QUITO – La Asamblea Nacional de Ecuador es cómplice y coautora de la represión a las manifestaciones ya que puede revocar el estado de excepción impuesto por el presidente Lenín Moreno pero ni siquiera está sesionando, dijo el exlegislador y secretario ejecutivo del partido opositor Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández.
por Socio Informativo
Agencia de Noticias Sputnik
«La Asamblea Nacional está siendo cómplice y coautora de la represión; el presidente de la Asamblea se ha manchado las manos de sangre porque si él convocaba a una sesión y revocaba el estado de excepción, se habrían evitado estos hechos de violencia», dijo Hernández, cuyo partido agrupa a los seguidores del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
El 1 de octubre el Gobierno de Lenín Moreno anunció una serie de medidas económicas, incluido el polémico fin de los subsidios por 1.300 millones de dólares a los combustibles.
Las medidas, que la población llama «paquetazo», incluyen reformas laborales, flexibilización tributaria para promover la actividad económica y recortes presupuestales.
Tras el anuncio de las medidas, transportistas convocaron un paro general que levantaron luego de dos días en los que negociaron con el Gobierno subas a los servicios de transporte de cargas y pasajeros.
Pero las movilizaciones continuaron lideradas por otros sectores afectados.
Hasta el 11 de octubre a las 10:00 hora local (15:00 GMT), habían sido detenidas 1.070 personas en el marco de las movilizaciones, según dijo el defensor del Pueblo, Freddy Carrión.
Carrión confirmó además cinco personas fallecidas en el marco de las movilizaciones, y que en al menos dos casos está probada la responsabilidad de las fuerzas de seguridad.
Virgilio dijo que es «inconcebible» que la Asamblea Nacional se «haya mantenido de vacaciones» desde el «mismo momento» que el Gobierno tomó las medidas económicas.
«El presidente de la Asamblea no sólo es cómplice, es corresponsable, puesto que la bancada de Revolución Ciudadana le pidió el primero de octubre analizar el estado de excepción», agregó.
El 8 de octubre el legislador del opositor Movimiento CREO (derecha), Homero Castanier, dijo a Sputnik que el parlamento decidió suspender sus actividades por falta de garantías para la asistencia y sesión de los asambleístas, debido a las protestas masivas en Quito y otras ciudades.
De hecho, esta semana, los manifestantes ingresaron brevemente al recinto del Poder Legislativo, aunque luego fueron expulsados por la policía.
Salidas constitucionales a la crisis
Revolución Ciudadana propone salidas constitucionales a la crisis que vive el país, dijo Virgilio Hernández.
«Existen muchas salidas constitucionales para lo que se está viviendo; Revolución Ciudadana propone ideas desde el plano económico como el político, que claramente no son golpistas como el Gobierno quiere imponer que son», dijo.
Hernández consideró que la primera solución para esta crisis es derogar las medidas impulsadas por el Gobierno y pensar otras alternativas.
«El Gobierno tenía otras alternativas que no quería implementar porque está a merced de grandes grupos de poder como son el sector financiero y el exportador (…) con sólo modificar la regla de impuesto tributario para que paguen quienes les corresponde, se podrían haber ahorrado 400 millones de dólares», agregó.
Otra medida que propuso es subir las partidas arancelarias, con lo que Ecuador se ahorraría 800 millones de exportaciones; también señaló que se podría controlar la subfacturación.
«Las autoridades reconocieron que Ecuador pierde 700 millones por subfacturación; ¿por qué no se toma esta medida? porque el Gobierno satisface a los exportadores; además, debería subirse el IVA para los productos suntuarios», señaló.
Entre el 2017 y 2018 los bancos incrementaron en 155 millones de dólares sus ganancias; esto es «inconcebible» porque crecieron mientras que la población ecuatoriana entró en recesión, dijo Hernández.
Afirmó que una salida constitucional en el tema político es llamar a elecciones o aplicar el artículo de muerte cruzada, que permite que la Asamblea destituya al presidente y que el mandatario pueda revocar al parlamento.
«El Gobierno de Moreno está moralmente liquidado, no tendrá la facultad para seguir dirigiendo los destinos del país; tiene ministros como Oswaldo Jarrín (Defensa) y María Paula Romo (Gobierno) que no solo tienen que ser destituidos, sino que juzgados por llenarse las manos de sangre de ecuatorianos», agregó.