Este miércoles, diputadas y diputados oficialistas presentaron un proyecto de ley para que la Justicia ordinaria y no la Justicia Militar resuelva los casos en los que se vean involucrados conscriptos y jóvenes que realizan el Servicio Militar.
Todo esto luego de la muerte de Franco Vargas, joven de 19 años que murió mientras obedecía instrucciones en el contexto del Servicio Militar, Servicio que realizaba en la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco”, en Putre.
En específico, la iniciativa propone “Inhibir del conocimiento de la Justicia Militar, todo hecho susceptible de interés jurídico que involucre a soldados conscriptos y a jóvenes que se encuentren cumpliendo el servicio militar, y a su vez, otorgar conocimiento y competencia a tribunales ordinarios establecidos por ley”.
Para el diputado Matías Ramírez (PC), autor del proyecto, la muerte de Franco obliga avanzar hacia estándares internacionales y que sean organismos autónomos quienes se encarguen de investigar y hacer justicia.
“Creemos que es una oportunidad importante para cumplir lo que las entidades internacionales, la Excelentísima Corte Suprema de nuestro país, inclusive el Tribunal Constitucional, han determinado, que es limitar el accionar de la Justicia Militar, en conocer hechos que puedan involucrar a soldados conscriptos”.
“En definitiva sean organismos independientes, con autonomía, quienes puedan llevar las investigaciones como corresponde. En este caso sea el Ministerio Público y sean los tribunales ordinarios quienes puedan sancionar estos hechos”, agregó el legislador por Tarapacá.
Por su parte, la diputada Lorena Pizarro, coautora de la iniciativa, enfatizó en la necesidad de dar garantías de justicia, algo que los tribunales militares han sido incapaces de ofrecer.
“Es vital que causas en que estén involucrados, por ejemplo, aquellos jóvenes que se encuentran realizando -muchos por obligación- el Servicio Militar sean llevadas por la Justicia Civil, pues conocemos las irregularidades que la Justicia Militar ha acarreado desde siempre, irregularidades que se han profundizado desde la dictadura civil-militar. Esto no da garantía de justicia”.
Además de Matías Ramírez, autor de la iniciativa, los mocionantes del proyecto son María Candelaria Acevedo Sáez, Nathalie Castillo Rojas, Hertz Cádiz, Tomás Hirsch Goldschmidt, Emilia Nuyado Ancapichún, Hernán Palma Pérez, Lorena Pizarro Sierra y Marcela Riquelme Aliaga.
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