesión y un atentado directo contra los esfuerzos por promover una educación inclusiva y respetuosa en nuestro país”.
“Es completamente inaceptable que una persona que emite declaraciones tan perjudiciales y discriminatorias continúe en contacto con estudiantes”, añadió la diputada Carolina Marzán, quien dio a conocer este oficio en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara, logrando el respaldo unánime de sus integrantes para enviar el documento a nombre de la Comisión.
“Asimismo, se acordó emitir un pronunciamiento de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad sobre este caso, esperando en ese sentido que las autoridades de Educación, partiendo por el ministro, también se pronuncien, pues es importantísimo que todos seamos imperativos en condenar este tipo de acciones”, indicó la legisladora.
“Es grave que se esté criminalizando a personas autistas, especialmente a niños y niñas, debido a estos incidentes. Es crucial centrar nuestra atención en las competencias de quienes tienen la responsabilidad de educar, y lo más importante, vamos a luchar por erradicar el estigma, la violencia y la criminalización que se está instalando por estas nefastas publicaciones y acciones, entre otras que están sucediendo en el país, hacia las personas autistas”, sostuvo la parlamentaria.
“Una persona autista no es una persona violenta como se está queriendo estigmatizar. Vamos a exigir que se apliquen sanciones que reflejen la gravedad de los actos cometidos, y que el mensaje sea claro respecto a que no vamos a aceptar tales comportamientos en los espacios educativos. Por eso exigimos el pronunciamiento de las autoridades de educación, que hasta ahora han permanecido en silencio, y eso también es inaceptable”, manifestó la diputada Carolina Marzán.
El oficio solicita, de manera formal, la realización de una investigación exhaustiva sobre la conducta del mencionado profesor, para evaluar el impacto de sus acciones en el entorno educativo y determinar las responsabilidades correspondientes.
Por lo anterior, agrega el documento, “considerando la naturaleza de las declaraciones del profesor, se solicita que se le restrinja la posibilidad de ejercer la docencia en cualquier nivel educativo, para prevenir futuros incidentes que puedan comprometer el bienestar psicológico y emocional de los estudiantes”.