La Sala de la Cámara aprobó en general, por unanimidad, un proyecto de ley que asegura el origen lícito de los honorarios percibidos por los abogados defensores de personas imputadas por delitos de drogas, delitos funcionarios (como el cohecho o malversación de fondos públicos) y causas de la Ley Antiterrorista , el cual fue presentado por la Bancada de Diputadas y Diputados independientes-PPD, integrada por los diputados Jaime Araya, Carlos Bianchi, Carolina Marzán, Helia Molina, Camila Musante, Raúl Soto, Cristián Tapia y Héctor Ulloa.
Para dichos fines la iniciativa establece que dichos abogados deberán percibir sus honorarios a través de sistemas de pago distintos al dinero en efectivo, es decir, mediante cheque, vale vista, tarjeta de pago, transferencia electrónica u otro.
Por ser objeto de indicaciones, el proyecto volvió a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su discusión en particular.
“Valoramos la aprobación unánime del proyecto que regula a los narcoabogados. Es muy importante que regulemos la forma en que los abogados que defienden a narcotraficantes, a miembros del crimen organizado, a funcionarios públicos corruptos, a políticos corruptos, tengan que demostrar el origen lícito de esos honorarios. No es justo que se paguen millonarios honorarios con plata proveniente de la venta de la droga, de homicidios, de sicariato, de robos que se le hacen al fisco, a las municipalidades, a las gobernaciones regionales, al Estado de Chile”, afirmó el diputado Jaime Araya, principal impulsor del proyecto de ley .
El integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, agregó que “nosotros queremos regular esto y, por lo tanto, le pedimos al gobierno que se convenza de la importancia de esta regulación y le ponga urgencia. Escuchamos al fiscal nacional, escuchamos a la Defensoría, escuchamos a distintos gremios, a distintos expertos que dan cuenta de que es necesario que Chile regule esta situación. Nos parece que esto es un avance para la defensa de la democracia que hoy día está amenazada por el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo”.
Por su parte, el diputado independiente-PPD, Cristián Tapia, sostuvo que «cuando nosotros vemos que los narcotraficantes, el crimen organizado se ha insertado en las distintas poblaciones, ha capturado a nuestros jóvenes, ha hecho de que la corrupción sea pan de cada día, es necesario preocuparnos no solamente de tener las policías en las calles, darle herramientas a carabineros y a la Fiscalía, sino que también cómo se controla el tráfico del dinero y el lavado de este mismo. Esta iniciativa va a sumar mucho para esclarecer los casos, y para que definitivamente los abogados y abogadas que reciben millones de pesos tan fácilmente, definitivamente no lo puedan hacer».
En tanto, la Jefa de Bancada PPD-Independientes, Camila Musante , indicó que “hoy en la Cámara de Diputadas y Diputados dimos un paso histórico al aprobar el proyecto de ley que regula los honorarios de los abogados que defienden a imputados por narcotráfico y crimen organizado. Esta iniciativa busca garantizar que el dinero usado en estas defensas tenga un origen legítimo, poniendo fin a los pagos en efectivo y exigiendo trazabilidad a través de medios electrónicos. No permitiremos que el narcotráfico siga burlando al sistema de justicia usando el dinero sucio para su defensa. Con esta ley, la impunidad tiene los días contados.”
Cabe señalar que el texto legal establece que “una vez concluida, renunciada o abandonada la defensa, el abogado deberá acreditar en el tribunal ante el cual asumió la defensa, el pago percibido por los servicios prestados, hayan sido percibidos como persona natural, sociedad o empresa”, y que “quienes incumplan esta obligación serán sancionados con la suspensión del ejercicio de la profesión por un término de seis meses a un año”.
