El Alcalde de La Granja y por hoy Presidente (S) del Partido Demócrata Cristiano denunció la disminución de los recursos para el combate de la delincuencia.
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De acuerdo a las últimas cifras de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, en lo que va del año 2018, se ha registrado un alza en tres de los delitos más violentos del país: robo con intimidación (9,6%), homicidio (17%) y violación (5%). Dicho aumento se registra a pesar del aumento en el presupuesto asignado a carabineros.
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Ante este escenario, la Democracia Cristiana, en la voz de su Presidente (s), Felipe Delfín, quién además preside la Asociación Chilena de Municipalidades, propone una gran pacto político y social por la seguridad y bienestar de nuestros barrios.
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«Debemos empoderar a nuestra Subsecretaría de Prevención del Delito y mayor financiamiento permanente que permitan ingresos regulares a los municipios, sobre todo aquellos más vulnerables, para el desarrollo de «planes comunales de seguridad pública… Debemos empoderar a nivel local a nuestras organizaciones comunitarias como garantes de una eficacia en el ámbito de la seguridad. Los municipios a partir de fondos estatales permanentes deberán apoyarlas con recursos, acceso a asesoría técnica, promoción de su relación directa con las policías. El combate a la delincuencia los perderemos si no cambiamos eje y hacemos un gran pacto político y social» señaló Delpín.
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De acuerdo a cifras de la DIPRES el presupuesto asignado a Carabineros en 2016 fue de $988.828.530 miles, en 2017 aumentó a 1.037.521.050 miles de $, en 2018 subió a 1.082.692.664 miles de $, y para el año 2019 crece a 1.115.092.271 miles de $. Lo contrario sucede con el presupuesto dirigido a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Si en 2016 el presupuesto era de 55.199.462 miles de
$, en presupuesto 2019 la cifra es de sólo 35.784.603 miles de $. ¿Por qué es relevante la disminución del presupuesto de esta subsecretaría? Porque tiene bajo su tutela programas y planes de real impacto sobre la prevención del delito a nivel local y en aquellas comunas más vulnerables, más allá de anuncios efectistas, populistas y/o generalistas.
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«debemos concentrar los escasos recursos actuales considerados en la Red Nacional de Seguridad (M$3.941.485) en las comunas de más de 60,000 habitantes donde se concentra más del 80% de los delitos y el 73% de la población nacional (…) Debemos comprometer un presupuesto suplementario para esta línea programática, de un monto similar o superior a la inicial (…) Debemos focalizar los recursos del Fondo Nacional de Seguridad Pública (M$3.414.954) en comunas de menos de 60 mil habitantes y en iniciativas de fortalecimiento de los Consejos Comunales de Seguridad Pública». Agregó el edil de La Granja.
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A ello hay que agregar las diferencias de hasta 8 veces en el gasto per cápita que las comunas de la Región Metropolitana hacen en el combate a la delincuencia, por ejemplo, entre Vitacura y La Pintana, con el contrasentido que el nivel de incidencia, connotación (asociado a narcotráfico) y violencia de los delitos en esta última comuna es mayor, en la DC proponen entre una serie de medidas entre las que destacan.
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«proponen cambios al Fondo Común Municipal y ciertas distorsiones asociadas que se producen, por ejemplo, en materia de pagos de patentes comerciales para que las empresas paguen sus patentes comerciales ahí donde se encuentran ubicadas y no donde se ubique su casa matriz, o considerar un mayor aporte de las comunas de mayores ingresos, por concepto de los que recauden vía Impuesto Territorial (contribuciones) agregó Felipe Delpín.
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Quien finalizó señalando que «los tiempos mejores todavía no llegan. No llegan en materia económica, donde hoy el desempleo llega a un 7.1% durante el trimestre julio-septiembre, cuando en mismo período del año y gobierno anterior la cifra era de 6.7%, además de un estancamiento de los salarios, con un magro aumento de apenas un 0.1% en los últimos 12 meses. Esto más allá de una interpretación de cifras y expectativas sobre la inversión para 2019 provenientes de actores como el Banco Central. Tampoco han llegado los tiempos mejores en materia de seguridad, otro de los grandes ejes y promesas de este gobierno».
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Datos
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Los programas de «Prevención de Seguridad Ciudadana» (que de presupuesto 2018 al de 2019 aumenta de forma exigua de 11.079.213 miles de $ a 11.142.204 miles de $); o los «centros regionales de atención y orientación a las víctimas» (disminuyen de 3.995.364 miles de $ a 3.913.637 miles de $); los «programas de gestión en seguridad ciudadana» (de 4.065.608 miles de $ a 3.414.954 miles de $); o el «plan comunal de seguridad pública» que para 2019 se queda sin financiamiento, trasladando recursos a una «red nacional de seguridad pública» de escaso impacto y relación con la realidad local en cientos de comunas vulnerables.
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Esto denota entonces una política pública enfocada en un efectismo sin resultados positivos incluso en el corto plazo, antes que en una que ponga el foco en medidas eficaces que centren su intervención en la prevención del delito. Mientras que el presupuesto 2019 para ambas policías llega a un 45% de los recursos de seguridad y justicia, los programas de rehabilitación y reinserción en Gendarmería representan solo el 1.3%; por su parte, la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene un presupuesto para 2019 de un 1.2% del total del recurso para seguridad y justicia. Es decir, un contrasentido
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