Ante la inadmisibilidad por parte de la Corte Suprema del recurso de protección presentado por la Ilustre Municipalidad de Santiago, que busca impedir la instalación de una nueva cárcel en el sector de Pedro Montt, en el barrio Rondizzoni, el alcalde Mario Desbordes descartó que el máximo tribunal se haya referido al fondo del asunto y consideró que el fallo solo tocó un aspecto de forma.
El recurso se interpuso el 20 de enero pasado ante la Corte de Apelaciones contra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cartera que aprobó la modificación del plan regulador de la comuna de Santiago para permitir la creación de 500 plazas para albergar a líderes de bandas de crimen organizado en el complejo penitenciario Santiago 1, en las cercanías a los tribunales de justicia y el barrio residencial, lo que esta administración consideró como una “ilegalidad y arbitrariedad”.
“Lo que dicen la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones es que el recurso de protección no es la vía para frenar la construcción de la cárcel, sino que lo haga por la vía de un juicio ordinario”, expresó el alcalde Desbordes, y adelantó que “vamos a ingresar una demanda de nulidad de derecho público la próxima semana, vamos a pedir una orden de no innovar para ver si logramos frenar las gestiones que se están haciendo”.
El jefe comunal subrayó que “la Suprema no entró al fondo, no dijo que el ministerio tenga atribuciones, o que está correcto decir que es una ampliación o una nueva cárcel, no entró en la parte de fondo, no se tocaron nuestros argumentos ni se preguntó a la contraparte, es una cuestión de forma que nos lleva a una vía más larga”.
Para la Municipalidad de Santiago, la calificación de “ampliación” del nuevo recinto carcelario por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo permitiría al Estado “violar flagrantemente el inciso 3° del artículo 1° de la Ley 21.636 que manda perentoriamente que al tratarse de recintos penitenciarios nuevos ‘no se podrá aprobar la propuesta de modificación de un plan regulador para la construcción de un recinto penitenciario nuevo si los informes no aprueban su construcción’”.
Desbordes ahondó: “Este tipo de presos no tienen que ir a tribunales personalmente, deberían hacerse todos los trámites telemáticos, y lo que me da la razón en eso es que justamente recién tenemos un juicio en curso de reos de máxima peligrosidad y se hizo remoto, y se hace así porque hay una modificación legal reciente que lo permite. Usted no anda paseando presos de máxima peligrosidad por las calles de Santiago, no se cumple el criterio que plantea el gobierno. Es una cárcel en el corazón de la capital, en un sector que está completamente saturado, y por eso también es injusto para la gente que vive ahí que les planten otra cárcel más, el mayor problema son los traslados y las visitas, el microtráfico”.
Para el alcalde Desbordes, el avance de las pretensiones del gobierno es consecuencia de la falta de gestión en tribunales de la anterior jefa comunal: “Lamentablemente la alcaldesa Hassler nunca hizo nada, entonces hemos perdido meses muy valiosos. Me he reunido en varias oportunidades con los vecinos, que al igual que los diez concejales y yo, se oponen a esta nueva cárcel. Seguimos defendiéndolos, haciendo todo lo necesario para que ese proyecto no se haga en el corazón de la capital de Chile, y no se afecte la seguridad y la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos”.
El director jurídico de la municipalidad, Juan Ignacio Pinochet, agregó que “los tribunales no han negado nada de lo dicho en nuestro recurso, solo nos dicen que la forma correcta, según ellos, es un juicio ordinario. Vamos a recurrir ante los tribunales ordinarios solicitando la nulidad de derecho público en la siguiente acción que vamos a interponer, porque vamos a perseverar en nuestra estrategia judicial”.
