SANTIAGO – La resolución del 8° Juzgado de Garantía de Santiago “constituye un grave retroceso en la comprensión del fenómeno de la tortura por la magistratura, y deja una puerta abierta a la impunidad de la violencia institucional”, señaló el jefe jurídico del INDH, Rodrigo Bustos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos apelará a la decisión adoptada por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, que resolvió sobreseer a siete de los 12 carabineros, a quienes el Ministerio Público imputó el delito de torturas por la violenta agresión a Moisés Órdenes, quien resultó politraumatizado y con pérdida de visión en el ojo derecho, tras manifestarse con un sartén y una cuchara el 21 de octubre pasado en Plaza Ñuñoa.
El sobreseimiento de estos siete funcionarios se suma a otra decisión adoptada por la jueza Michell Ibacache, quien desestimó que la agresión contra Moisés Órdenes configure el delito de tortura y que sólo califica como un delito común de lesiones graves.
El jefe jurídico del INDH, Rodrigo Bustos, señaló que esta resolución del 8° Juzgado de Garantía de Santiago “constituye un grave retroceso en la comprensión del fenómeno de la tortura por la magistratura, y deja una puerta abierta a la impunidad de la violencia institucional”.
Desde el punto de vista jurídico, los hechos ocurridos en plaza Ñuñoa y de los que fue víctima Moisés Órdenes son constitutivos de tortura porque se cumplen los criterios establecidos por la ley al haberse infringido sufrimientos físicos y sicológicos por agentes estatales y en presencia de otros funcionarios que no impidieron la agresión.
El jefe jurídico del INDH criticó que se haya sobreseído a los siete carabineros que, estando en el lugar de los hechos, no impidieron la agresión lo que -a su juicio- parece ser un mensaje claro respecto a que “un policía tiene un deber de resguardar los derechos solo cuando los delitos los cometen particulares, si lo cometen agentes del Estado o, especialmente, otros policías pueden mirar, no hacer nada y dejar que se pueda golpear brutalmente a una persona”.
“Es de esperar que el Poder Judicial cumpla con su rol de sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de octubre pasado. El INDH pondrá todos sus esfuerzos para que así sea”, aseguró Rodrigo Bustos.
