El gobierno y la derecha vienen avanzando en instalar una agenda legislativa criminalizadora. Lo hacen, evidentemente, con los votos de sectores de la ex Concertación. Su punto de apoyo, para un gobierno que bordea el 10% de aprobación, es la existencia de un proceso constituyente tramposo y controlado por los partidos tradicionales ¡Tenemos que enfrentar la agenda represiva del gobierno!
Por *Dauno Tótoro Navarro
El lunes recién pasado se aprobó en la sala del Senado la Ley Anti Saqueos, que ahora debe pasar a la Cámara de Diputados, y que viene a criminalizar con penas de prisión métodos de movilización como la interrupción del tránsito (Incluido “el que baila pasa”), y ese mismo día el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, declaró que están trabajando con equipos amplios (Entre otros, con Sergio Micco) un proyecto de ley para regular “el derecho a reunirse”.
Sin dar mayores detalles lo que dejó en claro es que la derecha luego de este primer triunfo legislativo en el Senado con la Ley de Anti Saqueos continuará fortaleciendo su agenda represiva contra la movilización social, la juventud, los sectores populares y las y los trabajadores.
Esta agenda, que incluye además la ley Anti Encapuchados, se ha visto aplicada en casos como la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado contra 34 dirigentes secundarios, entre ellos Ayelén Salgado y Víctor Chanfreau de la ACES. Y tiene su rostro más crudo en casos de prisión contra dirigentes y activistas, como el caso de Joaquín Cáceres y Sofía Arévalo, dirigentes secundarios que a la fecha llevan 73 días detenidos en centros dependientes del SENAME por una supuesta “quema a la Municipalidad de Buin” que no cometieron y que no ocurrió.
A su vez vemos este despliegue represivo de manera brutal en cada una de las movilizaciones, ya sean en regiones, en comunas “de la periferia” como el caso de Pudahuel Sur, donde los vecinos denuncian que las lacrimógenas inundan sus casas y pasajes, o en la Plaza de la Dignidad, donde hemos visto estas últimas semanas hechos traumáticos de represión policial, como más de 200 quemados por el agua tóxica del carro lanzaaguas, la muerte del joven trabajador Mauricio Fredes mientras escapaba de la represión o el criminal atropello contra Óscar Pérez, de 20 años, que lo dejó hospitalizado.
Mientras esto ocurre, mientras buscan fortalecer el aparato represivo estatal con leyes autoritarias y reprimen con bestialidad cada manifestación, la derecha insiste en que existe un clima de “violencia insostenible”, como chantaje para avanzar en esta agenda.
Su posición de votar No en el plebiscito del 26 de abril del proceso constitucional debido a este supuesto “clima de violencia” no es sólo para sostener y defender la Constitución de Pinochet, sino que para instalar un clima represivo con fuerza y tener justificativo para desplegar su agenda criminalizadora.
Hay que dejar en claro que este proceso constituyente es realmente una trampa, un proceso controlado por los partidos tradicionales, donde tendrá una minoría poder de veto, donde estudiantes secundarios no podrán votar, donde las reglas del juego están preestablecidas por los mismos de siempre (y que impedirán que se discutan, por ejemplo, los tratados internacionales firmados por Chile) y donde el sistema electoral favorecerá a los partidos tradicionales.
Pero no se puede aceptar la hipocresía y el chantaje de la derecha, que utiliza ese discurso para instalar su agenda de represión.
Frente a este escenario, no podemos permitir que estos ataques sigan pasando con facilidad. Debemos rodear de solidaridad cada una de las luchas contra las violaciones a los Derechos Humanos, contra la persecución política o por la libertad de los presos políticos.
En ese marco es que se hace necesario que los organismos de Derechos Humanos, las organizaciones sindicales, la Mesa de Unidad Social, la ACES, CONES y las organizaciones de izquierda levantemos una gran campaña contra la represión y la impunidad, por el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de las violaciones a los Derechos Humanos y por la libertad de los compañeros y compañeras que han sido encarcelados por movilizarse.
Una campaña que sea movilizadora, que se despliegue en las calles, avanzando a que se convoque a una próxima movilización nacional contra la represión, contra la Ley Anti Saqueos, la ley de regulación del derecho de reunión y contra la Ley de Seguridad Interior del Estado, ¡No podemos permitir que estos ataques pasen!
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
*Licenciado en Historia de la Universidad de Chile. Dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios PTR y ex candidato a diputado por el Distrito 10 (Santiago, Providencia y Ñuñoa). Fue acusado de incitación a subversión del orden público, en una querella por Ley de Seguridad del Estado que fue materializada por la Intendencia Metropolitana y que terminó siendo desestimada por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia. Es uno de los referentes en Chile del trotskismo, corriente histórica de la izquierda mundial que data desde inicios del siglo XX, inspirada en la idea de la “revolución permanente” entregada por el ruso León Trotski , y que está apartada del tradicional Partido Comunista y del estalinismo.
