La plataforma que reúne más de 100 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Fundación Terram, destaca que no es posible que un evento de tal talla mundial se realice en un país que ha roto el Estado de Derecho.
A casi una semana de iniciado el Estado de Excepción Constitucional al que ha apelado el gobierno para la militarización de Chile, hacemos énfasis en que esta crisis está sustentada en una injusticia basal, que ha significado una limitación de los derechos de la ciudadanía de manera permanente.
Un ejemplo claro de esta injusticia, es la existencia de “zonas de sacrificio”, donde se ha sometido a comunidades completas a vivir bajo altos niveles de contaminación, vulnerando su derecho constitucional a la vida. Constituye también un abuso invisibilizar a la ciudadanía, poniendo barreras a la participación, al acceso a la justicia y la información, negar derechos básicos como el derecho humano al agua, y mercantilizar la naturaleza como objeto de extractivismo.
El mundo está mirando a Chile como epicentro de la actual crisis socioambiental y del próximo debate climático en la COP 25. No es viable discutir el futuro del planeta, la justicia climática y los compromisos de cada país a través de sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC), en un Chile que ha roto el Estado de Derecho y en que se ha enviado a los militares a contener las manifestaciones de malestar social, generando pánico, asesinatos y torturas documentadas.
La ciudadanía organizada se ha preparado intensamente para participar en los debates de la COP25 a través de la Cumbre Social por la Acción Climática, y otras instancias de organización paralela como la Cumbre de los Pueblos, y el Foro Social COP25, pero estamos convencidos de que la COP no puede realizarse en un contexto de Estado de Excepción Constitucional, con presencia de militares en las calles.
Chile debe restablecer cuanto antes el Estado de Derecho e iniciar un diálogo inclusivo para la unidad nacional mediante un nuevo pacto social que incluya: una asamblea constituyente para una nueva constitución, en la cual el cuidado de la sociedad y del medio ambiente sean centrales para el bienestar y desarrollo nacional.
Por todo ello, como Sociedad Civil por la Acción Climática, llamamos a la comunidad nacional e internacional a presionar al Gobierno de Chile para que la COP25 se realice en un Chile donde se respete la democracia y las garantías constitucionales. Ello requiere sacar a los militares de las calles y justicia plena ante las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en estos días.