Las parlamentarias del Real y Cordero, manifestaron su preocupación por el aumento de este delito, que afecta a diversas comunas y genera costos adicionales para los vecinos.
El hurto de medidores de agua se ha convertido en un problema recurrente en diversas regiones del país, afectando tanto a familias como a comerciantes. La sustracción de estos dispositivos no solo genera pérdidas económicas, sino que también provoca anegamientos y cortes en el suministro.
Al respecto, la diputada RN María Luisa Cordero manifestó su preocupación por el incremento de estos delitos y exigió respuestas a las autoridades. «Es indignante que los vecinos, además, de sufrir el robo, deban pagar por la reposición de sus medidores. No podemos seguir permitiendo que este delito quede impune. Es urgente que el Ministerio de Seguridad Pública adopte medidas efectivas», comentó.
Por su parte, la parlamentaria IND Republicana Catalina del Real hizo hincapié en la falta de fiscalización y prevención. «Los delincuentes están actuando con total impunidad, y los ciudadanos son los principales perjudicados. No solo pierden dinero, sino que también enfrentan cortes de agua inesperados. Necesitamos conocer qué acciones concretas se están tomando para frenar esta situación», expresó.
Ambas legisladoras solicitaron -vía oficio- al Ministerio de Seguridad Pública información sobre las cifras oficiales de robos de medidores en los últimos 12 meses, las comunas más afectadas y las estrategias implementadas para abordar el problema. Además, instaron a las empresas distribuidoras a evitar cobros injustificados a los afectados.
Asimismo, se ha observado un aumento significativo en el número de denuncias por este tipo de delito en la Región Metropolitana, especialmente, en comunas como Quilicura, Recoleta, Independencia, Santiago y comunas cercanas. En regiones, se han reportado casos similares en ciudades como Los Ángeles y Chillán. Según datos de la empresa Esval, en lo que va del año 2025 ya se han registrado 115 casos de robo de medidores de agua en la Región de Valparaíso, lo que también preocupa a las empresas distribuidoras.
«Este no es un problema menor. Se trata de un delito que impacta directamente en la vida de las personas y que debe ser abordado con seriedad. Esperamos que el Gobierno nos entregue respuestas concretas y que se establezcan protocolos de seguridad más estrictos», concluyó Cordero.