El 28 de noviembre 2023 es el día programado por la extradición de Pedro Barrientos, el exmilitar procesado hace más de una década por la tortura y el asesinato de Víctor Jara. Se supone que saldrá de Estados Unidos en vuelo directo a Chile. Tendrá que enfrentar la justicia chilena por ese crimen que conmovió al mundo. Es un paso importante en la larga lucha contra la impunidad y por la justicia.
Tristemente, Joan Jara — la bailarina, luchadora de derechos humanos y viuda de Víctor –no vivió para ver ese día. Ella falleció el 12 de noviembre, sin detener nunca su larga lucha por lograr justicia para Víctor y todos los otros chilenos y chilenas asesinados, desaparecidos y torturados durante la dictadura.
El 12 de septiembre de 1973 Víctor Jara fue detenido con cientos de otras personas en la Universidad Técnica del Estado. Fueron llevados al Estadio Chile (ahora Estadio Víctor Jara). En este período, hubo muchos casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y violencia brutal allá, de las cuales aún no sabemos todas. Varios testigos en la larga investigación del caso de Víctor– incluso conscriptos–vieron al músico en el Estadio, en muy malas condiciones. Conscriptos y sobrevivientes dijeron que no sólo habían visto al teniente Barrientos en el Estadio Chile—algo que el exmilitar siempre negó– sino que también habían sido testigos de su rol como comandante de soldados.
En 1990, al finalizar la dictadura, Barrientos huyó a Florida en EE.UU. Siete años más tarde se casó con una estadounidense, lo que abrió el camino para obtener la ciudadanía.
En diciembre de 2012, después de una extensa y minuciosa investigación, un juez chileno identificó y procesó a Barrientos y otro oficial, Hugo Sánchez Marmonti, como autores materiales del asesinato de Víctor Jara y también de Littré Quiroga, encargado del sistema de prisiones de Allende. Seis oficiales más fueron procesados como cómplices. Muchos de los oficiales habían estado asignados a la base militar de Tejas Verdes, en estos años un centro de subversión contra el gobierno de Allende. Manuel Contreras era el comandante de la base. Un conscripto relató ante el tribunal que el 10 de septiembre de 1973, el día antes del golpe, Contreras había dicho a las tropas de Tejas Verdes que se les ordenaba entrar en combate. Los oficiales al mando de las tropas eran Barrientos y Jorge Smith Gumucio (que ahora está fallecido).
En 2012 el juez Miguel Vásquez solicitó, y en enero de 2013 la Corte Suprema de Justicia chilena autorizó, la extradición de Barrientos de EE.UU.
En entrevistas televisadas, Barrientos negó su rol en el asesinato de Víctor Jara. De hecho, declaró que nunca puso un pie en el Estadio Chile. Insistió que no sabía que había pasado con Víctor Jara antes de 2009, y que no cometió ningún crimen. Según los conscriptos testigos en el juicio civil en EE.UU. (2016), sin embargo, Barrientos fue visto en el Estadio Chile más de 20 veces en el transcurso de cuatro días en septiembre de 1973.
Además, en 2009 en Chile, un ex conscripto, José Paredes, firmó dos declaraciones diciendo que Barrientos fue el que le disparó a Víctor Jara, ya brutalmente torturado, en un «juego» de ruleta rusa con otro oficial, y que luego ordenó que los soldados lo acribillaran. El cuerpo de Víctor tenía impactos de 44 balas, sus muñecas y manos fueron destruidas y su cara tenía heridas profundas. En una entrevista televisada y una audiencia judicial en 2009, Paredes acusó a Barrientos de haberle disparado a «quemarropa» al cantautor (más tarde cambio su testimonio más de una vez).
Otro ex conscripto, José Navarrete, declaró en 2016 que Barrientos solía jactarse sobre sus disparos contra el cantautor. “Solía sacar su pistola y decir ‘con esta maté a Víctor Jara’”, cuenta Navarrete.
El juicio civil en EE.UU. de 2016 fue iniciado por Joan Jara y sus dos hijas, para revelar la responsabilidad de Barrientos en la tortura y asesinato de Víctor. La familia utilizó testimonios grabados en video de seis conscriptos (incluido Navarrete), además de testigos y expertos presenciales, para presentar su caso contra Barrientos. El abogado de Barrientos argumentó que, antes del golpe de Estado de 1973, Chile estaba siendo invadido por comunistas de Cuba. Finalmente, un jurado le declaró culpable (“liable” en inglés) a Barrientos, por su rol central en el asesinato. Fue ordenado a pagar una multa multimillonaria a la familia. En 2023, un juez en EE.UU. revocó su ciudadanía, por mentiras y falsa información en su solicitud. Esto abrió la puerta para su extradición.
En 2023 la Corte Suprema chilena confirmó la culpabilidad de los exmilitares ya procesados por los casos de Víctor Jara y Littré Quiroga y los sentenció. La sentencia definitiva condenó a Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto a 25 años de cárcel por ser autores de los delitos de homicidio y secuestro calificados de ambas víctimas. Otros militares procesados originalmente, Roberto Souper y Smith Gumucio, habían fallecido.
Después de la sentencia final de la Corte Suprema, Haase Mazzei y Jara Quintana se fugaron, y todavía son prófugos. Chacón Soto se suicidó en su casa. Dimter, Bethke, Jofré y el abogado Rolando Melo– el exfiscal militar condenado como encubridor de los crímenes — están presos.
El proceso de justicia ha sido demasiado largo y difícil, y persiste el legado de una política estatal de atrocidades en contra de la vida y todos los derechos humanos fundamentales. Muchas familias siguen sin tener información sobre el destino de sus seres queridos, a pesar de algunos avances. El caso de Víctor Jara simboliza el horror de una doctrina de seguridad nacional que se ensañaba con civiles desarmados como «enemigos internos». Joan Jara nunca dejó su lucha por la verdad y la justicia. Los ojos del mundo estarán en Chile durante el juicio de Barrientos. Con todos los años de investigación en Chile, la sentencia de la Corte Suprema contra los otros exmilitares y el precedente del juicio civil estadounidense de 2016, hay esperanzas de que, finalmente, será lograda la justicia en este terrible crimen, y muchos más.
LA OPINIÓN DE LA AUTORA NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
J. Patrice McSherry – Es doctora de ciencias políticas y profesora emérita de Long Island University. Autora de múltiples artículos y libros y colaboradora del Instituto de Estudios Avanzados, Usach.
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