DECLARACIÓN PÚBLICA
El martes 20 de agosto, y de manera coincidente a un año de transcurrido un año de las intoxicaciones masivas que se produjeron en la Bahía de Quintero, unos 40 jóvenes y adultos de este sector presentaron síntomas similares a los que sufrieron miles de habitantes el año pasado. Esto es un claro reflejo de que la nefasta realidad de esta zona no ha cambiado, y que episodios como este y los continuos varamientos de carbón, persisten.
Inevitable y lamentablemente, este episodio nos hace recordar las situaciones que aquejaron a estas comunidades desde el martes 21 de agosto de 2018, cuando tres liceos de la comuna de Quintero fueron evacuados debido a que una parte de sus estudiantes presentaron síntomas como mareos, vómitos y desvanecimientos provocados por una nube de gas de origen desconocido. Esos eventos llevaron a que se levantara un movimiento ciudadano de alcance nacional que exige hasta el día de hoy soluciones concretas a las realidades de esta y otras Zonas de Sacrificio nacional, sin embargo, por lo sucedido ayer, vemos que la vulneración de los derechos a la salud y a un medio ambiente sano, continúa. Es decir, aun cuando las autoridades intentan dar soluciones, estas siguen siendo insuficientes.
Entre septiembre de 2018 y enero de 2019 sesionó una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados, la cual dio como resultado un informe final en el cual concluyó que existió una clara «incapacidad y falta de voluntad política» por parte del Ejecutivo en la situación.
Además, como parte de una de las demandas, el Ministerio del Medio Ambiente elaboró un nuevo Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental (PPDA) el cual entró en vigencia el 30 de marzo de este año, el que presentó avances respecto al que estaba vigente desde 1992.
Así también, el 16 de mayo fue publicada en el Diario Oficial la actualización de la norma primaria para dióxido de azufre (SO2), la cual vino a reemplazar la norma que databa del año 2002 y que se encontraba en proceso de revisión y actualización desde hace 9 años.
Finalmente, el martes 28 de mayo, la Corte Suprema falló a favor de las 18 organizaciones sociales y personas naturales que denunciaron a las empresas pertenecientes al Complejo Industrial de Ventanas y los órganos del Estado involucrados en dar una respuesta a los habitantes afectados por los episodios de intoxicación masiva. Este «fallo histórico» explicitó la responsabilidad del Estado en el caso, en línea con lo que había señalado la comisión de diputados en enero de este año.
En base a todo lo anterior y teniendo en cuenta que, pese a los esfuerzos políticos de algunos sectores e instituciones del Estado de Chile, siguen sumándose reiterados eventos de contaminación -como son los constantes de varamientos de carbón en la playa Las Ventanas, los nuevos registros de peaks de SO2 en la zona e intoxicaciones similares a las ocurridas hace un año atrás-, desde Fundación Terram declaramos que:
- El informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara baja identificó responsabilidades políticas claras, pero ninguna de las ex autoridades mencionadas y menos las instituciones señaladas, han recibido hasta ahora algún tipo de sanción por esta causa.
- El nuevo PPDA presenta avances, pero es una medida insuficiente que no se hace cargo de las altas concentraciones de metales pesados que por décadas se han depositado en el territorio. Además, el actual PPDA permite que se supere 131 veces la norma para dióxido de azufre en un año y por tres años seguidos, estándar permisivo que podría generar 399 excedencias en total. Cabe destacar que este plan se enmarca dentro de la normativa vigente, por lo que si las normas nacionales siguen siendo de bajo estándar ambiental, las comunidades afectadas por los polos industriales seguirán a la deriva de la contaminación que estos generan.
- La norma primaria para SO2 no adopta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud en el año 2005 para períodos cortos de 10 minutos (la cual tiene por objetivo proteger a las persona más vulnerables a este contaminante), ni tampoco adopta el valor recomendado para 24 horas, estableciendo un valor que excede más 7 veces a lo recomendado. Normas como esta, son las que siguen sentenciando a los habitantes de las Zonas de Sacrificio y de las ciudades contaminadas por leña a respirar altas concentraciones de este contaminante, sometiendo su salud a un riesgo constante.
- El «fallo histórico» emitido por la Corte Suprema explicitó la responsabilidad del Estado en el caso. En esta línea, Fundación Terram llama a que las instituciones pertinentes a trabajar éticamente en la construcción de una normativa más robusta que genere las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la vida, a la salud y a un medio ambiente libre de contaminación de las comunidades que habitan la Bahía de Quintero.
- En su discurso de la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas realizada en septiembre de 2018, el Presidente Sebastián Piñera señaló que su Gobierno mantiene un compromiso que permitiría dar una solución definitiva que termine con las ‘Zonas de Sacrificio’, pero este compromiso no se condice con el Plan de Descarbonización que presentó este año, ya que este no pone celeridad al cierre de las termoeléctricas ubicadas en la Bahía de Quintero ni en otras zonas.
Pese a todo lo señalado, en este aniversario de un nuevo evento de crisis ambiental que afectó a la Bahía –más, no el único, ya que entre otras grandes crisis de contaminación crítica se encuentran la intoxicación de los estudiantes de la escuela La Greda en 2011 y el derrame de petróleo de 2014-, aún no se identifican los responsables de la situación que la aquejó y aún no se avanza de manera significativa en la creación de políticas públicas que presenten una solución a la realidad de esta y otras Zonas de Sacrificio. Por lo mismo, desde Fundación Terram hacemos un llamado a las autoridades e instituciones del Estado a aplicar medidas concretas y efectivas, como sería: firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, dictar norma de calidad para arsénico, ajustar normas de calidad y emisión a estándares de la OMS, aplicar la normativa que permite la paralización de empresas en ciertos casos y acelerar el proceso de cierre de las termoeléctricas en esta y otras Zonas de Sacrificio del país.
Revisa los documentos de Fundación Terram: «La negligente realidad de la Bahía de Quintero» y «Minuta relativa al registro de varamientos de carbón en caleta Ventanas entre 2009 y 2018«