SANTIAGO – El Gobierno informó que planea aplicar una reforma en Carabineros luego de haber recibido duras críticas por la actuación de los uniformados durante el estallido social iniciado a mediados de octubre, que terminó con 26 muertos y más de 1.000 heridos.
En efecto, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, sostuvo el domingo que esta semana se va a convocar a «un consejo» para modernizar aquella fuerza de seguridad. La medida se da a conocer luego del informe que la ONG Human Rights Watch (HRW) le entregó al presidente, Sebastián Piñera, alertándolo sobre presuntas «violaciones a los derechos humanos» cometidas por Carabineros, sumado a abusos sexuales y posibles homicidios. La agrupación también había solicitado el 26 de noviembre una urgente reforma policial.
«Esto es parte de los compromisos que tomamos después del informe de HRW», comentó el funcionario. En ese tono, añadió: «Necesitamos una Policía del siglo XXI». Por lo pronto, el equipo de trabajo gubernamental «se va a enfocar en revisar todo lo que se venía haciendo en la modernización de Carabineros para ver si están a la altura de lo que se requiere», expresó. Con ello, hizo referencia a 71 medidas que ya estaban estipuladas para actualizar a los efectivos.
Asimismo, se pondrá el eje en «el tema de orden público» y también habrá definiciones sobre cómo sostener la paz en las calles garantizando «la protección absoluta de los derechos humanos». En otras palabras, si bien señaló que recuperar la tranquilidad en la vía pública es indispensable, añadió que garantizar la integridad de las personas «es el límite infranqueable que la actuación policial nunca puede superar».
«El estallido social enfrentó a Carabineros en un proceso de cambio complejo»
Por otro lado, Blumel señaló que la revuelta en ese país del Cono Sur «enfrentó a Carabineros en un proceso de cambio muy complejo». A su vez, reconoció que durante la etapa de transición que atravesaban las fuerzas no se había planteado modificar las prácticas «en materia de orden público». En esa línea, defendió la labor realizada por el director general de aquella unidad policial, Mario Alberto Rozas Córdova, quien fue el blanco de muchos cuestionamientos: «Venía enfrentando una crisis gigantesca hace mucho tiempo», argumentó.
El propio Rozas, la cara más visible de Carabineros, manifestó este lunes: «Tengo la convicción que la gente de bien está con nosotros y eso es un aliciente para renovar nuestra fuerza».
Más críticas contra las fuerzas de seguridad
En contrapartida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el viernes «el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales». Además, el 21 de noviembre Amnistía Internacional ya había señalado que el Ejército y Carabineros «están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta».
A nivel local, la Fiscalía ya abrió 2.670 investigaciones penales contra agentes del Estado por denuncias de ataques y graves agresiones en el marco de las movilizaciones. Entre ellas, se habrían cometido desnudamientos, abusos sexuales y lesiones con armas de fuego, según los registros del Ministerio Público.
