Estados Unidos aumentó el martes su presión contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua con sanciones económicas contra dos altos funcionarios, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, y el asesor de seguridad nacional Néstor Moncada, fuertemente rechazadas por Managua.
Las medidas fueron tomadas de conformidad con un decreto firmado el mismo martes por el presidente Donald Trump, el cual permite castigar a autoridades nicaragüenses por abusos de los derechos humanos y actos de corrupción cometidos desde el inicio de las protestas opositoras en Nicaragua hace siete meses.
«El presidente Trump está comprometido a presionar al régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, para restaurar la democracia y el Estado de derecho en el país», dijo la Casa Blanca en un comunicado, reiterando el llamado a «elecciones libres, justas y anticipadas».
Ortega, cuyo partido controla el aparato estatal, ha rechazado reanudar el diálogo con la oposición o adelantar las elecciones del 2021 al 2019.
Desde Managua, el gobierno de Ortega, en el poder desde hace 11 años, rechazó la decisión de Washington y consideró que las medidas son «la continuidad histórica de la injerencia y la política intervencionista de la potencia imperial norteamericana contra Nicaragua».
«Reclamamos con dignidad (..) el derecho inalienable a nuestra soberanía e independencia», dijo en un comunicado, tildando de «irrespetuosas, falsas e ilegítimas todas las acusaciones que ratifican las perspectivas y prácticas imperialistas de los Estados Unidos de Norteamérica».
– Bloqueo de bienes –
El decreto y las sanciones contra Murillo y Moncada se conocen después de que el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, anunciara en un discurso el 1 de noviembre «acciones directas» del presidente contra lo que denominó la «Troika de la tiranía», integrada por Nicaragua, Cuba y Venezuela.
«Esta acción envía una clara señal de que Estados Unidos no tolerará la explotación de las personas y los recursos públicos de Nicaragua para beneficio personal», dijo el martes la Casa Blanca, subrayando que sigue firme en su determinación de contrarrestar «los regímenes corruptos y desestabilizadores» de esos tres países.
Las sanciones contra Murillo y Moncada bloquean todos sus bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos, e impiden a personas y entidades estadounidenses hacer negocios con ellos.
«Esta administración está comprometida a responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Las protestas antigubernamentales en Nicaragua se iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al seguro social, y evolucionaron hacia un movimiento que pide la salida de Ortega, un exguerrillero en el poder desde 2007, y a quien sus críticos acusan de instalar una dictadura junto con Murillo.
Las manifestaciones opositoras dejaron más 320 muertos, según grupos humanitarios, mientras que las autoridades reconocen 198 víctimas.
– «Un primer paso» –
Una alta funcionaria del gobierno de Trump declinó comentar sobre las propiedades o intereses de Murillo y Moncada en Estados Unidos, pero aseguró que la falta de acceso al sistema financiero estadounidense es un problema.
«No hay duda alguna de que esto va a tener un impacto significativo (…) Las instituciones financieras de todo el mundo prestan mucha atención a nuestras sanciones», dijo a periodistas bajo condición de anonimato.
Según el Tesoro, Murillo, vicepresidenta desde 2017, pero «co-presidente de facto» desde 2007, ha estado marcada por distintos actos de corrupción y tiene influencia sobre dos grupos muy involucrados con la violenta represión de las protestas: el movimiento juvenil del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la Policía Nacional.
Moncada, en tanto, es señalado por el Tesoro de tener «fuertes lazos de lealtad» con Ortega y Murillo y de actuar como agente de inteligencia gubernamental. Además, se lo acusa de pagar sobornos y chantajes para obtener apoyo para el gobierno y de contribuir a «encubrir la conducta sexual de Ortega con una menor».
«Este es un mensaje, y es un primer paso en torno al círculo de Ortega y para aquellos que han estado promoviendo la violencia contra los manifestantes», dijo otro alto funcionario del gobierno de Trump, que pidió no ser identificado, al comentar las sanciones.
Washington ya había restringido visas a funcionarios nicaragüenses y a sus familiares, y sancionó a tres allegados a Ortega bajo la Ley Magnitsky, que castiga a personas por actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Fuente: rfi
