La propuesta consiste en una serie de indicaciones legislativas que deberían ser incluidas en el servicio, para cumplir con los estándares de conservación que propone la UICN.
Un documento suscrito por más de 20 organizaciones de la sociedad civil y especialistas, fue el que durante la jornada de esta mañana entregó un grupo de ONGs en las dependencias del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Este escrito pretende proponer diversas modificaciones al contenido actual del proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) así como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Cabe recordar que, tras cinco años desde su ingreso al Congreso Nacional, esta iniciativa legal fue recientemente aprobada por la Sala del Senado el miércoles 24 de julio, pasando así a segundo trámite legislativo ante la Cámara de Diputados, lo que va en línea con la intención del actual Gobierno de Sebastián Piñera, de conseguir la aprobación a la brevedad.
“La propuesta presentada al ministerio es el resultado y culminación de un trabajo de meses, coordinado por Fundación Terram y en el que participaron organizaciones de la sociedad civil y especialistas vinculados al mundo ambiental, bajo un proceso que incluyó reuniones periódicas destinadas tanto a reflexionar y discutir acerca del contenido del mencionado proyecto de ley, como a identificar sus virtudes, vacíos y falencias, para plantear mejoras concretas”, comenta Ignacio Martínez, abogado de Fundación Terram.
Dentro de los aspectos más cuestionados de la iniciativa legal que se analizan en el documento, se encuentran, por ejemplo, la falta de adecuación del principio jerarquía con los estándares de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); así como la ausencia de otros principios relevantes -como es el principio de gobernanza; la falta de robustez de la planificación ecológica como instrumento de conservación de la biodiversidad-; la incompatibilidad de las compensaciones en biodiversidad y de los bancos de compensación con la conservación de la biodiversidad; la supresión del concepto de “áreas colocadas bajo protección oficial” para efectos del SEIA; entre otros.
Javier Trivelli, director ejecutivo de la Fundación Geute Conservación Sur, enfatizó que uno de los puntos críticos que contiene el proyecto son las compensaciones en biodiversidad. “El SBAP genera la figura del banco de ‘compensación en biodiversidad’ como un instrumento de conservación, el que no contribuye en nada a conservar la biodiversidad. Estos bancos funcionan sólo con proyectos de preservación y no de restauración, esto se explica por ejemplo con que un proyecto que ingresa al SEIA propone eliminar 100 hectáreas de bosque nativo y el banco de compensación le venderá créditos en biodiversidad por 100 hectáreas de bosque que ya existían, es decir, perdemos 100 hectáreas de bosque en Chile. Acá estamos frente a un instrumento que busca dar mayores certezas jurídicas a las Resoluciones de Calificación Ambiental a costa de la pérdida en biodiversidad del país”.
Por su parte, Ximena Salinas, Presidenta de CODEFF, enfatizó que otro punto crítico en el proyecto son los sistemas de gobernanza. “Si bien hay un acercamiento a ampliar las formas de administración en un área, todavía el proyecto de Ley no recoge los criterios que establece la UICN para la gobernanza de áreas protegidas”.
Las organizaciones y personas que adhieren y suscriben la mencionada propuesta son: Fundación Terram, Ecosistemas, Fundación Cosmos, Oceana, Cooperativa Calahuala, Fundación Omora, Centro Ballena Azul, Corporación Amigos de los Parques, Observatorio Ciudadano, Consorcio TICCA, Parques para Chile, Tompkins Conservation Chile, WWF Chile, Fundación Plantae, Fundación Geute Conservación Sur, Fundación Fungi, Corporación Puelo Patagonia, Aumen, Parque Cordillera, Comité Pro-Defensa de la Flora y Fauna CODEFF, Jardín Botánico Chagual, Dr. Eduardo Fuentes Q. (Consultor Biodiversidad y Desarrollo) y Alberto Tacón C. (Investigador Asociado UACH y miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas UICN).