- El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió dar curso a la acción penal interpuesta por el INDH. La querella se presentó después de que el Ministerio Público anunció una investigación de oficio.
- El Ministerio Público abrió la causa tras conocerse las conversaciones por WhatsApp de un exjuez imputado en el caso conocido como “Operación Topógrafo”, quien habría hecho gestiones para nombramientos en el Poder Judicial.
- La mayoría del Consejo del INDH estimó graves los hechos porque afectan la garantía de independencia judicial y eventualmente el debido proceso.
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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió hoy a trámite la querella por tráfico de influencias que interpuso el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La acción penal, presentada contra quienes resulten responsables, la acordó la mayoría del Consejo del INDH, tras revelarse conversaciones por WhatsApp del exjuez J.A.P.M. quien habría intervenido ilegalmente en el nombramiento de la ministra María Teresa Letelier en la Corte Suprema.
J.A.P.M. es un exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y luego de Copiapó y se encuentra formalizado por los delitos de intromisión a la vida privada y falsificación ideológica de documento público. Estos delitos los perpetró en el marco de un conjunto de escuchas telefónicas ilegales. En este caso, conocido como “Operación Topógrafo” y “Operación W”, el INDH actúa como querellante desde diciembre de 2023.
Derecho a la imparcialidad judicial
El INDH resolvió interponer la querella debido a que las gestiones que revelan las comunicaciones por WhatsApp resultan graves. “La independencia de los tribunales es sustantiva para los DD.HH. Es un derecho para que los jueces desarrollen su labor sin presiones. Es también un derecho para los ciudadanos para que las decisiones de la justicia sean emitidas con autonomía e imparcialidad”, sostuvo la directora del INDH, Consuelo Contreras.
“Hay que poner un atajo al nombramiento de jueces por razones que vayan más allá de su capacidad e idoneidad para ejercer el cargo”, sentenció la directora del INDH.
A juicio del INDH, estos hechos ofrecen indicios de una situación de corrupción, que socava las bases de la independencia judicial.
La investigación desarrollada en el marco del caso “Operación Topógrafo” y “Operación W” condujo a las autoridades a pesquisar especies de interés del ex juez J.A.P.M. Fueron teléfonos celulares, chips, computadores, pendrives, discos duros externos, mochilas, y cajas con carpetas y antecedentes bajo reserva de la Ley de Inteligencia. La PDI realizó pericias a los teléfonos y ahí encontró conversaciones sostenidas a través de la aplicación WhatsApp.
Uno de los hallazgos son los contactos de abril y mayo de 2021 donde el hoy exministro J.A.P.M. realizó intervenciones para favorecer la candidatura de la entonces magistrada de la Corte de Apelaciones de San Miguel María Teresa Letelier, a fin de que la nombraran ministra de la Corte Suprema.
Dictámenes de la Contraloría
Un día antes de que el INDH presentó la querella por tráfico de influencia, el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación de oficio. Designó un fiscal por los graves hechos develados a partir del material incautado al imputado. La causa se encuentra actualmente bajo investigación.
La admisibilidad de la querella del INDH por tráfico de influencias es coherente con diversos dictámenes de la Contraloría General de la República, cuyos pronunciamientos sobre las facultades del INDH han sido argumentados en base a los principios que rigen a las instituciones internacionales de derechos humanos con el mandato legal más amplio posible para el cumplimiento de sus objetivos (dictamen 4558 de 2019). En esa misma línea se insertan estos otros dos dictámenes 58070 de 2012 y E498022 de 2024).
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