El Encuentro Nacional de Concejalías 2023, en la ciudad de Arica, es una oportunidad para abordar los cambios que hacen falta desarrollar para una buena gestión pública, una que esté a la altura de lo que nuestro país se merece.
Me inclino por la hipótesis de que, en su gran mayoría, los concejales que acuden al Tribunal Electoral Regional (TER) son abogados, y que cuando acuden en grupo, ese grupo cuenta con alguno. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sobre la fiscalización, no dice mucho más allá de esta que es una acción que debe ser aprobada por al menos un tercio del Concejo, y por la mayoría de este en caso de ser una auditoría. También se puede solicitar información por las vías formales al alcalde o alcaldesa, lo cual es poco efectivo ya que los alcaldes difícilmente le dirían al Concejo qué podrían estar haciendo mal. Con la poca información que logras recabar tienes dos o tres opciones para hacer efectiva la fiscalización: dirigirte a la Contraloría General de la República (CGR), acudir al Tribunal Electoral para acusar por notable abandono de deberes o faltas graves a la, o ir a Fiscalía en caso de algún eventual delito.
Dirigirse a CGR puede buscar dos objetivos, que este órgano fiscalice al municipio o que se pronuncie en torno a alguna materia o asunto en cuestión. Por lo general, CGR se demora bastante tiempo en responder, en muchos casos ni siquiera responde. Cuando se logra obtener respuesta, Contraloría podría dictaminar una acción a cumplir o corregir por parte del municipio, como también podría establecer responsabilidades, pero no fijar ningún tipo de sanción. Los concejales, en este escenario, aún no han logrado nada, pues son sólo palabras en informes que muy poca gente lee, aunque dañen profundamente la vida de los vecinos y vecinas de la comuna.
En caso de querer buscar la destitución o sanción de algún edil por abandono de sus deberes o por faltas graves a la probidad se debe acudir al Tribunal Electoral. Para aquello se debe contar con el patrocinio de un abogado, idealmente no cualquiera, sino alguien que se maneje en derecho administrativo, lo que se traduce en muchos casos en un costo monetario no menor, pues debes contratar a alguien que sepa del tema. Ahí es cuando me pregunto ¿En qué trabajo debes pagar por hacer tu trabajo? Generalmente te pagan por hacerlo, no al revés. Si cuentas con los recursos para dar curso a la acusación debes someterte a un proceso que por lo general duran de un año a año y medio, con algo de fortuna, pero podría perfectamente demorar más tiempo, superando tu periodo en el cargo. Esto, sin añadir a la ecuación que manuales u orientaciones de cómo hacerlo no hay y que organizaciones como la Asociación Chilena de Municipalidades están hechas por alcaldes para alcaldes, y no te van a decir exactamente cómo hacer para obtener resultados, ergo, son escasas las situaciones en que podrías tener ayuda si no la pagas; la fiscalización real es bajísima.
Aquí es cuando me doy cuenta que gran parte de los grupos de concejalas o concejales que individualmente se dirigen al TER se componen de abogados, ahorrándose todos los costos de representación. En caso de haber un delito se puede hacer la denuncia en la fiscalía. Pero en materia de delitos funcionarios o delitos económicos lo recomendable es tener asesoramiento jurídico porque estos no son tan claros como, por ejemplo, un crimen, y lo que denuncies podría terminar transformándose en la comisión de un delito si no se hace correctamente.
El sistema lleva a que haya cientos de concejales que no pueden ejercer su principal función más allá del enjuiciamiento público si no se cuenta con él, con el tiempo y los recursos financieros. Requerimos que la normativa y las instituciones que la aplican nos agilicen nuestro trabajo. Evidentemente ello requiere reestructuraciones, focalización e inversión con un objetivo claro: mejorar la calidad de vida nuestra gente a lo largo de Chile, mediante el correcto uso de los recursos públicos. Los quórum de fiscalización debieran ser menores, los concejos municipales debieran contar con reales asesorías jurídicas, no con la asesoría de una dirección jurídica que es de confianza exclusiva del alcalde o alcaldesa. Debiera haber formación efectiva y obligatoria en cuanto a los pasos, como también bajadas de la legislación y el uso de los mecanismos.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Maximiliano Morel Núñez – Concejal de San Ramón
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