Luego que la Fiscalía del Ministerio Público entregara detalles de la investigación que lleva adelante el caso del secuestro y brutal homicidio del exteniente y refugiado político venezolano Ronald Ojeda, apuntando a que se trata de un crimen político, «encargado desde Venezuela» y que, al menos, dos de los secuestradores estarían en territorio de Venezuela, la senadora republicana Carmen Gloria Aravena, exigió terminar con los análisis y concretar acciones al respecto, por parte del Gobierno de Chile.
La parlamentaria lamentó que “cada día que pasa nos enteramos de un nuevo episodio de violencia extrema donde los protagonistas no son solo inmigrantes ilegales o con órdenes de expulsión pendientes hace años. Ahora -al parecer- también serían agentes del Gobierno venezolano quienes operan con total impunidad en nuestro país”.
Por ello, fustigó, “los análisis del Gobierno de Chile ya no son suficientes ni representan un consuelo para los familiares de las víctimas. Necesitamos saber cuántos inmigrantes ilegales han sido expulsados y cuántos quedan aún por expulsar de nuestro país”, emplazó.
“Los chilenos merecemos volver a vivir tranquilos y por eso el Gobierno debe, además, congelar cualquier tipo de relación con Venezuela, al menos hasta que tengamos la certeza de que estos grupos de delincuentes están fuera de nuestro país”, sentenció la senadora Aravena.
La legisladora, quien también asumió la presidencia de la Comisión Familia, Infancia y Adolescencia de la Cámara Alta, enfatizó su preocupación por los efectos que generan este tipo de crímenes en los hijos de las víctimas, y se unió al llamado de la Bancada de Diputados y Senadores Republicanos, quienes exigieron al Gobierno “que convoque al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) a primera hora para discutir y adoptar medidas estrictas frente a la grave vulneración de nuestra soberanía nacional por parte de la Dictadura de Nicolás Maduro y se decrete la expulsión de la delegación diplomática de Venezuela en Chile”.
